La exvocal del TDJ de La Paz, Claudia Castro, obtuvo la detención domiciliaria en el caso denominado Consorcio. Sin embargo, la Fiscalía apelará la determinación judicial al considerar que aún existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.
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La exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, obtuvo la detención domiciliaria en el caso denominado Consorcio. Sin embargo, la Fiscalía anunció que apelará la determinación judicial al considerar que aún existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.
El fiscal Fernando Espinoza informó que la audiencia de cesación a la detención preventiva se desarrolló el pasado 26 de septiembre. En ella, el juez determinó medidas sustitutivas a favor de Castro como la detención domiciliaria con escolta policial, arraigo, presentaciones periódicas en el Ministerio Público y una fianza económica.
“Se ha considerado prudente otorgarle la cesación a la detención preventiva e imponer medidas como la detención domiciliaria con escolta policial. De esta manera, la autoridad jurisdiccional busca que la imputada se someta al proceso”, explicó Espinoza.
No obstante, la Fiscalía manifestó su desacuerdo y presentó impugnación. “Hemos observado ciertas incongruencias, porque al inicio se dijo que la enfermedad de Castro era terminal y ahora se sostiene que es grave, pero no terminal. Por ello, como comisión de fiscales vamos a exponer los argumentos ante la Sala Penal para demostrar que no corresponde la cesación a la detención preventiva”, sostuvo el fiscal.
El Ministerio Público insiste en que subsisten los riesgos procesales. “Consideramos que aún hay riesgos de fuga como de obstaculización, que hacen recomendable mantener la detención preventiva contra Claudia Castro”, remarcó Espinoza.
Castro enfrenta un proceso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y consorcio, tras ser acusada de conformar una red para direccionar un fallo judicial desde un juzgado de Coroico. La investigación señala que buscaba la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, con fines políticos y para favorecer a su suplente, Iván Campero.
De acuerdo a las pesquisas, en los chats filtrados Castro habría instruido al juez Fernando Lea Plaza los argumentos jurídicos para suspender la credencial de Coaquira. En este caso también se menciona al exministro de Justicia, César Siles, y al expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, como parte de la presunta red de protección.
La exvocal, que renunció a su cargo en junio pasado tras su aprehensión e imputación, es señalada por el abogado Eduardo León como “la cabecilla de toda esta organización criminal de consorcio que se asentó en el Tribunal Departamental”.
BD/LE
