Las mesas del diálogo coincidieron en que la transformación judicial comienza por resolver la continuidad de las altas autoridades.
Brújula Digital|15|11|25|
El Primer Diálogo por la Reforma Judicial cerró este viernes con una señal contundente desde la mesa encargada del ámbito normativo: la exigencia de suspender de inmediato a los magistrados autoprorrogados. La propuesta, aprobada por unanimidad, fue presentada como un punto de partida indispensable para encarar cambios de fondo en el sistema judicial.
“Pedir la inmediata suspensión del cargo de todos los autoprorrogados”, establece la conclusión central de la mesa 1, que fue expuesta durante la plenaria.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, informó que las cuatro mesas de trabajo —Normativa, Presupuesto, Modernización Tecnológica y Carrera Judicial— coincidieron en que el país requiere modificaciones profundas, nuevos marcos legales y un esquema de financiamiento estable que permita garantizar independencia judicial.
Saucedo advirtió que, aunque una reforma constitucional es indispensable, ese proceso será de largo plazo. Sin embargo, aseguró que avanzar hacia una Ley del Órgano Judicial renovada podría sentar las bases para un sistema independiente y con recursos acordes a su carga laboral.
Entre las propuestas normativas se incluyó la creación de un Procedimiento Agroambiental, la revisión integral de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la actualización del Código Civil y la adopción de un Código Único del Sistema Penal. También se plantearon ajustes en legislación laboral y social para mejorar la celeridad de los trámites.
La Mesa de Presupuesto propuso que el Órgano Judicial reciba al menos el 5% del Tesoro General de la Nación (TGN), cifra que, según sus conclusiones, debe estar garantizada por ley. Además, se planteó asignar recursos específicos para la Justicia Indígena Originaria Campesina, que —según Saucedo— mantiene una “deuda histórica” por falta de condiciones materiales para su funcionamiento.
En el ámbito tecnológico, los participantes señalaron la necesidad urgente de unificar los sistemas informáticos y crear una unidad nacional especializada en justicia digital. Actualmente, operan más de 50 plataformas dispersas, que —según el diagnóstico presentado— se han convertido en un obstáculo para jueces y servidores judiciales.
La mesa dedicada a la Carrera Judicial propuso avanzar hacia una Ley de Carrera Judicial Vertical que garantice ascensos por méritos, desde secretarios hasta magistrados. También se planteó regular por ley la evaluación del desempeño e incorporar criterios de formación, antigüedad y especialización en el escalafón.
Durante la clausura, se informó que la magistrada Amalia Laura Vilca, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), presentó un proyecto de ley para definir el Régimen Transitorio de esa institución, documento que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración.
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