La justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de 50.000 bolivianos contra Cinthia Pedraza Rodríguez, gerente de contrataciones de YPFB, dentro del proceso por el caso Botrading, que investiga un presunto daño económico al Estado de más de 400 millones de dólares.
Brújula Digital|08|10|25|
La justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de 50.000 bolivianos contra Cinthia Pedraza Rodríguez, gerente de contrataciones de YPFB, dentro del proceso por el caso Botrading, que investiga un presunto daño económico al Estado de más de 400 millones de dólares.
Pedraza fue imputada por uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tras presentarse voluntariamente ante la Fiscalía de La Paz. Durante la audiencia cautelar, el fiscal del caso reconoció la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y obstaculización, pero aun así solicitó medidas menos restrictivas, permitiendo a la imputada mantener salidas laborales.
El abogado Curmi Rocha, representante del denunciante, calificó la medida como contradictoria y advirtió un posible trato preferencial. “El propio fiscal admite que hay riesgos, pero pide una medida leve. Esto puede comprometer la investigación y la preservación de pruebas”, afirmó.
La anterior semana, la vocera de la petrolera Ángela Marín aseguró que YPFB “no tiene nada que ocultar” y pidió que el caso no sea politizado. “Si las investigaciones deben avanzar en paralelo entre el Ministerio Público y la Contraloría, no tenemos problema alguno”, manifestó enfatizando que el informe legislativo contiene observaciones “subjetivas” sin respaldo normativo sólido.
En 2023, Brújula Digital denunció presuntas irregularidades en los contratos de compra de combustibles con sobreprecio entre YPFB y la empresa Botrading S.A.. A raíz de ello, la Cámara de Diputados conformó en marzo una comisión especial que, en su informe final aprobado en septiembre, identificó un daño económico estimado en 355 millones de dólares y recomendó remitir los antecedentes al Ministerio Público, la Contraloría General del Estado y al presidente Luis Arce.
El diputado Carlos Alarcón, miembro de esa comisión, señaló que el informe responsabiliza a varios ejecutivos de la estatal por presuntas irregularidades que deben ser esclarecidas. La Fiscalía ya abrió procesos contra 10 personas, emitió alertas migratorias, congeló cuentas y mantiene aprehendido al exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, mientras el presidente de la empresa, Armin Dorgathen, figura entre los investigados.
BD/RED
