Caso Entel: maquinado para inculpar a Iván Arias. Eddy Luis Franco estará seis meses preso para ver si se doblega

Cabildeo Digital |11|05|21|

Amalia Pando

Una y otra vez, la Fiscalía repitió la misma pregunta, formulada de distintos modos “¿Quién era la autoridad superior a su persona, ¿quién era su jefe?, ¿a quién rendía informes?” 

Y, una y otra vez Eddy Luis Franco ex gerente de ENTEL respondió lo mismo: “la gerencia responde al Directorio de ENTEL”

Y mientras Franco continuaba prestando su declaración investigativa en la Fiscalía de La Paz, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sacó un comunicado adelantándose a los resultados del interrogatorio. En él afirma que Franco había inculpado a Iván Arias, el nuevo alcalde de La Paz y exministro de Obras Públicas del gobierno de Jeanine Añez. 

El “Negro” Arias es el verdadero blanco de este caso, por derrotar al MAS en las elecciones municipales.

Según el ministro Montaño, no solo Arias sino también los miembros del Directorio, que no son el MAS, conocían de los pagos a una empresa “fantasma”.

Ibo Blaizicevic, exdirector de ENTEL, con justa razón, negó haber participado o tenido conocimiento de esas transacciones. 

Eddy Luis Franco había declarado exactamente lo mismo. Si él, que era el Gerente, no tenía conocimiento de esas fuleras movidas, menos el directorio y peor aún el exministro Arias. 

La defensa de Franco no pudo obtener una fotocopia de su propia declaración, se la negaron.

Franco, preso político

Eddy Luis Franco es el preso político número 12 del actual gobierno. La persecución política judicializada que empezó en noviembre del año pasado y que parece interminable, pisotea los derechos y procedimientos. El objetivo: castigar al oponente político con su encarcelamiento. La acusación es falsa, los testigos mienten y la Fiscalía no tiene ni indicios ni pruebas, pero igual los llevan presos. La expresidente Jeanine Añez está encarcelada desde el pasado 13 de marzo.

La cadena de irregularidades

Con solo horas de anticipación, Franco recibió en su domicilio de Santa Cruz una citación para presentarse  a las 9 de la mañana del día siguiente en las oficinas de la Fiscalía de La Paz.

Sin saber de qué lo acusaban, con los minutos contados para conseguir un abogado y un pasaje en avión, llegó a La Paz. 

Pensó que sus respuestas fueron claras y contundentes para desvirtuar la acusación del ministro de Obras Públicas, pero la verdad no le sirvió de nada. 

Formalmente, la acusación fue presentada por dos miembros del Directorio de Entel, Héctor Ramírez y Roberto Peredo. Así también se verificó que Gustavo Torrico es el “lleva y trae” entre el ministro Montaño y la Fiscalía.  Antes del interrogatorio a Franco, Torrico se encerró con el fiscal asignado al caso. 

Las medidas cautelares

La jueza Melina Lima, del juzgado cuarto anticorrupción, determinó la máxima: seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. 

Dándole la razón al fiscal del distrito Sergio Bustillo, la jueza Lima aseveró que Franco presentaba riesgo de fuga porque no tiene domicilio, ni familia ni trabajo.

¿No tiene domicilio? Pero si le dejaron la citación en su casa de Santa Cruz.

La abogada de la defensa, Dra. Nadia Morales, antes de la audiencia de medidas cautelares, se apersonó a la Fiscalía para dejar las tres certificaciones sobre domicilio, familia y trabajo. No quisieron recibirlas. Tampoco la Jueza. De tal modo que Franco, convertido en un paria, en un “homeless” sin familia, trabajo ni domicilio, fue conducido a San Pedro. 

Para entonces, Franco se dio cuenta que el caso era eminentemente político y cambió de abogado. Asumió su defensa Marcelo Zurita, quien trabajó en el departamento jurídico del exministro JR Quintana. 

¿De qué los acusan? 

De haber autorizado una transferencia al Perú de 390 mil dólares. Franco se declara inocente. Ni conocía ni ordenó ese pago. 

¿Quién lo hizo? La señora Carola Valencia, nombrada en 2018, en el gobierno de Evo Morales, como responsable de la subsidiaria de ENTEL en Perú, que habría contratado a la empresa SERVITEL, considerada “fantasma”, para el mantenimiento de la vía por donde pasa la fibra óptica que llega a Bolivia. 

En su descargo, la señora Valencia asegura que cumplió órdenes superiores, del Gerente General Eddy Luis Franco, y muestra una documentación sin firma, con apenas un sello de nombre y firma. Son sellos, facsímiles, que usan los ejecutivos para ahorrarse tiempo en asuntos menores. 

Franco tenía en su escritorio dos de estos sellos y dos secretarias con acceso a su escritorio. 

El tema de fondo es que el departamento contable y de finanzas de Entel exige siempre descargos que justifiquen la cancelación de alguna obligación, por más pequeña que sea. 

En este caso, de casi 400 mil dólares, transferidos al Perú mediante siete transferencias, no hay ningún descargo, ni siquiera las indispensables facturas, ni el  contrato de  trabajo con la empresa peruana ni  la certificación del avance de obra, nada de nada. 

Por otro lado, la orden de un gerente, que puede ser el principio de un trámite, tiene que llevar firma de puño y letra.  Los sellos facsímiles son inadmisibles. 

Lo concreto es que se robaron 390 mil dólares. El dinero no aparece y no está claro quién lo recibió en el Perú. Una versión dice que el responsable de SERVITEL tiene algún tipo de relación personal con la señora Valencia. 

Sin embargo, para la Fiscalía el único culpable es Eddy Luis Franco que nada tuvo que ver en este asalto y que estará preso hasta que inculpe a Iván Arias. 

La detención es un mecanismo extorsivo.  Les funcionó en el Caso Terrorismo. Los tres sobrevivientes de la masacre del Hotel las Américas, que cumplieron cinco años presos en San Pedro, lograron su libertad inculpando al gobernador cruceño Rubén Costas. 

Por otro lado, la Fiscalía acusó a Franco por enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y legitimación de ganancias ilícitas, pero no presentó ni una sola prueba como un depósito sospechoso o la   compra de algún bien inmueble o algo que indique que Franco se benefició con esa turbia transacción. 

Además, la defensa alega que estos cargos se aplican exclusivamente a    funcionarios públicos, definición que no corresponde a los empleados de Entel que sigue siendo una empresa mixta. 

De insignificante a intrascendente

En 2017, Juan Pari, jefe de operaciones de la sucursal Batallas del Banco Unión, desfalcó a esa entidad estatal 6 millones de dólares o 37,69 millones de bolivianos. 

No se detuvo ni procesó al gerente general del Banco Unión, ni a la esposa de Luis Arce que era miembro del directorio, ni al ministro de finanzas, que por entonces era Mario Guillen. 

Luis Arce declaró entonces: “Es una cosa aislada e insignificante. Acá no hay corrupción, hay criminalidad.”

Guillen le respondió: “6 millones de dólares, que es la cifra del desfalco, no es insignificante para nadie”. 

En abril de este año, Edwin Characayo, ministro de Desarrollo Rural, fue detenido en flagrancia recibiendo un soborno de 20 mil dólares. 

El exministro, Juan Ramón Quintana, que presidía un acto junto a Evo Morales, declaró a propósito: “Para mi es intrascendente que un ministro esté recibiendo 20 mil dólares…” 

390 mil dólares desfalcados en Entel no es un monto ni insignificante ni intrascendente. Por lo que sería encomiable primero investigar para dar con los verdaderos autores y no usar el caso para aumentar el número de detenidos políticos.