Abogada Zuleika Lanza denuncia “persecución” y “sicariato judicial” en caso de dos periodistas acusados

Brújula Digital |12|08|22|

La abogada Zuleika Lanza denunció este viernes un caso de “persecución” y “sicariato judicial” en el caso de los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., acusados penalmente por haber cometido un supuesto error administrativo cuando ambos se desempeñaban en la red Bolivia TV.

“Este es un caso claro de sicariato judicial y de persecución contra dos periodistas reconocidos, es una acusación que afecta a la liberta de expresión y de prensa”, dijo Lanza entrevistada por radio Panamericana.

La jurista dijo que la acusación del fiscal Junior Flores es una “careta” detrás de la cual se esconde el interés del gobierno de realizar una persecución contra dos periodistas.

Para Lanza, es inaceptable que un tema civil y administrativo, como una supuestamente errada contratación de un periodista, derive sin seguir un debido proceso, en un caso penal.

El fiscal Flores presentó acusación penal contra Rojas y Adriana G. por, supuestamente, haber contratado al periodista Pablo Llano con un salario mayor al que supuestamente le correspondía cuando ambos se desempeñaban en la red Bolivia TV.

Otros cuatro exfuncionarios del canal, de las unidades legal y administrativa, también fueron acusados, infirmó la agencia ANF, que reprodujo la acusación del fiscal. 

Rojas y Adriana G. autorizaron la contratación de Llano con un salario de 11.498 bolivianos cuando, presuntamente, debido a no tener título académico, solo debía haber percibido 6.000 bolivianos mensuales. La contratación se dio cuando Rojas y Adriana G. fueron gerente general y gerenta de informaciones, respectivamente, de la red BTV durante el gobierno de Jeanine Añez.

“Aquí se ve cómo la justicia en Bolivia tiene color político. El fiscal Flores es uno de los fiscales que realiza tareas de persecución”, agregó la abogada. Dijo que los afectados por esa acusación deben recurrir a instancias internacionales, ya que en Bolivia no se respeta el debido proceso.

El caso coincide con una declaración del exministro Juan Ramón Quintana, quien dijo recientemente que los medios críticos al gobierno tienen un trabajo propio del "gansterismo" y que son una "cloaca". Hace unos meses el portavoz presidencial Jorge Ricther afirmó que los medios que no son afines al gobierno conforman una "corporación mediática". 

Pese a ser un caso administrativo, se acusa a los periodistas de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y daño económico al Estado por un monto de 84.701 bolivianos (12.100 dólares), por los cuales el fiscal Flores pidió entre cinco y 10 años de cárcel. Esa cifra representa los honorarios que obtuvo Llano durante siete meses.

La Fiscalía solicitó la detención preventiva de los imputados, en el caso de las tres mujeres en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y en el caso de los tres varones en la cárcel de San Pedro de La Paz.

La noticia sobre los dos experiodistas de BTV, al divulgarse en redes sociales, ocasionó muestras de solidaridad ante lo que se considera una nueva acción del gobierno contra la libertad de expresión y de prensa. Usuarios de redes sociales lamentaron que un posible error administrativo sea convertido en una acusación penal.

Llano trabajó durante siete meses en BTV durante el gobierno de transición, etapa en la que percibió en total 84.701 bolivianos, que según el fiscal Eddy Flores es “daño económico”, causado al Estado.

Rojas y Adriana G. prefirieron no hacer declaraciones ante esta acusación. Ambos tienen una larga carrera como periodistas y destacaron en varios medios de comunicación. Todos los sindicados ya han sido convocados a declarar ante fiscal.

BD/RPU