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Política | 29/09/2022

Bascopé: informe de la CIDH no es vinculante, pero da 3 meses antes de abrir juicio al Estado

Bascopé: informe de la CIDH no es vinculante, pero da 3 meses antes de abrir juicio al Estado

La Policía saca los restos de personas fallecidas en el asalto al hotel Las Américas, en 2009. Foto: Opinión

Brújula Digital |29|09|22|

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Terrorismo no tiene carácter vinculante, pero es exhortativo y da un plazo de tres meses para que sus recomendaciones serán cumplidas, caso contrario se abre la vía para iniciar un proceso en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Esa explicación corresponde al abogado constitucionalista Williams Bascopé, quien advirtió que el plazo de tres meses está contenido en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

El citado artículo establece en su numeral 1 que: “Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración”.

En el numeral se estipula que la Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Mientras que en el numeral 3 se ordena que, transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

Al referirse al informe de fondo de la CIDH sobre el caso Terrorismo, Bascopé apuntó que “esto es un informe, no es un fallo, pero estos informes son de carácter exhortativo que deben, de alguna forma, asumir los Estados porque la consecuencia, si no asumen estos consejos o exhortaciones, es que posiblemente puedan ser sujetos a juicio internacional como Estados, ya no como personas”.

¿A qué se refiere el caso Terrorismo? El 16 de abril de 2009, la Policía Boliviana realizó un asalto en el hotel Las Américas para desbaratar a ese grupo irregular que presuntamente planificaba un magnicidio. En el operativo fallecieron Eduardo Rózsa, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés. Resultaron arrestados Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro.

Esa acción fue cuestionada porque no hubo participación de ningún fiscal, no hubo órdenes de allanamiento y aprehensión y, luego, el proceso fue llevado a cabo en un juzgado de la ciudad de La Paz. Este caso fue cerrado en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez.

El fin de semana, se filtró el informe de fondo de la CIDH, documento en el que se concluyó que en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas que fueron ordenadas por el Gobierno. También instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano, para evitar un juicio internacional.

En este caso, Morales es apuntado como responsable de esa intervención porque se lo ve en un video cuando afirma, en una rueda de prensa ofrecida en Venezuela en 2009, que dio “instrucciones precisas” para llevar adelante el operativo de intervención del hotel Las Américas.

Dentro del carácter exhortativo, el informe establece que se debe cumplir cuatro acciones para no ir a juicio como Estado: reparar integralmente las violaciones de derechos humanos de las víctimas; disponer las medidas de atención a la salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los afectados; una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, identificar las responsabilidades e imponer sanciones; y adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.

“Lo que queda extraño de la Comisión es que se tenía un informe que tiene un plazo. La Comisión, cuando saca este informe, tenía un plazo de tres meses para pasar a la Corte Interamericana este caso. Si asumimos que este informe es del 21 de diciembre de 2021, qué ha pasado en ese tiempo, quién se lo ha guardado en la Comisión o quién ha influido para que no pase, porque ya han pasado nueve meses hasta ahora y no pasa a la Corte”, se preguntó Bascopé.

El otro aspecto que destacó el jurista es la responsabilidad del gobierno del presidente Luis Arce y del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, debido a que hasta ahora no dan cumplimiento a las cuatro exhortaciones emitidas por la CIDH en su informe.

Esta inacción de las autoridades llamadas a cumplir la recomendación de la CIDH fue catalogada por Bascopé como una “irresponsabilidad” y un incumplimiento de deberes que incluso puede llegar a una “complicidad”, debido a que no procesan a los responsables de caso Terrorismo, principalmente a Morales, y exponen al Estado, a todos los bolivianos, a ser parte de un juicio internacional y a la imposición de sanciones. 

El abogado no descartó que entre las sanciones esté el pago de resarcimiento a las víctimas o a sus familiares, dinero que tendrá que salir del Tesoro General de la Nación y, por ende, de todos los bolivianos, cuando las responsabilidades son claras del expresidente Morales y de las exautoridades de 2009.

BD/JJC

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