Defensa de Terceros pide que se convoque a declarar a Zavaleta y Romero

Brújula Digital |21|07|2021|

Las investigaciones preliminares sobre el procedimiento para la llegada de municiones y armas argentinas en noviembre de 2019 señalan que los trámites comenzaron el 7 de noviembre de ese año cuando Evo Morales era presidente de Bolivia.

Esa es la línea de la defensa legal del general Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), quien fue acusado por el gobierno de Luis Arce de agradecer a Argentina por el envío de gases lacrimógenos y otros materiales y ahora está detenido en la cárcel.

El abogado del exalto jefe militar, Jorge Santiestevan, pidió que en la linea expresada por la ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, de que los trámites para el envío comenzaron el 7 de noviembre se investigue a los exministros de Defensa, Javier Zavaleta, y de Gobierno, Carlos Romero.

"Ese material fue solicitado, pedido, adquirido, en calidad de préstamo o como quieren que sea en el periodo de Evo Morales, en el gobierno de Evo Morales, y aquí la responsabilidad recae de acuerdo a la ley 400 sobre el ministro de Defensa (Javier Zavaleta) en el caso de que las FFAA lo hubieran pedido o en el ministro de Gobierno (Carlos Romero) en el caso que la Policía boliviana hubiera hecho el pedido" afirmó el jurista en una entrevista con radio Panamericana.

Las declaraciones fueron realizadas a puertas de la audiencia de apelación presentada por la defensa del general Terceros después de que fue enviado a la cárcel con detención preventiva.

Santiestevan reiteró la incongruencia del supuesto pedido de municiones al gobierno argentino de parte de un miembro de las Fuerzas Armadas porque no tenía el mando de las fuerzas del orden y su unidad, la Fuerza Aérea, no usa elementos antimotines o antitumultos, como se denomina en Argentina.

Según la hipótesis del gobierno de Luis Arce Catacora, Terceros envió una carta de agradecimiento al embajador argentino de entonce en Bolivia, Normando Álvarez, por la dotación de gases lacrimógenos y otros pertrechos de disuación civil aunque en un primer momento afirmó que se trataba de "armamento bélico".

Para el abogado de Terceros, quien además es experto en temas de inteligencia militar, el material presentado en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, "no alcanza para definir una situación de gobierno".

Para el titular de Gobierno hubo un tráfico ilícito de armas que tendría una pena de 30 años de cárcel.

Según Santiestevan, bajo ese criterio los que tendrían que ser juzgados por ese delito tendrían que ser los ministros de Defensa y de Gobierno, además de los agregados militar y policial de Bolivia en Argentina, y también los agregados de Argentina en Bolivia porque ellos tienen la misión de realizar los contactos de alto nivel y trámites para la autorización de vuelos, y otros.

BD/JCV