Alejandro Almaraz denuncia que se vulneraron principios éticos al publicar acusaciones contra él sin darle derecho a réplica. Afirma que su gestión tituló tierras indígenas y campesinas en Santa Cruz, beneficiando a pueblos históricamente despojados, y rechaza acusaciones de daño al agro.
Brújula Digital|30|09|25|
Alejandro Almaraz
Señor Director:
Conociendo el compromiso con la libertad de prensa y los principios éticos del periodismo que evidencia su trayectoria periodística, así como la del medio que dirige, he creído pertinente hacerle conocer el presente caso de vulneración de los deberes éticos del periodismo por parte del diario El Deber, que le expongo brevemente más adelante. Como usted sabe, El Deber ha sido, desde hace algunos años, el diario de mayor difusión en nuestro país y, en ese tiempo, al menos hasta la presente coyuntura electoral, ha mantenido básicamente la seriedad, equilibrio e independencia que le han brindado el aprecio de un amplio público lector. Que dicha conducta se modifique por el quiebre ético, y peor aún, si el mismo se produce al calor de las expectativas electorales, sería verdaderamente lamentable, pues privaría a la sociedad boliviana de un canal importante para el valioso aporte que los medios periodísticos están llamados a hacer a la construcción de la democracia, difundiendo información y opinión con veracidad y equilibrio.
Así, coincidirá usted conmigo en que la vulneración de los principios de ética periodística no daña solamente al directamente afectado, sino también a la sociedad en su conjunto. Por eso, y confiando en que, una vez más después de tantos, usted tenga un gesto en favor de la libertad de expresión y la ética periodística, me permito solicitarle la publicación de la presente carta.
En su edición digital de fecha 14 de agosto de 2025, El Deber publicó una nota de prensa con contenidos agraviantes y alejados de la verdad contra mi persona. En ella, se reproduce una declaración del señor Stello Cochamanidis calificándome de “nefasto” para Santa Cruz, y otra del señor Klaus Frerking, atribuyéndome haber causado “daño” al sector agropecuario del departamento. Al publicar dicha nota, El Deber vulneró deberes contenidos en el Código de Ética Periodística especialmente el relativo al equilibrio y la pluralidad de fuentes. En efecto, no obstante estar la nota centralmente referida a mí, y afectar mi imagen con calificativos, al menos, altamente controversiales, jamás me consultó al respecto. Ante este atropello, tanto a mis derechos como a los principios éticos del periodismo, he solicitado a El Deber acceder a la réplica que es también mi derecho. No obstante haber remitido mi pedido formal en fecha 3 de septiembre, hasta el momento no he merecido respuesta alguna, lo que constituye una denegación tácita de mi demanda y, por lo tanto, un atropello doble.
De este penoso modo, El Deber me ha impedido afirmar en sus páginas que la realización más importante y trascendental de mi gestión como viceministro de tierras (2006-2010) fueron la titulación de una parte substancial de los territorios indígenas y tierras comunitarias campesinas tituladas hasta el presente, y la viabilización legal de la titulación de las restantes.
En Santa Cruz, se titularon poco más de tres millones de hectáreas como territorios indígenas en favor de aquellos pueblos que, siendo sus moradores ancestrales, fueron históricamente objeto de despojo, esclavitud, servidumbre y desprecio y casi nunca sujetos de propiedad agraria. Sería lamentable que el presidente del Comité Cívico (Cochamadis) ignore esta realidad cruceña fundamental. Pero lo sería aún más si conociéndola, la considere “nefasta”. En ambos casos, se demostraría que, para él, al igual que para las élites que han mandado históricamente en el departamento, los pueblos chiquitano, guarayo, ayoreo, guaraní, yuracaré y mojeño-trinitario no son Santa Cruz.
Tampoco se me permitió aclarar que, durante mi gestión, no solo se titularon territorios indígenas y tierras campesinas, sino también las de varios miles de propietarios individuales honestamente abocados al desarrollo agropecuario del departamento. Frente a ellos, los que se vieron afectados en sus pretensiones (no derechos), en estricta sujeción a la ley, fueron muy pocos, pero poderosos. Usando su poder, algunos de ellos pretendieron agrandar su ya muy grande patrimonio agrario a costa de la ilegal amputación de los territorios indígenas. Así, salvo que se asuma al sector agropecuario reducido a esta corta lista de poderosos afectados, no es cierto que causé daño al sector. Es también falso que impulsé avasallamientos. Durante mi gestión, los avasallamientos casi desaparecieron, y los muy pocos que se produjeron fueron invariablemente objeto de desalojo.
Por último, quise sugerir a El Deber que, en aras a una información equilibrada, publique junto a la fotografía de una pared descascarada en la casa de hacienda de Caraparicito (publicada en la nota de referencia), con la que se sugiere un devenir de pobreza y abandono después que dicha hacienda fue dotada a las comunidades guaraníes, una foto del tractor que esas comunidades compraron con los réditos de su cosecha de maíz obtenida solo en su primer año como propietarios y ya no peones.
Atentamente,
Alejandro Almaraz
