El GIEI entrega su informe y pide la reactivación de casos cerrados por la Fiscalía

Brújula Digital |17|08|2021|

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) entregó hoy su informe al Estado boliviano sobre los hechos de violación y vulneración de derechos humanos durante la crisis política de 2019 y recomendó la reapertura de procesos cerrados para que continúen las investigaciones, y la inaplicabilidad de amnistía en casos graves.

"Que el Ministerio Público realice una revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados, examinando las líneas de investigación y la conformidad con los principios de debida diligencia y debido proceso. Se recomienda que, con base en este análisis, se determinen cuáles casos con denuncias rechazadas, archivados o sobreseídos deben ser reactivados, así como cuáles actos deben ser anulados o corregidos por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas" señala una de las recomendaciones.

Desde que el presidente Luis Arce Catacora asumió la presidencia, la Fiscalía General del Estado liberó de culpa a los partidarios de Evo Morales que fueron imputados o denunciados por delitos cometidos durante la crisis política.

Por ejemplo cerró investigaciones sobre la quema y saqueo de los buses PumaKatari en La Paz, o el ataque a recintos policiales en El Alto o propiedades privadas, los ataques armados a la caravana minera en Challapata y en Vila Vila, la muerte de dirigentes cívicos en Montero y en otros hechos en el marco de la crisis política.

El GIEI-Bolivia pide al Estado boliviano "garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares".

En febrero de este año, Arce Catacora aprobó una amnistía para "los defensores de la democracia" que benefició a exfuncionarios del gobierno de Morales y dirigentes de organizaciones sociales del MAS acusados de cometer delitos.

El GIEI-Bolivia, asimismo, demanda al Ministerio Público incluya en su estrategia de priorización de la investigación los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA),  Antonia Urrejola, expresó que se trata de un documento para esclarecer la verdad de los hechos y agradeció la colaboración del gobierno de Luis Arce Catacora.

Patricia Tappatá, investigadora del GIEI-Bolivia fue la encargada de presentar un resumen y precisó que en los ocho capítulos del documento no se incidió en dilucidar si hubo "golpe de Estado" o "fraude electoral" o si hubo países que entregaron municiones o armas de fuego porque estos extremos no fueron parte del convenio firmado entre la CIDH y el Estado boliviano.

Entre las conclusiones se indica que "en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 38 perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas".

BD/JCV