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Reportajes | 05/06/2022

De La Paz a Mapiri en la ruta amazónica: de la extracción del oro a la explotación sexual de menores

De La Paz a Mapiri en la ruta amazónica: de la extracción del oro a la explotación sexual de menores

Texto: Jimena Mercado  -  Imágenes y videos: Wara Vargas 

Brújula Digital |05|06|2022|

Rostros perdidos que piden auxilio; adolescentes en blanco y negro que se difuminan en el papel por efecto de la lluvia y el sol, así van apiladas las fotografías en las paredes de las cabinas y postes de luz de la tranca de Urujara, a solo 12 kilómetros de la ciudad de La Paz. Muchas de las registradas como pérdidas,  han sido víctimas de la trata para la explotación sexual y comercial en la ruta minera aurífera de la Amazonía. 

El fenómeno se ha exacerbado con el boom del oro y la presencia extranjera de ciudadanos chinos y colombianos en la región, frente a un débil control estatal. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de oro metálico a agosto de 2021 han llegado a $us 1.478,5 millones, más del doble que el mismo periodo de 2020.

“La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) se ha visto impulsada por la presencia de empresas chinas y colombianas en la explotación aurífera en el norte del departamento de La Paz” advierte un estudio de la Fundación Munasim Kullakita con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).


El dato no es menor pues devela una compleja problemática social que se relaciona con actividades económicas vinculadas al extractivismo, sobre todo, a la explotación ilegal del oro en la Amazonía con la participación de sociedades ilegales entre cooperativistas locales y capitales extranjeros que llevan enormes dragas al lugar.

La trata de menores para la explotación sexual se ha convertido en un problema transfronterizo. En Perú, en las zonas de extracción de oro ubicadas en La Pampa y Delta 1 (Madre de Dios) y La Rinconada (Puno), existen aproximadamente 2.000 trabajadoras sexuales, de las cuales un 60% tienen menos de 17 años, que han sido reclutadas en Bolivia y en Perú mediante la oferta de trabajos falsos, según la investigación de Livia Wagner (2016).

“A dos de las niñas las mataron a tiros a sangre fría”

Testimonio real de una víctima de trata para la explotación sexual y comercial llevada a un campamento minero en la Amazonía.

Maribel –como la llamaremos de aquí en adelante- ya tiene 17 años, pero la secuestraron cuando tenía solo nueve. A ella llegamos en busca de testimonios reales. Le ofrecieron un trabajo de niñera en la ciudad de El Alto y luego la condujeron en contra de su voluntad a Los Yungas hasta llegar a Mapiri, donde fue privada de su libertad por un año, hasta que planificó junto a otras niñas su fuga. Tres lograron escapar de sus captores y dos murieron en el intento.

“En mi familia nunca hubo la comunicación, no hubo el suficiente dinero y salí a buscar trabajo en la ciudad de El Alto. El que me ha captado era un joven de 22 a 23 años, el me encontró y me dijo: te ofrezco un trabajo de niñera, vas a cuidar a niños, tres pequeños, necesitamos que vayas a trabajar a Los Yungas, me encerraron en un cuarto y me llevaron más adentro de Mapiri”, relata. 

Maribel recuerda que cuando llegó a su destino la ocuparon al principio en la cocina y al cuidado de pequeños niños, pero después la sometieron a la explotación sexual. “Éramos entre 30 a 40 menores, todas en un cuarto (…). Al final todas llegábamos a la red”, recuerda en alusión a la organización criminal. 

“Nos llevaron a Los Yungas, nos explotaron (sexualmente) por un año, hasta que cinco chicas dijimos ¡basta!. Nuestras proxenetas no solo eran varones, también eran mujeres, y nos hemos disfrazado como ellas. Nos pusimos entre dos (una encima de la otra) y nos vestimos para escapar, hasta que nos pillaron. Cuando estábamos corriendo a dos de ellas las mataron a bala a sangre fría”, narra entrecogida con la mirada en el pasado.

Las tres sobrevivientes corrieron por su vida, se internaron al monte, caminaron dos semanas hasta llegar a Caranavi. “Comíamos la fruta de los árboles, dormíamos en el suelo hasta que llegamos a Caranavi, pero no nos creyeron: no, ustedes están mintiendo, nos dijeron. Nos pidieron documentos de identidad que no teníamos, entonces caminamos hasta Coroico.

Cuando llegaron las niñas a Coroico, recién les dieron crédito a su historia en la Defensoría de la Niñez, que a su vez tomó contacto con autoridades de El Alto. 

“Las tres éramos de El Alto, entonces nos trajeron a la Defensoría y nos empezaron a separar (…). Por mucho tiempo, tenía el temor de que me volvieran a encontrar”, narra en voz propia Maribel, quien sueña con salir bachiller el próximo año, estudiar ingeniería de sistemas y realizar todos los sueños. Una institución la contuvo, la apoyó psicológicamente y la acompaña en su formación.

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De La Paz a Mapiri en la ruta amazónica: de la extracción del oro a la explotación sexual de menores

Urujara y la ruta de la trata 

Aunque la tranca de Urujara, ubicada a 10.2 kilómetros de La Paz, es un paso casi obligado de las redes de trata de menores para la explotación sexual y comercial, el control policial es casi nulo. 

Son las 8:30 de la mañana de un día nublado de septiembre, y el paso por Urujara se hace lento. De pronto la voz del policía de turno: “¿Tiene botiquín, triángulo, extinguidor?”, sí. Ni verifica el dato y dice “pase”. ¿Cuántos carros pasarán de este modo con sus víctimas adentro?, surge la pregunta.

El capitán Dorian Contreras, encargado del puesto técnico del lugar asegura que Urujara “no es el paso clave”. Dice que es el primer punto cercano a la ciudad, pero que hay otras rutas alternas para ingresar a Los Yungas, por las que optan los conductores, quienes podrían estar cometiendo algún delito.

Sin embargo admite que el personal no es suficiente para realizar un estricto control en la tranca. “Muchos van con fines de paseo. Los operativos no pueden realizarse las 24 horas del día, debe ser sorpresivo y en el momento adecuado. Vamos a requerir más personal. Me gustaría que se activaría permanentemente el operativo, pero necesitamos más personal”, reconoce. 

Para este jefe policial, la experticia de los uniformados juega un rol importante al momento de percibir algún comportamiento fuera de lo normal “un menor inquieto”, “un conductor nervioso”.



Policía de la tranca de Urujara realizando las consultas cotidianas al conductor del minibus.

La versión del oficial coincide en parte con la del investigador social, Ariel Ramírez de la Fundación Munasim Kullakita, recogida antes de la travesía, quien identificó junto a su equipo a más de 30 rutas de ingresos hacia los sectores mineros.

“Lo primero que hemos notado es que las adolescentes tienen una libre movilidad; es decir, que no existe ningún tipo de control, ninguna instancia de Defensoría de la Niñez o instancia de la Policía Boliviana referente a la movilización de niñas, niños y adolescentes en este sector”, afirma desde su oficina ubicada en la ciudad de El Alto, una urbe caracterizada por los migrantes rurales.

Ramírez advierte que estas redes de proxenetismo actúan primero en las ciudades donde ofrecen a las adolescentes y jóvenes, empleos de ayudantes de cocina, meseras, cuidado de niños u otros, hasta convencerlas de llevarlas a los municipios auríferos.

“Obviamente les consiguen el local, los clientes, hacen el contacto con las dueñas de los bares. Y generalmente estas jóvenes cuando llegan a estos locales comienzan siendo damas de compañía, consumiendo bebidas alcohólicas y también consumiendo algún tipo de sustancias (…). Entonces la mayoría de las adolescentes empieza a tener ese tipo de adicción”, narra.

En ese punto –dice el investigador- es que llega la explotación sexual comercial y las adolescentes se ven “convencidas” a ingresar a estas dinámicas.

“Mientras más jóvenes son las trabajadoras sexuales, hay más clientela, y es difícil que ellas salgan de ese círculo porque están atadas a la extorsión misma de las personas que las van explotando; las amenazan con avisar a su familia de que están como prostitutas, les quitan sus documentos de identidad y lo más preciado, su libertad”, menciona. 

Aunque la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) no abrió sus estadísticas del delito para esta investigación, se accedió por otras fuentes al Informe de Ejecución de la Política Plurinacional de la Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos del Consejo Plurinacional.

Capitán Israel Puente, jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Solo en la gestión 2020 -año de pandemia y hasta de encierro forzado- se registraron 1.335 casos de trata y tráfico de personas y delitos conexos, donde las víctimas menores de edad representaron 191, poco más del 14%.

No es casual que el departamento de La Paz -que concentra el 72% de la producción del oro a nivel nacional de acuerdo a datos oficiales- encabece la lista con 169 de las 523  denuncias relacionadas a la trata y tráfico de personas y delitos conexos.

De acuerdo a los datos sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y delitos conexos del periodo 2019 elaborado por la FMK, basada en investigación propia, se reportaron un total de 338 casos de los cuales 13 correspondieron a la trata de personas, seis a pornografía, 107 de proxenetismo y 212 por violencia sexual comercial. 

Al ver la incidencia por departamento, La Paz encabeza la lista con 98 casos, Santa Cruz con 57 y Beni con 40.

Esclavitud del siglo XXI


La explotación sexual y comercial de las víctimas de trata se da desde el momento en que son secuestradas o captadas.

A pesar de que la trata de personas es una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y considerada la esclavitud del Siglo XXI, además de constituirse en uno de los tres delitos más rentables a nivel mundial después del  tráfico de armas y el narcotráfico, en Bolivia no ha contado con una respuesta contundente desde el Estado.

En las últimas semanas de diciembre del año pasado, se han difundido por televisión, operativos policiales que se activaron al auxilio de las víctimas de trata para la explotación sexual comercial, que evitaron que adolescentes secuestradas llegaran hasta Mapiri, el municipio convertido en campamento minero. 

Si bien hubo un operativo de persecución y rescate, no se registró una acción directa en los campamentos auríferos de la zona amazónica, donde se encuentran adolescentes y jóvenes, entre bolivianas y extranjeras, sometidas a la explotación sexual comercial, en comunidades y poblados marcados por las huellas del extractivismo más voraz. 

Se recuperaron a dos adolescentes de 15 y 16 años captadas en la ciudad de Santa Cruz con llamativas ofertas de trabajo de modelaje, pero resultó ser el anzuelo de una banda criminal. Tres de los secuestradores usaron hasta una ambulancia para llevar a sus víctimas hasta Sorata por los caminos de Los Yungas. 

El destino final de las adolescentes, el municipio aurífero de Mapiri en el departamento de La Paz, donde los apocalípticos paisajes hacen ver el fin del mundo, y su alcalde Alfredo Apaza prefiere hacer su vista a un lado y no hablar del tema. “No conozco el tema”, señala por celular.

Para llegar a Mapiri, a 314 km de distancia de la ciudad de La Paz hay tres vías permanentes de acceso terrestre: la primera recorre los municipios de Caranavi, Teoponte y Guanay. Alternativamente este recorrido es completado por vía fluvial del río Mapiri en el tramo Guanay – Mapiri, el cual es el único acceso en época de lluvias. El segundo tramo recorre Batallas, Achacachi y Sorata. Y una tercera vía de acceso es por Batallas, Achacachi, Carabuco, Mocomoco, Charazani y Apolo.

Caranavi, “la puerta a la Amazonía”



El municipio de Caranavi también conocido como la capital cafetalera de Bolivia, es casi un paso obligado hacia la Amazonía.

No se puede detener el viaje y la próxima parada es Caranavi, a tres horas con 47 minutos de La Paz, aproximadamente a 161 kilómetros por carretera. Este municipio es clave para la lucha contra la trata de personas, pero ni siquiera cuenta con fiscales ni policías especializados en este tipo de delitos, por lo que los casos que llegan a formalizarse como denuncias son derivadas a la sede de Gobierno; es decir, La Paz. 

También llamada “la  puerta de la Amazonía”, Caranavi es el municipio de paso para las redes de trata, pues sus destinos finales están inmersos en campamentos auríferos en Teoponte, Guanay, Mayaya, Mapiri y Tipuani, asentados a las orillas de los ríos y otras entre montes. 

Rómulo Surco, representante de la Defensoría y la Adolescencia de Caranavi, señala que el Concejo Municipal ha promulgado una ley municipal por la que se prohíbe a los niños, niñas y adolescentes a circular a partir de las cero horas hasta las 6.00 de la madrugada.

“El viernes por la noche hemos hecho una batida controlando a todos los buses que estaban circulando rumbo a las provincias. Si ubicamos a una menor de edad debemos exigir con quién está viajando, pero no encontramos nada. Hicimos el operativo con la Policía y la Intendencia”, explica.

Guido Apaza, responsable de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de Caranavi señala que este municipio es el más grande de la región. Con 420 colonias, 36 centrales, 20 cantones 70 mil habitantes, la mayoría, colonizadores o también llamados interculturales, se hace complejo atender todos los casos.

“Como SLIM trabajamos en la primera etapa que es la prevención, de comunicación y socialización en colegios y organizaciones que deben conocer en la población la ley integral para garantizar una vida libre de violencia, la 348”, dice desde su oficina a pocos pasos de la plaza principal.

Apaza afirma que hace diez años no se escuchaba tanto de los casos de trata, pero que en los últimos años nota que ha subido la desaparición de menores que son captadas por las redes sociales a través de las redes sociales, incluso hay quienes son recluidas con ofertas laborales en el exterior y nunca más vuelven a ver a sus hogares. 

“Trabajaba un tiempo por Guanay y más allá por las Tierras Comunitarias de Origen, en Mapiri, y  sí, en los campamentos se nota que hay mujeres menores de edad trabajando ahí, no sé si por esos motivos de explotación sexual, pero había algunos casos de estupro entre los trabajadores cooperativistas con las niñas. He escuchado eso en las comunidades indígenas”, sostiene.

En el Código Penal boliviano se delimita el estupro cuando una persona mayor de edad “tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años y será sancionado con privación de libertad de tres a seis años”. De este delito se señaló en varias ocasiones al expresidente Evo Morales, incluso,  el Viceministerio de Transparencia Institucional del gobierno transitorio de Jeanine Áñez lo formalizó en una denuncia ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del municipio de La Paz, pero el caso se diluyó en el ámbito judicial.

El representante del SLIM señala que a pesar de que el Código Niño, Niña, Adolescente prohíbe claramente que las y los menores estén expuestos a trabajos peligrosos. “Las familias les hacen trabajar en los campamentos, donde hay explotación laboral”, dice.

De ese modo el estupro, surge como un delito “menor”, casi encubierto bajo el concepto de que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, pero en estos contextos, de áreas rurales donde hay explotación del oro es más grave porque existe incluso relación de parentesco.

Las cifras del estupro son los alarmantes; llegan a 354 el 2019, de las cuales 65 corresponden a La Paz, 61 a Beni, 58 a Santa Cruz, 45 a Cochabamba, 35 a Pando, 25 a Oruro, 25 a Tarija y 19 a Potosí (FMK). 

Por su parte, el suboficial superior Luis Mayta a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Policía Rural y Fronteriza, señala que “muchas damas llegan a Caranavi desde otros puntos del país”.

“Hay personas que trabajan, no netamente de Caranavi, vienen de otros municipios, otros departamentos; del lado de Rurrenabaque, Cobija, Beni, vienen las damas acá, como es la vía principal de conexión para entrar luego al lado  de Tipuani, Guanay, Teponte, Mayaya, posteriormente el lugar más lejano que es Mapiri, donde hay mucha transitabilidad van a trabajar allá porque es un sector minero y requieren ese tipo de trabajo”, señala el suboficial.

Como se trata de una zona turística, afirma que llegan bastantes extranjeros y nacionales, sobre todo en fin de semana. Es cuando se realizan los turnos de patrullaje. 

El ex Fiscal de Materia de Caranavi, Ronald Calderon, quien ha fungido en el cargo por cinco años,  asegura que en los bares y locales nocturnos que funcionan en la Quencha calle o “calle de la mala suerte” se ha podido constatar la presencia de menores de edad que hacían de damas de compañía.

“En algunas ocasiones hemos podido constatar que las menores de edad no eran del lugar, sino que las traían de otras poblaciones, especialmente  de la ciudad de El Alto, si ya existía ese tiempo menores de edad”, afirma con el peso aliviado de ya no ser fiscal.

Sin embargo, explica que se ha conformado una comisión de fiscales que ve estos casos especializados de trata y tráfico de menores, la cual está centralizada en La Paz.

“Tenemos la competencia territorial, ¿qué significa eso?, que el hecho cometido se debería investigar en el lugar donde ocurrió, si fue en Caranavi se debería iniciar el procedimiento aquí, porque tenemos fiscales, jueces de la niñez, jueces en lo penal (…). Lamentablemente hay un comunicado de la Fiscalía Departamental para que esos casos de explotación sexual y comercial de menores sean llevados a la ciudad de La Paz”, cuestiona.

A criterio del jurista, la Comisión de Fiscales debería hacerse presente en las zonas de explotación del oro, las que están muy abandonadas por el Estado.

“Tengo conocimiento que a menores de edad llevan a los centros mineros donde operan las cooperativas mineras, especialmente a Larecaja, Mapiri, Teoponte, Tipuani todos esos sectores es de comercio sexual muy grande”, confirma con la certeza de la experiencia, quien en su momento tuvo la responsabilidad de ser Fiscal y de haber atacado este flagelo, pero que tampoco muestra resultados.

 “Llegan al hospital niñas de 13 años embarazadas”



La información recogida hasta el momento confirma el flagelo de la trata de menores para la explotación sexual y comercial en las rutas auríferas. Encontramos de pronto a una experimentada enfermera que se apresta a subir a una ambulancia que presta servicios en Mapiri.

“Soy personal de Salud de Mapiri, por el trabajo que realizo estoy destinada a esta zona”, señala la funcionaria del Servicio Departamental de Salud (Sedes) quien prefiere no dar su nombre de manera esquiva, por pero si su testimonio para fines del reportaje (ver video).

“El tiempo que he estado y lo que he visto es que hay bastantes embarazos en la adolescencia y ya se ven desde los 13, 14 años para arriba, obviamente no son embarazos deseados”, afirma.

Pero también le tocó tratar situaciones más complejas en las salas del hospital. “Hay abortos y como es muy lejos -a 12 horas de viaje a La Paz- entonces cuando se complican los  casos, por muchas situaciones nos arriesgamos en el lugar para solucionar, pero si el caso se complica más, trasladamos a la paciente a La Paz o a Caranavi”, explica. 

Según la enfermera, hay muchas menores que llegan al hospital en busca de atención. “Son de otras áreas rurales porque no son de aquí y van al lugar a trabajar en atención en los bares. No sé qué tratos y contratos tendrán con las dueñas -eso tampoco está en nuestras competencias- pero sí se observa que hay menores que llegan con infección de transmisión sexual”, señala.

A más explotación aurífera, más explotación sexual

El aumento de la explotación aurífera ha estado vinculado al incremento de la explotación sexual comercial, tal como muestran los datos estadísticos por separado. 

Datos oficiales procesados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario (Cedla) dan cuenta que hubo un sistemático incremento en  la explotación del oro en la ruta aurífera del departamento de La Paz entre el 2013 y 2021, reflejado en las regalías, excepto en el municipio de Tipuani.

Por ejemplo, en el municipio de Guanay aumentaron las regalías de 9,7 millones de bolivianos a Bs 51,4 millones; en Mapiri de Bs 17,1 millones a Bs 19,8 millones; en Pelechuco de 2,3 millones a 12,8 millones y en Teoponte de Bs 2,2 millones a Bs 2,9 millones. Las regalías se asocian al valor exportado de acuerdo a los volúmenes de exportación, que van entre 1.7 y 2,5% del total comercializado.

Guanay, “la violación se paga con oro”

Es hora de partir al próximo municipio, Guanay. Después de dos horas de viaje por tierra por caminos accidentados nos dirigimos a la plaza principal. Al frente se encuentra la oficina de la Defensoría de la Niñez del Servicio Integral Municipal de Personas Adultas Mayores y Discapacidad.

La abogada Pamela López, responsable de esta Defensoría señala que lastimosamente, las violaciones y el pago en oro para “disolver” cualquier denuncia en el municipio de Guanay se ha “naturalizado” y “normalizado” de igual manera si la víctima es una mujer adulta, una adolescente o niña.

“Hemos encontrado en un estado muy deteriorado la Defensoría, y al abordar los casos nos damos cuenta que está normalizada esta problemática, sobre todo en campamentos mineros como en Candelaria, Carbura y otras, donde las dragas mineras están presentes”, señala.

La “naturalización” de la violación ha penetrado tanto en la sociedad guanayeña según la profesional, que ocurre con mucha frecuencia, incluso, entre miembros de la misma familia. 

“Hubo violación y vienen los cuñados, tíos, ahijados y quieren arreglar, le dicen a la víctima: es tu hermano, o es tu marido, te ha pagado pues ¿para qué denuncias? (…). Estos temas no solo mellan nuestro sentido moral y social, también nos hacen ver una realidad muy cruel que están viviendo las mujeres, no solo adultas, sino sobre todo las niñas y adolescentes”, relata.

Cuando pasa un hecho de violación prefieren las personas arreglar entre las partes, porque “el tema monetario está primero y se paga en oro”, asegura la Defensora.

Consultada si conoce de menores que sufren explotación sexual comercial en los campamentos mineros de Guanay, señala que el pueblo tiene su propia “quencha calle” que funciona a plena luz del día, pero que se requeriría de una intervención interinstitucional en estos locales.

El ambiente casi cómplice del pueblo nos lleva a la oficina del fiscal de Guanay, Julio Wilderth, quien se adelanta a decir que los casos de trata de personas son remitidos a la Fiscalía de La Paz. “No conocemos ese tipo de delitos, e inmediatamente cuando hay una denuncia lo remitimos a la ciudad de La Paz donde hay fiscales especiales”.

El funcionario asegura escueto “no tenemos muchas denuncias sobre este tema (trata) y de gestiones anteriores están entre cuatro a cinco casos (…). Cooperamos con algunas declaraciones, pero el Fiscal titular está en La Paz”.

La “Quencha calle”


Ni bien llega la noche se prenden las luces de color. A solo dos cuadras de la plaza principal del pueblo, la “quencha calle” empieza ofrecer música, alegría pasajera, compañía bajo tarifas. Algunos bares se dejan ver entre cortinas entreabiertas que muestran chicas en mini falda, otros lenocinios son más audaces, sacan sillas a la acera, ofrecen cervezas la botella a 50 bolivianos con compañía incluida. Con servicios sexuales es otro precio.

Decidimos beber una cerveza y entablar conversación con una joven que nos llama. Maquilla su tristeza tras pestañas postizas, sombras plateadas y un vestido animal print pegado al cuerpo. 

Al poco rato que empieza a beber el primer vaso dice que es paraguaya, pero que también tiene la nacionalidad boliviana, empieza a acordarse de su pequeña hija que vive con sus padres. Cuenta que fue captada por su proxeneta en la ciudad de Cochabamba. Se nota que tiene entre 25 y 28 años y que ya despertó enemistades en la calle. “Me dicen la colombiana, pero yo no tengo un pelo de colombiana”, asegura.

Se acerca un hombre gordo, que se siente dueño de la situación, y le mira directamente a los ojos, como el buitre esperando a su presa. Ella se siente intimidada y trata de jalarse la falda. Sutilmente lo rechaza y empieza a cantar temas de Miriam Hernández. Había que hacerle coro mientras contaba más detalles de su trabajo. Cuando se le consulta si vio a menores de edad en los locales vecinos, rápidamente dice: no me meto con la competencia, no sé. 

Pasa un carro patrullero de la Policía y aprovechamos el momento para desmarcarnos del lugar y caminar mirando letreros. En algunos bares hay cholitas (mujeres de origen aymara y quechua) y se muestran alegres al ritmo de la música peruana. Pasan tres jovencitas en short y tacos altos e ingresan a uno de los locales. Deben bordear entre los 18 y 20 años.

Mayaya, la comunidad internacionalizada

La próxima parada es Mayaya, una comunidad indígena que se ha visto poblada por migrantes del occidente y extranjeros, sobre todo colombianos y chinos. El comandante de la Policía Rural y Fronteriza acantonada en Mayaya, el teniente Daynor Miranda señala que en lo que va del año hasta septiembre, se registró un caso de trata de una menor que fue captada en la ciudad de Cochabamba.

“La FELCC de Cochabamba ha realizado un trabajo conjunto con la FELCC de La Paz y a su vez con la Policía acantonada en Mayaya (…). Tenemos un caso abierto, tenemos a una persona aprehendida, que es el dueño del local, donde pretendía que la menor cumpla los servicios de trabajadora sexual”, explica.

Según el jefe policial hay permanentes operativos en los locales, bares y lenocinios para verificar que no haya menores. Mayaya tiene su propia “quencha calle” llena de letreros coloridos que invitan a pasar.

“En las entrevistas que realizamos, las damas indican están por propia voluntad, porque en la mayoría de los pueblos que están ubicados en la provincia Larecaja, tal es el caso de Mapiri, Guanay, Teoponte, Tipuani, Mayaya, existe bastante consumo de bebidas alcohólicas, explotación sexual”, señala.

A modo de mostrar diferencias dice que en Mapiri el servicio de bares es de todo los días, mientras que en Mayaya, las chicas descansan los lunes.

“Tenemos a una persona aprehendida, que es el caso del propietario de un local que pretendía que una menor de edad realice trabajos de trabajadora sexual, tiene 17 años”, señala en relación a una adolescente que fue denunciada como desaparecida en la ciudad de Cochabamba, donde su destino final fue Mayaya.

Reconoce sin embargo las debilidades para realizar un estricto control del movimiento de menores, pues asegura que entre el 80 y 90% de los auríferos se mueven por lancha, lo cual también podría estar sucediendo con las menores llevadas a campamentos.

“La encargada de la seguridad y navegación es la Fuerza Naval, pero en Mayaya no tenemos una capitanía de puerto, puesto que la capitanía más cercana está río arriba que es Guanay y la otra capitanía de puerto río abajo se encuentra en Rurrenabaque y San Buenaventura distantes a ocho horas. Tenemos un trecho navegable de 12 horas donde no hay nada de control”, apunta.

A poco más de 200 kilómetros por caminos accidentados se llega a Mapiri, un municipio envuelto en el descontrol por el oro, en la conflictividad por las vetas mineras. La escena es devastadora; se necesita levantar el dron a más de 100 metros para ver más allá, pero solo se llega a distinguir más destrucción y contaminación. Parece un pedazo de superficie de luna con cráteres en el suelo.

Policía: “tenemos algún tipo de desventaja”

Para entender esta realidad solapada por algunas autoridades locales y nacionales nos dirigimos donde el capitán Israel Puente, jefe nacional de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), quien enfatiza en la diferencia entre trata y tráfico de personas.

Se apura a diferenciar que mientras la trata empieza por la captación a través de engaños y la finalidad sería de tipo sexual y laboral, el tráfico de personas en materia nacional y tráfico ilícito de migrantes se refiere al traslado y cruce de fronteras.

Consultado de por qué en Caranavi no hay fiscales, ni policías especializados cuando se ha detectado a la ruta aurífera como zona roja para la trata de personas, y responde: “La coordinación con la Fiscalía es continua, íntegra toda vez que en estas regiones alejadas no contamos con una Fiscalía especializada en trata y tráfico de personas”.

En off (fuera de micrófonos) conversamos con otros dos policías de la unidad que aseguran que las bandas criminales dedicadas a la trata de menores para la explotación sexual y comercial “están armados hasta los dientes y con armas mucho más sofisticadas que las nuestras”.

“Constantemente estamos realizando operativos de migrantes (…). A través del operativo: “Recuperando la patria” se pudo identificar que están ingresando a esta región menores de edad con documentos falsificados, menores de edad que incluso refieren que estarían viniendo a la ciudad de La Paz para mejorar su estado económico de ellos y su familia” confirma. 

Se identificó que se trata de menores vulnerables, según el mayor de policía, por lo que se vio necesario fortalecer los niveles de coordinación con las Defensorías del Menor de los diferentes municipios involucrados en la ruta minera y activar operativos de control.

“Se trata de frenar de una u otra manera que se realice este traspaso, esta migración interna a este sector de Los Yungas (…). Estamos esperando la respuesta de las autoridades municipales de las diferentes regiones de Los Yungas y crear mecanismos de protección, de coordinación y articulación entre la Policía Boliviana y estas regiones”, afirma.

Según el Informe Global sobre la Trata de Personas, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) del año 2020, el número de niños y niñas entre las víctimas de trata, se ha triplicado en los últimos 15 años; en cuanto al porcentaje de niños, se ha multiplicado por cinco y son utilizados para trabajos forzados, en lo referente a las niñas, éstas son tratadas principalmente con fines de explotación sexual.

La investigadora Livia Wagner ya lo advertía en sus investigaciones sobre el impacto del modelo extractivista en comunidades indígenas, al mostrar el claro y fuerte nexo que existe entre la minería ilegal y la explotación sexual, donde destaca algunos de los resortes patriarcales que habilitan que todo gran desplazamiento de varones que responde a la búsqueda de un trabajo que potencialmente prometa un enriquecimiento inmediato, se vincula con la explotación minera del oro, y venga acompañado de una gran demanda de servicios sexuales que frecuentemente genera explotación sexual comercial.

La FMK logró establecer que las menores explotadas sexualmente cobran mayores tarifas por sus servicios a los extranjeros.

Fiscal del Distrito: “El problema está creciendo”



Después de realizar la travesía por la ruta aurífera del departamento de La Paz y recoger información de primera mano, nos dirigimos donde el fiscal de Distrito, William Alave. Su apretada agenda requiere paciencia. 

Desde su despacho dispuesto a conversar sobre el tema admite: “Lastimosamente, en este último tiempo ha aumentado este tipo de trata de menores y la explotación sexual comercial en la ruta, evidentemente es aurífera en La Paz”. 

Coincide con la investigación de que el mayor problema se presenta en la provincia de Ixiamas, la zona de Los Yungas, además de los municipios de Mapiri, Guanay y otros.

“Todos los días existen personas desparecidas lo que nos exige activar la presencia de la Policía y la Fiscalía y cubrir todo el departamento de La Paz (…).Hemos visto que en el lado de Apolo, incluso hubo muertos, a la fecha tenemos desaparecidos. Todo ese tipo de situación de explotación del oro conlleva este tipo de delitos, desde asesinatos hasta trata de menores donde también existe explotación a estas personas”, señala.

Una consulta obligada: Se ha podido verificar entre las debilidades tanto de la Policía, como de la Fiscalía, que no cuentan con personal especializado en trata y tráfico y delitos conexos, designado a esta región, lo que obliga a centralizar los casos en La Paz ¿Cómo se resolverá esta situación?

Responde: “Sí y no. Tenemos fiscales especializados. Lo que no tenemos, y eso es cierto lastimosamente,  son fiscales especializados en provincias como en Caranavi. Tenemos que, desde La Paz enviar a Fiscal asignada (debe) ir hasta Caranavi. Es una ruta larga, tediosa, Necesitamos ir. Lo que hacemos actualmente es derivar esos casos a La Paz”.

Alave reconoce que aquellos casos que derivan de la explotación del oro, como homicidios, lesiones entre comunarios donde también están inmersos ciudadanos chinos, colombianos son trasladados a Caranavi, Palos Blancos e Ixiamas, pero no como tal los delitos de trata y tráfico y delitos conexos. 

“Estamos generando  y analizando a través de la Fiscalía General para ver, primero  de ampliar el número de fiscales con la demanda que existen, porque todos los días existen personas desparecidas que nos exigen activar la presencia de la Policía y la Fiscalía y cubrir todo el departamento de La Paz; esa es nuestra pretensión”, explica.

Anuncia además reforzar la unidad de trata y tráfico para ir a las provincias donde existe gran conflictividad en estos temas.

“Se ha operado con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y en muchos casos ciudadanos extranjeros como colombianos y chinos que han sido detenidos en su momento e incluso han sido presentados a los medios de prensa, pero eso ha sido en la mínima proporción porque hay mucho más gente que ingresa a lugares inhóspitos donde no pueden ingresar movilidades (…). Hablamos donde hay dragas”, menciona.

Según la cabeza del Ministerio Público de La Paz, se cuenta con unidades que permanentemente están viajando a las zonas auríferas. “Decimos que son fiscales especializados porque trabajan un año en este tipo de delitos, han sido capacitados internacionalmente inclusive. Trabajan con otro grupo de la FELCV y realizan operaciones de manera inmediata”.

Menciona que una fiscal de La Paz ha ido a México a capacitarse en trata y tráfico de personas y otra fiscal de El Alto también se capacitará en El Salvador. “Vemos esas posibilidades de capacitación porque son delitos internacionales de mucha preocupación y mucho cuidado”, afirma.

Sólo 15 condenas y 773 casos cerrados


Los casos cerrados de trata y tráfico de personas y delitos conexos por el tipo de delito de la gestión 2020, según las resoluciones emitidas demuestran que de un total de 773 casos cerrados, 524 fueron rechazados, 88 desestimados, 43 sobreseídos, 20 abreviados, 10 cerrados por otros motivos, y sólo 15 llegaron a condena, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio Público.

La falta de interés por abordar la problemática de manera frontal, que describe el reportaje, es sustentada además por la investigación de la FMK señala que “en la práctica podemos observar que la mayor parte de los casos de trata de personas y en especial de violencia sexual comercial son rechazados por alguna debilidad en la investigación de la etapa preliminar”.

Y se advierte que esto se debe a factores: como la escasa participación de la víctima, donde se niega a declarar cuando es rescatada o la falta de experiencia del personal policial, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Instituto de Investigación Financiera (IDIF) y la misma Fiscalía, por lo que se hace necesario cambiar el sistema”.

El 2019, de acuerdo a datos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), de un total de 220 denuncias por trata de personas, 78 corresponden a La Paz, seguido de Santa Cruz con 61, Cochabamba con 29, Oruro con 15, Tarija con 12, Potosí con 10, Beni con 9, Chuquisaca con cuatro y Pando con dos.


BD





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