Fiscalía imputó al Ing. Villegas con estudio de la Universidad de Salamanca e ignoró auditoría de la OEA

Brújula Digital |01|04|24|

El Ministerio Público tomó en cuenta el estudio realizado por la Universidad de Salamanca, que negó irregularidades en el cómputo electoral del 2019, para imputar al ingeniero Édgar Villegas por presunta instigación a delinquir, entre otros; no tomó en cuenta el informe de auditoría solicitado por Evo Morales y elaborado por 36 expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que entonces hubo “manipulación dolosa”, en las elecciones del 20 de octubre de ese año.

“Este proceso mereció una investigación la misma tuvo que llegar a un estudio pericial de informática llevado a cabo por la Universidad de Salamanca España que determinó que no han existido ningún tipo de irregularidades en el cómputo de las elecciones del 2019, no habría ningún tipo de aspecto doloso”, informó la coordinadora de la Fiscalía, Nilda Calle.

Explicó que el Ministerio Público abrió el caso fraude electoral a cargo de una comisión de fiscales que no halló irregularidades en las elecciones que se realizaron hace cinco años.

Los resultados de la pericia, según Calle, “desvirtúa” posibles irregularidades en las elecciones del 2019. “En consecuencia se recibe la denuncia del diputado (evista Renán) Cabezas que señala el delito de instigación pública a delinquir (contra el ingeniero Villegas)”.

La representante de la Fiscalía aseguró que la comisión de fiscales tiene los “indicios” para llevar adelante el proceso contra Villegas porque tienen publicaciones de la prensa de convocar a personas, de enfrentamiento entre las mismas. Este conflicto se originó “debido a que hubo una aseveración de un fraude electoral que no han sido demostradas desde ningún punto de vista. Por eso se inicia el proceso. Por ello, tenemos la imputación formal que se encuentra en etapa preparatoria”.

Informe de auditoría de la OEA

En diciembre del 2019, la OEA concluyó que hubo "manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral” en las elecciones presidenciales en las que Evo Morales ganó por 10,57% de votos; 0,57% de diferencia para evitar la segunda vuelta contra Carlos Mesa.

"Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa", apunta el informe final de la OEA sobre la auditoría de los comicios.

Entre las “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”, el documento menciona la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)”, conocido como conteo rápido.

En el 2021, el Gobierno de España informó que el documento que elaboró la Universidad de Salamanca no hizo un análisis de todos los aspectos que la OEA presentó en su informe y sólo se limitó a hacer una evaluación de los sistemas informáticos usados por el TSE.

Sin embargo, la Fiscalía del país descalificó y desestimó el informe de Integridad Electoral realizado por 36 expertos de diferentes países miembros de la OEA, pese a que esta auditoría fue hecha a solicitud del Estado boliviano representado, en ese entonces, por Evo Morales y fue suscrito por el canciller Diego Pary y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para hacer un análisis de la integridad del proceso electoral.

No implica cárcel

La coordinadora de la Fiscalía, Nilda Calle, dijo que los delitos por los cuales se acusa al ingeniero Villegas tienen una pena de un mes a un año. “No amerita una detención preventiva, mucho menos medidas cautelares. Si bien la imputación se presentó, se hizo para continuar las investigaciones y esperamos que el sindicado presente las pruebas de descargo o los documentos en los cuales señala que sí habría el ilícito señalado (de fraude electoral) para que nosotros podamos tomarlos en cuenta”.

La Fiscalía presentó en marzo 2024 la imputación formal contra el ingeniero Villegas, por el presunto delito de instigación a delinquir. “Por existir suficientes elementos de convicción que sientan certeza jurídica sobre la existencia del hecho investigado y la participación del imputado de ser con probabilidad autor de los delitos de instigación pública a delinquir previsto y sancionado en el Art. 230 del Código Penal, por cuanto le corresponde al Ministerio Público su persecución penal al existir los suficientes elementos fácticos para su verificación”, se lee en la resolución de imputación formal No FIS-LPZ-MVBH 007/2024.

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