|ANÁLISIS|Arce Catacora rompe el silencio sobre la causa marítima|Javier Viscarra|

Brújula Digital|23|03|24|

Javier Viscarra Valdivia

Tras un largo y censurable silencio diplomático de cinco años y medio por parte del Estado boliviano, el presidente Luis Arce finalmente ha retomado la causa marítima y ha comunicado aquello en la histórica plaza Abaroa, donde siempre se han efectuado estos anuncios.

Sin embargo, el inesperado cambio en la política marítima del país de dejar la judicialización y pasar a la negociación, ocurre en un año preelectoral, lo que invita a la duda, sobre todo por el errático comportamiento de su partido que ya usó políticamente esta causa nacional en la fallida demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Si hipotéticamente se implementara esta nueva línea internacional, el equipo de Cancillería ya estaría trabajando en la temática desde antes del anuncio presidencial, pero con seguridad que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se han enterado del nuevo escenario al escuchar el discurso de Arce.

Pasó mucho tiempo de no decir nada sobre el fallo de la CIJ, de vivir con la cabeza agachada y en esto uno de los peores errores del presidente Arce fue tener a un personaje como Rogelio Mayta a la cabeza de la Cancillería, que no solo enterró el tema marítimo, sino que dejó sin profesionales especializados a esa institución.

En diplomacia cada palabra cuenta, por ello cuando el presidente en su discurso por el Día del Mar propuso abrir los caminos de encuentro con Chile en el marco de la “diplomacia de los pueblos”, inmediatamente ha debido abrir una enorme interrogante. ¿Será una invitación a restablecer relaciones diplomáticas o es pura demagogia?

Desde que el MAS asumió el Gobierno se abandonó el tratamiento del tema marítimo en el ámbito multilateral. Nuestra demanda salió de las agendas de la OEA, de Naciones Unidas y de todos los espacios internacionales en los que Bolivia siempre encontró solidaridad. Tampoco se exploró el ámbito trilateral con Perú, con el que alguna vez se intentó abordar el problema, sobre todo después del llamado Abrazo de Charaña de 1975 o el Enfoque Fresco de fines de los años 80, todo fue abandonado por el MAS.

Con la Agenda de los 13 puntos de la primera década del nuevo siglo, el Gobierno de Evo Morales y su canciller David Choquehuanca, intentaron “construir confianzas”, pero sin éxito. La diplomacia de los pueblos se estrelló frente a La Moneda en su intento de negociación.

La obligación de negociar

Ante el fracaso de las negociaciones, se optó por acudir a la Corte Internacional de Justicia utilizando como fundamento jurídico los efectos de los actos unilaterales de los Estados, un nuevo tipo de derecho que aún no había terminado de consolidarse. Antes de la demanda, apenas se habían conocido algunos lineamientos elaborados en la comisión 6ta de Naciones Unidas.

Bolivia elaboró una demanda histórica y jurídica, seria y muy bien documentada. Se describieron todos los momentos en los que Chile había manifestado su intención de solucionar el injusto enclaustramiento marítimo, se trabajó en una jurisprudencia sólida.

Sin embargo, uno de los grandes errores, entre los muchos cometidos a lo largo del proceso, fue confiar la demanda solo a juristas y políticos. Nunca se trabajó en un análisis diplomático serio, en un estudio de la geopolítica, de los intereses internacionales en diversas latitudes, los conflictos internacionales latentes. Porque de haberse trabajado esa arista, probablemente se habría podido presumir que los jueces de la Corte, por más probos que fueran, tal vez no estaban muy dispuestos a utilizar en su fallo un derecho en ciernes.

Durante el juicio, los abogados internacionalistas contratados por Bolivia quizá lo advirtieron, pero apenas fueron capaces de balbucear generosamente que nuestras posibilidades de ganar el juicio eran 50/50. Y se lo dijeron a Evo Morales.

Cuando Morales no escuchó ni siquiera ese adornado pronóstico, probablemente se perdió un momento clave para retirar el caso de la CIJ y volver a la negociación, quizá con cierta ventaja, pero Evo Morales y su entorno no supieron leer la advertencia, estaban enceguecidos en el supuesto rédito político de una victoria en el juicio.

Hoy el Gobierno del MAS pretende retomar el tema, volver al diálogo con Chile, para ello el presidente ha recuperado el párrafo 176 del fallo en el que la CIJ exhorta a las partes a continuar negociando el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico bajo el principio de la buena vecindad.

Sin embargo, el Gobierno requiere recuperar su credibilidad interna. También tiene que reconstruir la institucionalidad diplomática. El país no puede seguir transitando su historia sin defender sus intereses, sin promover sus potencialidades. Es indignante que la Cancillería sea una agencia de empleo para los amigos del régimen y no tenga profesionales de la diplomacia. Es imperativo retomar el alto interés nacional y repensar la política exterior de Bolivia.

Seis desafíos y el Silala

En su inesperado anuncio en el Día del Mar, el presidente habló de seis desafíos internacionales, que van desde negociar el acceso soberano de Bolivia al mar que zanjaría una herida regional; el pedido de la habilitación del puerto de Iquique para mejorar el tránsito comercial de Bolivia en el marco del Tratado de 1904; el aprovechamiento del oleoducto Sica Sica; cerrar heridas de la región con el retorno de Las Malvinas a la Argentina, la base de Guantánamo, a Cuba y la efectiva independencia de Puerto Rico; y la preservación y gestión sustentable de los recursos hídricos compartidos.

En este último punto ha sorprendido la revelación presidencial de trabajos que se realizan en el Silala. Arce dijo que Bolivia “se encuentra trabajando en la restauración de los bofedales del Silala”.  Y efectivamente, se ha sabido que hay un avance en la zona, bajo la supervisión de Diremar.

Según el fallo, en su párrafo 118 la Corte concluye que “cada Estado ribereño está obligado, en virtud del derecho internacional consuetudinario, a notificar y consultar al otro Estado ribereño con respecto a cualquier actividad prevista que suponga un riesgo de daño sensible para ese Estado”.

Bolivia es libre de desmantelar los canales que ayudan a que más agua de los bofedales del Silala llegue a territorio chileno, como se ha concluido en el fallo del 1 de diciembre de 2022, pero debe cuidar de no causar daño y también de informar a la otra parte. Por esta razón, la decisión de restaurar los bofedales (se entiende a su estado natural, es decir destruir los canales) tiene que ser llevada adelante con la más absoluta precisión y cautela.

Javier Viscarra es periodista, abogado y diplomático.