Según sus abogados, la causa vulnera el debido proceso ya que no se permitió asumir defensa virtual, se prohibió el contacto con la prensa y un juzgado ordinario pretende emitir sentencia pese a que corresponde un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
Brújula Digital|03|09|25|
La defensa del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, denunció que enfrenta un proceso judicial lleno de irregularidades por una operación de intercambio de Derechos Especiales de Giro (DEG) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), realizada durante la pandemia de 2020.
Según sus abogados, la causa vulnera el debido proceso ya que no se permitió asumir defensa virtual, se prohibió el contacto con la prensa y un juzgado ordinario pretende emitir sentencia pese a que corresponde un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
Aponte fue designado presidente del BCB en noviembre de 2019 mediante Resolución Suprema. En 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria, la institución realizó con el FMI un “swap” de monedas: entregó DEG a cambio de dólares con un costo del 1% anual. De acuerdo con especialistas, se trató de una operación regular de administración de Reservas Internacionales, que no requería autorización del Congreso porque no era un crédito.
La defensa recordó que en 2009, cuando Luis Arce era ministro de Economía, se hizo una operación similar con el FMI sin aprobación legislativa y ha sido repetida en varias oportunidades desde 2021, llegando a utilizar cerca del 90% de los DEG disponibles en las reservas, también sin requerir aval congresal.
Pese a esos antecedentes, en 2021 el gobierno de Arce impulsó un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez, el exministro de Economía José Luis Parada y Guillermo Aponte, bajo el argumento de que la operación de 2020 carecía de autorización parlamentaria.
Los abogados de Aponte sostienen que el juzgado ordinario que lleva el caso no es competente y que debe remitir los obrados al Parlamento, tal como ocurre en los juicios de responsabilidades.
Advirtieron además que esta misma semana podría emitirse una sentencia condenatoria contra el exmandatario del ente emisor, lo que –según señalan– agravaría la vulneración de derechos y sentaría un precedente contrario a la Constitución.
Aponte dejó la presidencia del BCB tras contagiarse de COVID-19 y viajó a Brasil con pasaporte de turista para recibir tratamiento médico. Desde entonces enfrenta procesos judiciales que, de acuerdo con su defensa, no guardan coherencia con la práctica histórica de la administración de reservas ni con la propia actuación del actual Gobierno.
Otras exautoridades involucradas
La defensa del resto de funcionarios del gobierno de Añez denunciaron paralelamente “persecución política y doble juzgamiento” en el marco del caso de un desembolso del FMI de 2020.
“La demanda judicial actual se interpreta como un proceso político que persigue y busca responsabilizar a técnicos y exautoridades, mientras el país atraviesa una de sus peores crisis de liquidez externa; existe, además, “un doble juzgamiento”, lo que vulnera principios básicos de legalidad y debido proceso”, dijo un comunicado de la defensa.
Aparte de los mencionados Parada y Aponte, son acusados también los exdirectores del ente emisor Armando Pinel, Walter Morales, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza, además del exgerente de operaciones Walter Guzmán y los exfuncionarios del Ministerio de Economía, Carlos Schlink y Cristhian Morales.
Según el gobierno del presidente saliente Luis Arce, y la Fiscalía, la operación produjo daño económico al Estado debido a que, al devolver el dinero al FMI, el tipo de cambio había variado y que se hizo sin contar con una ley específica. La defensa señala que los que deberían ser enjuiciados son las autoridades del presente gobierno, por haber devuelto esos recursos y haber tenido que pagar por esa devolución.
BD/RPU
