Alemania quiere salvar el negocio de $us 2.184 millones por litio

El Deber|09|02|20|

Ernesto Estremadoiro Flores

Dos días después de la renuncia de Evo Morales, el ministro de minería de Chile, Baldo Prokurica se contactó con los altos mandos de la ACI Systems, firma alemana que desde 2017 llegó a Bolivia para desarrollar la industria del Litio. La idea de la autoridad transandina, era seducir a la compañía para atraer la inversión que comprometió en suelo boliviano a su país, después de que expresidente anulara un convenio que ponía a Bolivia en el mapa del negocio. 
La medida dejó en el limbo el proyecto y si bien la empresa, apoyada por el Estado alemán, quiere salvarlo no hay acciones concretas de las autoridades para poder rescatar un acuerdo que dejaría, según cálculos de la firma alemana, $us 1.482 millones de utilidades por año a las arcas nacionales. Mientras que ellos ganarían $us 702 millones anuales.
Bolivia tiene el yacimiento de litio más grande del mundo: el salar de Uyuni. Ubicado en Potosí, con una extensión de más de 10.000 kilómetros. Desde los años 80 varios Gobiernos intentaron aprovechar este recurso. Sin embargo, todo quedó en utopía y frustración.
Tras la llegada de Evo Morales se desarrollaron proyectos piloto. Con él también se concretó, según expertos, el único acierto de su gestión. En 2017 el Estado hizo una invitación pública a las principales operadoras de la industria a escala global. En este proceso ocho fueron los oferentes, seis empresas chinas, una rusa y una alemana.
Finalmente, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) determinó que la oferta alemana era la más conveniente y se formó la empresa mixta YLB ACISA.
La oferta y utilidades
A diferencia de las otras, la compañía alemana ofreció el financiamiento para un complejo industrial compuesto de tres plantas: una de materiales catódicos de litio, otra de producción de baterías y una fábrica de hidróxido de litio. La inversión, en toda esta infraestructura, es $us 1.814 millones.
Además, la compañía comprometió la tecnología para aprovechar la salmuera de litio; materia prima para desarrollar esta industria.
En términos operativos, la empresa mixta tenía como accionista mayoritaria a la estatal YLB con un 51% y el restante 49% estaría en poder del grupo alemán.
En lo concerniente a las utilidades, según los cálculos de la firma europea, el Estado boliviano recibirá anualmente un 68% de lo que generen las tres plantas.
Por ejemplo, se estima que la producción de la planta de materiales catódicos genere $us 858 millones de utilidades para el Estado. Mientras que los socios europeos recibirán $us 406 millones).
Las cifras de la planta de baterías de litio también son favorables para el país. Los números fríos señalan que las arcas bolivianas recibirán $us 452 millones y el grupo alemana $us 214 millones.
En esa línea, se prevé que la planta de hidróxido de litio facture un beneficio de $us 205 millones para el aparato estatal. El actor privado recibirá $us 97 millones.
Conflicto y anulación
Al ver estos números el Gobierno lanzó el 7 de diciembre de 2018 el Decreto Supremo 3738 que conformaba la empresa mixta.
Pero el 2 de noviembre de 2019 la gestión de Morales, abrogó este decreto, en medio de demandas de sectores en Potosí, que se oponían al proyecto por considerarlo desfavorable para el país y envuelto en una escalada de protestas en todo el país en contra de él, a raíz del fallido proceso electoral del 20 de octubre de 2019.
Juan Carlos Zuleta, exgerente de YLB, y asesor en temas de litio del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) calificó el proyecto de ilegal porque es contrario a la Ley 928 al permitir que la producción de hidróxido de litio se haga con un inversionista extranjero, cuando esta norma establece que esa es una tuición pública.
“Esto debería ser producido por el Estado Boliviano sin la intervención de una empresa extranjera”, señaló.
Pero desde ACI Systems indicaron que al usar salmueras residuales la Ley 928 establece claramente que “procesos posteriores de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos, a cuyo efecto podrá celebrar contratos de asociaciones con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado.”
Otro punto que observa Zuleta es que la empresa alemana no hará una transferencia tecnológica.
En contacto con EL DEBER, ACI Systems señaló que en el marco del Decreto Supremo 3738 “los accionistas acordaron preservar y proteger toda la información técnico-científica generada y desarrollada por la Empresa”.
Pero la planta también usará equipamiento de propiedad de otros desarrolladores y estos derechos intelectuales no pueden ser traspasados porque no son propiedad ni de YLB ni de ACI Systems.
Otro de los cuestionamientos de Zuleta es que el Estado venda a un precio bajo la salmuera residual, usada como materia prima, sin que se paguen regalías.
En su descargo la compañía alemana sostuvo que la compra de la materia prima se hará de acuerdo a un precio establecido por YLB. Este costo, según cálculo de la estatal, debe cubrir los costos de inversión (Capex), operación y producción (Opex) incurridos en el proceso anterior a la salmuera residual.
Por último, Zuleta dijo que la compañía tiene poca experiencia y capital para afrontar el proyecto.
Para él, la única salida es que el Estado desarrolle el proyecto sin ningún tipo de socio. “Podemos hacerlo”, aseguró.
En su descargo, el CEO de ACI Systems, Wolfgang Schmutz, señaló que si bien la compañía es una sociedad mediana cuenta con el respaldo 17 instituciones y consorcios alemanas para poder financiar el proyecto.
Entre estas instituciones está la aseguradora Euler Hermes, el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) -que en 2017 envió una carta al Ministerio de Energía en donde expresaron su interés en el emprendimiento-, la Asociación Alemana de la Industria de Ingeniería Mecánica (VDMA), entre otras sociedades teutonas.
Incluso el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, envió una carta a la actual presidenta, Jeanine Añez, en donde hace referencia la importancia que tiene esta iniciativa para su país.
Explicaciones que no llegan
Luego de la ruptura con YLB, el escenario es sombrío. Desde noviembre a la fecha el grupo alemán envió cinco cartas pidiendo una explicación que no llega.
Una primera misiva se envió al exministro de Energía, Rafael Alarcón. Luego se enviaron dos nuevas al actual responsable de esa cartera de Estado, Rodrigo Guzmán, que no envió una respuesta formal. Se llamó la autoridad, pero su asistente dijo que estaba ocupado.
El único alto mando que atendió el reclamo, según los alemanes, fue el ministro de Economía, José Luis Parada. La autoridad recibió a representantes de esta empresa y al embajador de este país en Bolivia, Stefan Duppel.
En el encuentro, Parada dejó en claro que hará todo lo posible para encaminar el proyecto por considerarlo estratégico.
Hianny Romero, especialista en litio, dijo que la abrogación del decreto desnuda la falta de seguridad jurídica que existe en el país.
Dejo en claro que, independientemente de con quién se haga este negocio, se pedirá otro tipo de garantías para poder realizar alguna inversión.
“Ahora un decreto no vale mucho. El que tengamos el litio en el salar no quiere decir que nos van a llover las inversiones”, cuestionó.
La compañía sostuvo que quiere solucionar el conflicto. Incluso dijo que visitará las instituciones cívicas en Potosí para explicar los beneficios que se obtendrá. Antes, según la compañía, no podían hacer esto al existir una cláusula de confidencialidad con YLB.
Donny Alí, representante de la Comunidad Río Grande, lugar donde se prevé instalar la planta, informó que pedirá una audiencia con la presidenta, Jeanine Añez, para que reencause el proyecto.
Cuestionó las observaciones hechas por Zuleta y sostuvo que la cancelación proyecto seguirá postergando a Potosí.
Mientras en Bolivia aún se debate el problema, en el contexto global Chile sigue haciendo lobby para atrapar la inversión germana. A este juego de intereses se sumó México. Tocará esperar si el proyecto se muda a las tierras de Neruda o si enclava en suelo azteca.