La resolución de aprehensión, que luego fue rechazada, detalla los pormenores del caso que involucra a los padres de la entonces menor de edad y a Evo Morales y los acusa por la comisión del delito de trata de personas con agravante. Acusa a los padres de la entonces adolescente de “lucrar” con su hija
Brújula Digital|03|10|24|
La resolución de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales Ayma por trata de personas se refiere al caso de una joven de Tarija que quedó embarazada a sus 15 años debido a supuestas relaciones que mantuvo con el exmandatario y que a sus 16 fue mamá de una niña.
El documento, de cuatro páginas, detalla los pormenores del caso que involucra a los padres de la entonces menor de edad y a Evo Morales y los acusa por la comisión del delito de trata de personas con agravante.
La joven quedó en gestación en 2015, según se lee en la resolución, y dio a luz en 2016. En 2018, cuando ella tenía 18 años, se procedió en Yacuiba a la emisión de una partida de nacimiento de la hija que habría tenido con Morales.
“No obstante, la fecha de nacimiento de la menor (la bebé) (…) hubiera sido en fecha 8 de febrero del 2016, es decir, cuando la progenitora (…) contaba con sólo 16 años de edad, lo que a su vez significa que en el momento de la misma procreó a la menor (…) con el señor Juan Evo Morales Ayma, era a sus 15 años de edad”, se lee en el documento firmado por los fiscales Pamela Ovando, Christian Guerrero y Andrés Soruco.
Morales bajo investigación por trata de personas y estupro
Este miércoles Sandra Gutiérrez, ahora exfiscal departamental de Tarija, reveló que Morales era investigado por estupro y trata de personas y que existía una orden de aprehensión en su contra firmada por una comisión de fiscales integrada por Ovando, Guerrero y Soruco.
Dijo que ayer en la tarde fue notificada que la orden fue suspendida luego que fue aceptado un recurso de acción de libertad presentado en Santa Cruz. Ese mismo día, Gutiérrez fue cesada en su cargo por orden del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el caso pasó a la fiscal nacional especializada en delitos contra menores, Alejandra Rocha Villarroel.
La exfiscal Gutiérrez denunció también que Lanchipa protege a Morales.
La resolución firmada por Ovando, Guerrero y Soruco indica que Morales habría conocido a la menor porque ella formaba parte del grupo de la guardia juvenil del expresidente, conocido como Generación Evo, en Tarija.
Los padres de la menor, acusados de lucrar con su hija
La adolescente había sido inscrita por sus padres en ese grupo “con la única finalidad de poder escalar políticamente y obtener beneficios lucrar, es decir, conseguir lo que deseaban a cambio de su hija menor, entre ellos poder obtener cargos privilegiados, estabilidad económica y beneficios políticos, siendo ello de tal manera que mediante el convencimiento, presión prácticamente forzada la adolescente a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales Ayma, siendo este presidente”.
La resolución indica que los progenitores “mientras lucraban” con su hija “obtenían todo tipo de beneficios” y que incluso la madre fue denominada como candidata a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por el MAS, pero luego fue marginada porque tenía antecedentes penales.
“Al haber sido rechazada es designada, pese a no contar con los requisitos, como Directora de Género del Gobierno Regional de Gran Chaco, gozando por lo tanto de estos beneficios, así como viajes nacionales e internacionales realizados desde la gestión 2015, 2016, 2017, 2018 y la gestión 2019 aproximadamente”.
Detalles del proceso
En la orden de aprehensión se añade que se recolectaron los “suficientes elementos de convicción” que hacen presumir que los denunciados incurrieron en trata de personas, que es un “delito de acción penal pública” que se castiga con pena privativa de libertad superior a los tres años,
“Es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional han emitido sendas sentencias respecto a la debida diligencia dentro de los procesos investigativos, haciendo hincapié a uno de sus principios rectores, que es el exhaustividad que indica que “la investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los responsables, cierre de comillas”.
“Bajo ese entendido, la CIDH ha expresado al respecto que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad de la persecución, captura, enjuiciamiento y orientado a castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos”.
Los fiscales también añaden que se debe considerar que el caso involucra a una persona que cuando fue cometido el delito era menor de edad.
“En la SCP 0872/2018-S2 de 20 de diciembre, se estableció que en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres corresponderá que la autoridad fiscal y judicial analicen la aplicación de las medidas cautelares considerando además la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito”.
Luego de las declaraciones de la ahora exfiscal Gutiérrez surgieron diversas repercusiones y también circularon en ámbitos políticos versiones de que el expresidente está en la clandestinidad y que incluso estaría considerando pedir asilo.
BD/JA