Amparo promovido por el gobierno suspende derecho de la Asamblea de interpelar a ministros

Brújula Digital |27|08|23|

Una acción de amparo constitucional presentada por varios ministros de Estado y admitida por el vocal Israel Campero, de la Sala Constitucional Primera del de La Paz, suspendió de hecho el derecho de la Asamblea Legislativa de interpelar a los ministros.

El parágrafo 18 del artículo 158 de la CPE establece que el Legislativo tiene como atribución “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o ministro”.

Pese a ello, el vocal Campero aceptó la acción del amparo y ahora se debe esperar un fallo definitivo del Tribunal Constitucional, que podría demorar meses o años. Legisladores opositores anunciaron procesos por prevaricato contra Campero.

El derecho a interpelar a ministros estuvo vigente durante décadas en Bolivia y, desde la recuperación de la democracia, ha sido un elemento principal para que el Legislativo pueda cumplir con su misión de fiscalizar al Ejecutivo.

Nunca en cuatro décadas de democracia un gobierno había logrado cercenar ese derecho constitucional hasta que el vocal Campero admitió la demanda presentada por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, al que se adscribieron otros ministros, asegurando que las interpelaciones “afectan el derecho al trabajo”.

La decisión causó indignación en filas opositoras, que consideraron la medida como la demostración de que se ha dado inicio a una “dictadura judicial”, como expresó a Brújula Digital el jefe de bancada de diputados de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón.

“Con la sentencia de amparo, según lo informado el fin de semana por los medios de comunicación, que ha dejado en el limbo y congeladas las interpelaciones contra ministros de Estado, se ha dado un golpe mortal contra la democracia”, expresó.

Alarcón agregó a Brújula Digital que “el alcance de lo que ha hecho esta sentencia, manipulada y orquestada por el Gobierno, es la mutilación de un brazo esencial del trabajo de la Asamblea Legislativa, como es el de fiscalización. El pueblo, a través de la Asamblea, fiscaliza que los ministros de Estado no sólo realicen una buena gestión pública, sino que además no incurran en hechos de corrupción, de abuso de poder y en violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido, consideró que se inaugura con esta sentencia “la cleptocracia, el gobierno de cleptocracia de Luis Arce, y se inaugura la dictadura gubernativo-judicial, que va a utilizar a estos vocales y a los consejeros y magistrados de Sucre para concentrar todo el poder del Estado a favor de él, especialmente de cara al próximo proceso electoral”.

La decisión del gobierno de presentar una acción de amparo constitucional se dio semanas después de que el Legislativo logró censurar al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, gracias al voto de las bancadas opositoras y de la facción evista del Legislativo.

Aunque el Presidente había presentado una ley para que cualquier ministro censurado deba renunciar y no vuelva a ocupar un cargo en el gabinete, el mismo gobierno envió esa ley en consulta al Tribunal Constitucional para que fuera declarada inconstitucional. Del Castillo renunció y luego fue ratificado en el cargo.

Por su parte, el diputado de Creemos, Walthy Égüez, consideró que “el Gobierno de Luis Arce se rehúsa a ser fiscalizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por los malos manejos que hay con los recursos del Estado. Están tapando los grandes hechos de corrupción y los vínculos con el narcotráfico”

Égüez, que fue el primero en alertar de esta acción de inconstitucionalidad, dijo a El Deber que “pareciera que hay un afán de cerrar la Asamblea Legislativa”.

El diputado de Creemos asegura que el gobierno se rehúsa a ser fiscalizado por los malos manejos que se registran con los recursos del Estado y que se busca tapar los grandes hechos de corrupción y los vínculos con el narcotráfico.

BD/RPU