La atención pública se centró en las víctimas de Sacaba y Senkata, reflexiona la abogada Giovanna Mendoza, única boliviana que integró el equipo técnico del GIEI de la CIDH.
Brújula Digital|23|11|25|
Sumando Voces, Mery Vaca
En los hechos violentos del 2019 hubo dos tipos de víctimas: las que salieron a defender al expresidente Evo Morales y las que exigían su renuncia basados en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció que en Bolivia hubo dolo (fraude) electoral.
La atención pública, sin embargo, se centra en las primeras (Sacaba y Senkata) y deja en el olvido y el anonimato a las segundas. Esa es la percepción de la abogada Giovanna Mendoza, que fue la única boliviana que integró el equipo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a pedido del gobierno transitorio de Jeanine Añez, hizo una investigación de los hechos.
“Al día de hoy han quedado en el anonimato, han quedado en el olvido, no se ha establecido la verdad de los hechos y mucho más lejana está la posibilidad de una reparación real de los daños ocasionados a cada una de estas víctimas”, señala en declaraciones a Sumando Voces, al referirse a los caídos en otros puntos del país y a las víctimas de Vila Vila, Playa Verde, Montero, entre otros sitios.
Ella considera que “hay un proceso de revictimización porque a muchas de las otras víctimas se les ha negado el derecho de ser reconocidas como víctimas”.
Víctimas
En los hechos de Sacaba y Senkata han muerto 20 personas producto del operativo militar desplegado por el gobierno transitorio de Jeanine Añez, en procura de despejar las vías y el acceso al combustible. Sin embargo, en total, murieron más de 30 personas y quedaron decenas de heridos entre septiembre y diciembre del 2019. Evo Morales gobernó hasta el 10 de noviembre y Añez desde el 12 de noviembre.
Mendoza recuerda que el informe del GIEI “no se limita solamente a los casos de Sacaba y Senkata”, pero que, pese a eso, los que sufrieron tortura, vejaciones y disparos del otro lado, no fueron reconocidos.
Basada en un informe de la Defensoría del Pueblo que salió esta semana, señala que la mayoría de estos casos fueron cerrados o los acusados fueron sobreseídos, dejando a las víctimas sin justicia.
Con la anulación de los casos Sacaba y Senkata, también quedaron sin justicia las víctimas de esos dos lugares; sin embargo, Mendoza señala que en esos casos deberán asumir responsabilidad los operadores judiciales que decidieron llevar adelante los procesos por la vía ordinaria sabiendo que correspondía juicio de responsabilidades.
Considera que “al final del día nuevamente las víctimas son las que están ingresando en un proceso de revictimización por esta nulidad que se ha dado”.
Recomendaciones no cumplidas
Mendoza dice que el GIEI ha recomendado reabrir los casos que han sido rechazados y en los que hubo sobreseimiento, pero que el Estado no cumplió con esta parte del informe.
Luego se estableció una Mesa de Seguimiento (MESEG), de la propia CIDH que recomendó analizar estos rechazos, pero sin resultado alguno. Es más, en la más reciente audiencia pública de la corte, el presidente de la entidad, José Luis Caballero se centró en los casos de Sacaba y Senkata indicando que su anulación es “un golpe fuerte para las víctimas”. De hecho, fueron las víctimas de estos dos sitios las que estuvieron en la audiencia en Estados Unidos, la semana pasada.
Mendoza señala que, por ejemplo, en los hechos de Montero, donde fallecieron dos personas, también hubo heridos de bala, entre ellos un motociclista que recibió un disparo en la cabeza, pero que no mereció ni siquiera el reconocimiento como víctima. “Mantener a las víctimas en la indiferencia del Estado está generando un proceso de revictimización”, insiste.
Muertes cuando Morales era aún presidente
Recuerda que los sucesos no solo ocurrieron durante el gobierno de Añez, sino también cuando aún gobernaba Morales. De hecho, el bloqueo de la caravana en Vila Vila fue un instructivo de la Gobernación de Oruro, que entonces estaba al mando del primo de Morales, Víctor Hugo Vásquez, y como prueba, Mendoza muestra el documento emitido de esa instancia pública y que está en el informe del GIEI. Señala que en esos hechos hubo funcionarios públicos de las gobernaciones de Potosí y Oruro.
De hecho, en forme del GIEI concluye lo siguiente: “Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que para estos se emplearon recursos y materiales públicos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro, para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”.
El reporte lanzado por la Defensoría del Pueblo esta semana se puede advertir que, en Oruro, donde ocurrieron los hechos, se abrieron 23 causas, pero que ocho fueron rechazadas, en 14 los acusados fueron sobreseídos y solo queda un juicio pendiente.
Vila Vila y Playa Verde
Mendoza recuerda que, en plena pandemia, cubierta por un barbijo, entrevistó a las víctimas de la caravana de Vila Vila y que mientras las escuchaba y escribía en su computadora las lágrimas se le escapaban por las mejillas. No pudo entrevistar a todas porque muchas personas temían represalias.
“Es un caso absolutamente dramático y sinceramente, la indiferencia que han tenido hacia las víctimas es una responsabilidad del Estado”, señala.
Se refiere a la caravana de buses que partió de Sucre y Potosí rumbo a La Paz en defensa de su derecho al voto, que estaba integrada por docentes, comerciantes y estudiantes universitarios y que luego sería reforzada por mineros, muchos de los cuales eran padres de los estudiantes que sufrían el ataque en la carretera.
Hubo dos ataques, uno en Vila Villa y otro en Playa Verde (Machacamarca). “En Vila Vila fueron hostigados primero con granadas de gas lacrimógeno, pero luego ya la situación va subiendo de nivel, se ataca a las mujeres que formaban parte de estas caravanas, se incendian buses con personas dentro, se secuestran a estudiantes, a docentes, a maestros, se los desnuda, se los tortura y en eso fue muy enfático el informe del GIEI al manifestar que estos hechos constituían tortura”, señala la abogada.
Luego el segundo ataque se produce en Playa Verde, cuando ya habían llegado los refuerzos, donde “son víctimas de disparos que se dan desde los cerros, desde las lomas”. Señala que “todos han impactado fueron por la espalda o por la cadera” de los trabajadores mineros.
El informe del GIEI señala que “los hechos descritos revelan que integrantes de las caravanas del Sur y Minera fueron víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Cinco personas fueron gravemente heridas como resultado de disparos de armas de fuego y por lo menos otras 15 fueron privadas de su libertad al ser tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila y una persona por hasta tres días en Challapata. Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual contra su integridad personal”.
Una crisis de actores diversos
Mendoza enfatiza que “la crisis del 2019 tiene distintos actores y todos ellos necesitan ser visibilizados. Creo que la finalidad esencial de este informe es precisamente que estos hechos no nos vuelvan a pasar como sociedad”.
Así como los casos de Vila Vila y Montero se diluyeron ocurrió lo mismo con la quema de casas que afectaron a la periodista Casimira Lema y al exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, entre otras personas.
Como investigadora del caso, pide que “se les reconozca como víctimas, que no se las tenga en el olvido ni en la indiferencia del Estado”. Luego señala que “la premisa que me motiva estar aquí (en Sumando Voces) es que nosotros como país no podemos seguir dejando en el olvido hechos de vulneraciones de los derechos humanos”.
Señala que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia tienen la obligación de revisar estas resoluciones de rechazo y sobreseimiento y encaminar la reapertura de estos procesos investigativos, pero más allá de eso también está el hecho de la reparación misma y no puede haber reparación si la siguen manteniendo en el olvido y en la indiferencia”.
Los expertos del GIEI
El equipo del GIEI estuvo integrado por los expertos internacionales Juan Méndez, Julián Burger, Magadalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tapatta. Entre tanto, el equipo técnico de investigación fue integrado por David Uribe, Giovanna Mendoza (la {única boliviana), Magdalena Garcés, Nancy Bautista y Marianna Ghirello.
Además, el GIEI contó con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense para la elaboración de dictámenes especializados y con las consultorías senior de Daniela Kravetz y Marta Valinas.
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