Dos hombres fuertes del MAS ya fueron señalados por tráfico de tierras

Brújula Digital |16|04|21|

La detención del ahora exministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo, en flagrancia cuando recibía una coima de $us 20.000 para sanear tierras en el departamento de Santa Cruz, sacó a luz nuevamente las denuncias de tráfico de tierras fiscales en el oriente boliviano. Desde 2011, dos hombres fuertes del MAS, Isaac Ávalos y César Cocarico, fueron señalados por este tipo de hechos irregulares.

Las acusaciones sobre irregularidades en el trámite de asentamientos y saneamiento de tierras no estuvieron ausentes durante el gobierno del expresidente Evo Morales, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS). Una de las más recientes denuncias fue hecha en febrero de 2020, cuando se acusó a esa administración de autorizar ilegalmente cerca de 1.000 asentamientos en el oriente boliviano con fines políticos.

La primera denuncia sobre tráfico de tierras en el gobierno de Morales se dio en abril de 2011, cuando su exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, acusó al entonces senador Isaac Ávalos, jefe de bancada del MAS, y a círculos de la dirigencia campesina de ser traficantes de tierras y de promover la modificación de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria para convertirla en Ley de Reconducción Individual que facilite el mercantilismo de la tierra.

"Esa inquietud además está ligada a una serie de acciones e iniciativas oscuras, hasta delictivas, como el tráfico de tierras, la vinculación a personajes y circunstancias en las cuales ha habido una apropiación ilegal de tierras," señaló Almaraz, quien pidió investigar a Ávalos, tras la destitución del director del INRA Juan Carlos Rojas. Su pedido no fue atendido. 

En respuesta, Ávalos dijo que Almaraz buscó argumentos para poderlo acusar, luego de que fue apartado del Ejecutivo. “El problema que tiene conmigo es porque no avanzaba el proceso de saneamiento en las comunidades campesinas en todo el país. Esa ha sido mi diferencia con él (Almaraz), por eso decía que yo defendía a empresarios, yo nunca he defendido y nunca tengo porqué defender. Cuando era dirigente de la CSUTCB le insistía en que el saneamiento debería ser para todos. Esa era mi diferencia, ahora desconozco y debe ser la bronca y rabia que tenía”, dijo. 

Posteriormente, en febrero de 2020, el exministro César Cocarico fue aprehendido luego de ser acusado de haber nombrado irregularmente a Juan Carlos León como director del INRA, ya que no incluso esa autoridad no contaría con título profesional. Por entonces, el viceministro de Tierras Gustavo Terrazas vinculó a Cocarico con el denominado “clan León” y el tráfico de tierras.

“De acuerdo con la hipótesis que estamos manejando desde el Viceministerio de Tierras, vemos que hay un enlace directo; quienes nombran a León son Evo Morales y César Cocarico. ¿Quién es Juan Carlos León?, parte del clan de los León. Habría una relación directa entre estas autoridades para atentar contra la Chiquitania y ver con el tráfico de tierras”, sostuvo Terrazas por entonces, aunque posteriormente no se conoció avances de esta pesquisa.

No obstante, con anterioridad, en octubre de 2018, Cocarico ya había sido ligado a dos de sus hermanos en un caso de estafa, tras el ofrecimiento de saneamiento de tierras en el oriente.

Rogelio Carlos Cocarico Yana fue encarcelado en Palmasola (Santa Cruz) por presunta estafa de alrededor de $us 600.000 dólares a familias menonitas a quienes prometió sanear sus tierras a cambio de ese monto.

“Los hermanos del ministro César Cocarico (Rogelio y Luis) serían una especie de testaferros del ministro, porque hay uno, por ejemplo, Rogelio Carlos Cocarico Yana, ha ido a una comunidad menonitas, donde les ha pedido una suma de casi 600 mil dólares para que puedan hacer legales sus tierras y por eso fue acusado de estafa, pues nunca cumplió con el trámite”, denunció el entonces diputado opositor Amílcar Barral.

Ese año, el diputado José Carlos Gutiérrez (UD) explicó que Rogelio Cocarico operaba a través de la empresa Matogrande, que tendría contactos al interior de algunas dependencias del Gobierno, administrado por el MAS.

Gutiérrez acotó que en este caso también estarían involucradas autoridades del INRA y de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). “Hay una red de corrupción, está involucrada el INRA, la ABT. Hoy hemos constatado la detención del hermano del ministro Cocarico, no tenemos duda de que este señor hablaba en nombre del Ministerio y de personas que tienen alto cargo en el Gobierno”, dijo.

Rogelio Cocarico recobró su libertad en 2019. César Cocarico, por su lado, negó que haya encubierto a sus hermanos en la comisión del delito de estafa.

Tierras, incendio y política

Posteriormente, en febrero de 2020, durante el gobierno de transición de Jeanine Añez, el entonces viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, denunció la adjudicación irregular de más de 1.000 terrenos en Santa Cruz (Chiquitania), Beni y Pando durante el gobierno de Morales, por lo que anunció una revisión.

La denuncia de estas irregularidades salió a luz tras los incendios forestales que afectaron a gran parte de la Chiquitania, pues se había identificado como uno de los factores de este desastre a numerosas irregularidades en el acceso y entrega de tierras.

Por entonces se indicó que se habían entregado son 900 predios en la Chiquitania, Santa Cruz; alrededor de 110 en el Beni y aproximadamente 30 en Pando.

“El gobierno de Evo Morales entregó predios que no son aptos para agricultura y la ganadería, adjudicó terrenos del Estado que eran de manejo forestal”, denunció Miguel Ángel Crespo, director de la institución Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), a la página Mongabay Latam.

Agregó que esa distribución se realizó luego de que Morales emitió una norma que modificaba la cantidad de terrenos que podía ser otorgada a una familia. Así se hizo el cambio de 5 a 20 hectáreas.

“Se habla de más de 1100 comunidades que corresponde a más de un millón de hectáreas. Se calcula que serían más de 200 mil personas. Este fue un avasallamiento relacionado directamente con intereses electorales”, dijo Crespo.

En esa misma línea, la fundación Tierra, en una carta abierta que difundió el jueves, denunció que el INRA firmó entre 2014 y 2019, que corresponde al gobierno del MAS, más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades del departamento de Santa Cruz. Advirtió que, en lugar de transparentar este proceso, el INRA ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están estas tierras y qué extensiones tienen. En los hechos, acotó en la misiva, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales.

BD/JJC