Jeanine Áñez está hoy libre y, por derecho propio, asistió como expresidenta a la ceremonia de posesión presidencial del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz. El cierre de ese ciclo no solo reivindica un principio constitucional,,la continuidad del Estado por sobre las crisis políticas.
Brújula Digital|10|11|25|
Robert Brockmann
La noche del 10 de noviembre, tras la renuncia y fuga de Evo Morales, de Álvaro García Linera y de las máximas autoridades de la Asamblea Legislativa, tras la anulación de las malhadadas elecciones de 2019 y en medio del mayor caos y violencia que recuerde el país, Bolivia quedó sin rumbo claro para la sucesión presidencial. La cadena de sucesión constitucional se había quebrado, creando un deliberado vacío de poder, diseñado por el MAS para el retorno del mandatario saliente.
El país todavía no lo sabía, pero la única referencia jurídica disponible para la sucesión era la Declaración Constitucional 003/2001, surgida de un antecedente ocurrido dos décadas antes. En 2001, el vicepresidente Jorge Quiroga había asumido la Presidencia tras la renuncia de Hugo Banzer, enfermo de cáncer. Poco después, Quiroga debía viajar y tanto él como el presidente del Senado estarían fuera del país. En la línea sucesoria quedaba el presidente de Diputados, pero la Constitución entonces vigente no especificaba qué ocurría más allá del vicepresidente.
Ante esa duda, Quiroga y el presidente de Diputados, Luis Vásquez Villamor, consultaron al Tribunal Constitucional si era necesaria una resolución congresal o una ley para habilitar al siguiente en jerarquía. La respuesta fue la Declaración Constitucional 003/2001: en caso de ausencia o renuncia, la autoridad inmediata en el orden de sucesión asume ipso facto la Presidencia, sin requerir ley ni resolución. La figura jurídica “ipso facto” implicaba que, jurídicamente, no podía existir ni un minuto de vacío de poder.
Esa doctrina desmontaba la posibilidad de que un partido político provocara una pausa institucional, un peligroso vacío de poder. El principio está basado en el concepto monárquico británico de “The King never dies” (“el rey nunca muere”). Esa fórmula, de hecho, es el origen histórico del principio de continuidad del Estado que luego se trasladó al derecho republicano.
Las constituciones de Chile, Argentina, Colombia y Perú contienen previsiones al respecto, por no mencionar las de varios países occidentales. La sucesión automática evita vacíos de poder, considerados incompatibles con el principio de soberanía continua; se activa automáticamente ante renuncia, muerte o impedimento del titular; opera sin mediación de ley ni resolución, y está universalmente reconocido en el derecho constitucional moderno, aunque cada país use expresiones distintas (ipso iure, de pleno derecho, por derecho propio, etcétera)
En noviembre de 2019, esa norma, existente pero archivada, colocaba a Jeanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, en línea directa de sucesión. Aunque la jurisprudencia señalaba que no se necesitaba sesión legislativa ni quórum, Quiroga Y Vásquez procuraron contar con presencia parlamentaria para dar legitimidad política al proceso.
Con los asambleístas dispersos por todo el país, la violencia en La Paz y El Alto, los bloqueos y la paralización del transporte complicaban cualquier reunión del Legislativo. La tarde del 11 de noviembre se reunió, en la Universidad Católica Boliviana, el grupo de representantes de las fuerzas políticas opositoras y mediadores –la Iglesia Católica y la Unión Europea– junto a representantes del MAS, para definir los pasos siguientes de la sucesión.
Por el MAS participaron la renunciada presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, la exministra Teresa Morales y las diputadas Susana Rivero y Betty Yañíquez. Salvatierra planteó como condiciones para iniciar el diálogo que se garantizara la salida segura de Morales y se levantaran –inexistentes– órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno. Las gestiones para la salida de Evo Morales fueron complejas y simultáneas, y no caben en este relato.
Los distintos grupos presentes en la UCB, ignorantes de la existencia del antecedente jurídico (excepto Vásquez y Quiroga), exponían sus propias fórmulas de sucesión. El MAS anunció que su bancada llegaría recién el 15, lo que impediría sesionar antes de cuatro o cinco días. Ante la violencia imperante y el vacío de poder, se consideró inviable esperar.
Vásquez y Quiroga expusieron las bondades de su argumento y los precedentes: Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte de Justicia, había asumido la Presidencia de la República tras la renuncia de Carlos Mesa sin requerir quórum ni resolución; el propio Mesa había sucedido a Gonzalo Sánchez de Lozada tras su propia renuncia a la Vicepresidencia. La renuncia y fuga de Morales configuraban, además, la figura facilitadora de “dejación de funciones”.
Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Carlos Mesa, inicialmente planteó una Acción de Cumplimiento judicial, que implicaba notificaciones judiciales a cada uno de los 167 parlamentarios para obligarlos a sesionar, un proceso de semanas o meses, pero, ante los trabajos de persuasión de Vásquez y Quiroga, CC comprendió la urgencia de aplicar la jurisprudencia existente. Tras arduos trabajos de persuasión, la mayoría de los presentes en la reunión aceptó invocar la Declaración 003/2001 como base de la sucesión.
Desde la mesa de la UCB, Ricardo Paz, de CC, llamó por teléfono a Jeanine Áñez y puso el altavoz: “Jeanine, estamos reunidos viendo cómo proceder con la sucesión presidencial. ¿Estás dispuesta a asumir el cargo?”. Ella respondió: “Sí lo estoy. Y me corresponde”.
El MAS intentó frenar el proceso manteniendo inactiva la Asamblea por otros dos días. Sus representantes en la UCB expresaron acuerdo con la sucesión, pero no con que la asumiera Áñez, proponiendo otros nombres. Sin embargo, el principio ipso facto no admitía alternativas: le correspondía a quien ejerciera la presidencia del Senado, ya que Salvatierra había renunciado. Designar a otra persona hubiera significado una violación constitucional. El partido de Morales intentó además otras estratagemas de dilación, complejas e infructuosas como para incluirlas en este recuento.
Esa noche continuaron los disturbios. En medio del caos creciente, Áñez, como presidenta del Senado y máxima autoridad nacional interina, llamó públicamente a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía, que estaba siendo rebasada. Los militares salieron a las calles. El MAS empujaba a la sociedad boliviana hasta los límites de la violencia.
Paralelamente, los operadores políticos lograron reunir en Sucre al Tribunal Constitucional Plurinacional, que ratificó la validez de la Declaración 003/2001 –emitida bajo la extinta República de Bolivia– para el Estado Plurinacional vigente. El comunicado del TCP confirmó la continuidad jurídica de esa doctrina.
Dadas las condiciones de caos reinantes en el país, obtener este comunicado fue otra hazaña política que merecería su propio relato.
El martes 12 de noviembre, en sesión parlamentaria sin quórum –que no era exigible en ese contexto–, Áñez leyó su proclama a las 18:47, basándose en el comunicado del TCP y en la Declaración 003/2001. Poco después, acompañada por pocos parlamentarios y representantes políticos, cruzó hacia el Palacio Quemado, donde el jefe de la Casa Militar, custodio de esos símbolos, le impuso la banda y medalla presidencial.
Ese acto, aunque constitucional, generó controversia por la imagen de un militar colocándole los blasones, lo que posteriormente sería usado por el MAS para alimentar su narrativa sobre una supuesta imposición.
Más allá de esa percepción, el proceso cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales. No existía otra alternativa institucional posible. Jeanine Áñez fue Presidenta constitucional interina. Su presidencia fue controvertida. Le tocaron circunstancias dificilísimas, inéditas y cometió errores.
A lo largo de los años, el MAS usó todos los poderosos recursos a su alcance para deslegitimar aquella sucesión y judicializó los hechos. Enfatizó, a su conveniencia, que su acceso al poder fue ilegal e impuesto y que hubieran sido más legales o preferibles otros mecanismos que implicaban un largo vacío de poder, con todos los riesgos que ello implicaba.
El MAS volvió al poder en 2020, de la mano del inepto presidente Luis Arce Catacora. Por órdenes de un todavía poderoso Evo Morales, el ministro de Justicia, Iván Lima, consciente de la injusticia que cometía, aprehendió a Jeanine Áñez, sometiéndola a la justicia ordinaria en lugar del juicio de responsabilidades que correspondía a todo presidente. Hasta Luis García Meza tuvo ese derecho; Áñez, no.
El MAS acusó a Áñez por sedición, conspiración, y terrorismo, en los llamados casos Golpe I y Golpe II. No por otra cosa. La acusó de haber conspirado para derrocar a Evo Morales, cuando es meridianamente claro que, más allá de unos tuits, ella estuvo al margen de todos los eventos durante los 21 días de convulsión nacional que condujeron a la renuncia y fuga de Morales, y que ella entró en el escenario después de que ello ocurriera.
Fiel a su método, el MAS ignoró toda lógica cronológica y constitucional y repitió como dogma que Áñez se “autoproclamó”, que su mandato fue espurio y sus actos nulos. Ella pasó cuatro años y ocho meses en prisión, enfrentando la monstruosa justicia sometida al MAS.
Pero el fundamento jurídico de 2019 había sido sólido. Hoy, tras años de controversia, Jeanine Áñez es una mujer libre, pues el Tribunal Supremo de Justicia anuló todos los obrados (ese oscuro lenguaje jurídico) en su contra. Si los presuntos delitos que se le atribuyen pudieron ser sometidos a un eventual juicio de responsabilidades, ello ya no será posible, pues no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo (presunto) delito. Así, el MAS, por abusar de la justicia, impidió la posibilidad de su (eventual) realización.
Jeanine Áñez está hoy libre y, por derecho propio, asistió como expresidenta a la ceremonia de posesión presidencial del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. El cierre de ese ciclo no solo reivindica un principio constitucional –la continuidad del Estado por sobre las crisis políticas–, sino que marca también el inicio de una nueva etapa para Bolivia.
(Este relato, más detallado, está contenido en el libro 21 días de resistencia–La caída de Evo Morales, del mismo autor).
Robert Brockmann es periodista e historiador.
