En el mismo proceso, se declaró en rebeldía al expresidente del BCB Guillermo Aponte Reyes Ortiz, sentenciado a cinco años de prisión, y a Walter Guzmán Tordoya, exgerente de Operaciones Internacionales del ente emisor, condenado a un año. Mientras que cinco exdirectores de la entidad fueron absueltos.
Brújula Digital|10|09|25|
El exministro de Economía del gobierno transitorio de Jeanine Añez, José Luis Parada Rivero, fue condenado a ocho años de prisión por haber gestionado una asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pandemia de COVID-19 sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Además, dos ejecutivos del Banco Central de Bolivia (BCB) fueron declarados rebeldes.
Especialistas, sin embargo, señalaron en varias oportunidades que se trató de una operación regular de administración de reservas internacionales que no requería autorización legislativa porque no era un crédito.
En el mismo proceso, conocido en medios como “caso FMI”, se declaró en rebeldía al expresidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, sentenciado a cinco años de cárcel, y a Walter Guzmán Tordoya, exgerente de Operaciones Internacionales del ente emisor, condenado a un año.
En cambio, los exdirectores Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, Erwin Walter Morales Carrasco y José Gabriel Espinoza Yáñez fueron absueltos.
“El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia, el Viceministerio de Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos, durante la gestión de Jeanine Añez”, declaró el procurador, Ricardo Condori, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El caso
El caso se refiere al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI, por el cual el país recibió 327 millones de dólares en abril de 2020, durante el gobierno de Añez, pero que fueron devueltos en febrero de 2021 por el actual presidente del BCB, Edwin Rojas.
El Gobierno, sin embargo, inició en 2021 un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Añez, el exministro Parada y Aponte con el argumento de que la operación de 2020 carecía de autorización parlamentaria.
Según el Ejecutivo y la Fiscalía, la transacción causó daño económico al Estado porque, al devolver los recursos al FMI, el tipo de cambio había variado y no existía una ley específica que la respalde. La defensa sostiene que las actuales autoridades deberían ser procesadas, ya que fueron ellas las que devolvieron los fondos y generaron la pérdida.
Los acusados fueron procesados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificados en el artículo 153 del Código Penal; incumplimiento de deberes, en el 154; contratos lesivos al Estado, en el 221, y conducta antieconómica, en el 224.
Condori destacó el resultado del proceso y afirmó que representa un “precedente inédito y favorable” para el país.
“Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, agregó Condori.
La defensa de Aponte recordó la semana pasada que en 2009, cuando el actual presidente del Estado, Luis Arce, ejercía como ministro de Economía, se efectuó una operación similar con el FMI sin autorización legislativa. Añadió que ese mecanismo se ha repetido en varias ocasiones desde 2021.
A fines del mes pasado, la defensa de un grupo de acusados denunció a fines del mes pasado que existió una “persecución política y doble juzgamiento”.
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