El fiscal general precisó que el Ministerio Público no tiene atribuciones para destituir ni procesar “de manera directa a las autoridades electas”.
Brújula Digital|08|10|25|
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“La fiscal analista ha determinado el remitir la denuncia presentada por el señor presidente del TSJ ante la ALP de Bolivia, ante la presidencia de la Cámara de Diputados para que conforme a la Ley 044 que tenemos en nuestro país, conforme a los autos de vistas emanados por el Tribunal Departamental de Justicia en una de sus salas penales las cuales han determinado la incompetencia en la vía ordinaria para procesar a las autoridades del TCP”, informó Mariaca en conferencia de prensa.
Mariaca indica que no tiene atribuciones
El fiscal general precisó que la denuncia será derivada a la ALP para que esa instancia “resuelva la situación jurídica o legislativa de los hoy denunciados”.
Recordó que el Ministerio Público no tiene atribuciones para destituir ni procesar “de manera directa a las autoridades electas”.
La Ley 044 establece el juicio de responsabilidades para las altas autoridades por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. De esta manera se descarta la vía ordinaria.
Mariaca añadió que anteriormente se presentaron denuncias similares contra los cinco magistrados, y que el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca declaró su incompetencia para procesarlos.
“Es uno de los aspectos los cuales ha considerado la fiscal analista para que siguiendo ese lineamiento que es jurisprudencia pueda remitirse ante el órgano legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, quien conforme a procedimientos”
La denuncia
El martes, el presidente del TSJ formalizó una denuncia contra cinco magistrados autoprorrogados del TCP por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y usurpación de funciones.
Los magistrados denunciados son Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, quienes debieron cesar en sus funciones en diciembre de 2023, pero permanecen en el cargo tras una polémica autoprórroga de mandato.
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