El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, instruyó a la Policía Boliviana iniciar investigaciones sobre la comercialización e ingreso de vehículos indocumentados “chutos” en el municipio de Caranavi donde incluso hay una feria abierta de compra y venta de estos motorizados y otras localidades del país.
Brújula Digital l02l10l25l
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, instruyó a la Policía Boliviana iniciar investigaciones sobre la comercialización e ingreso de vehículos indocumentados “chutos” en el municipio de Caranavi donde incluso hay una feria abierta de compra y venta de estos motorizados y otras localidades del país.
“Cualquier denuncia recibida en instancias policiales o en el Ministerio de Gobierno hecha en redes sociales o medios de comunicación debe ser validada. Por tanto, se instruyó al Comando Departamental de la Policía realizar la investigación correspondiente para confirmar o descartar este tipo de afirmaciones”, explicó la autoridad.
El pronunciamiento surge luego de denuncias sobre la existencia de ferias de venta de vehículos ilegales en Caranavi, donde incluso se habría identificado la presencia de efectivos policiales que resguardaban estas actividades ilícitas según una nota de Unitel.
Ríos señaló que se trata de un delito transnacional que no sólo afecta la seguridad del país, sino también la economía nacional, debido al consumo irregular de combustibles que compromete el abastecimiento de carburantes. En ese marco, el Ministerio de Gobierno coordina acciones con el Viceministerio de Transparencia y la Policía para reforzar los controles fronterizos y combatir el contrabando automotor.
El debate en torno a la legalización de los “chutos” se intensificó tras las declaraciones del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, quien propuso un proceso de formalización de la economía informal que abarque incluso a los vehículos indocumentados.
En septiembre pasado declaró que “parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando la mayoría lo tiene (…) Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”, sostuvo Paz, al justificar su planteamiento como una forma de otorgar acceso a créditos a miles de personas y evitar la dependencia de prestamistas ilegales.
“El deber de esta cartera de Estado es validar o descartar cada denuncia recibida y garantizar que la ley se cumpla en todo el territorio nacional”, concluyó el ministro Ríos.
BD/LE
