Entre los alrededor de mil exiliados, cifra que mencionan activistas de derechos humanos, están los integrantes del último gabinete de Sánchez de Lozada, acusados de “genocidio” debido a que firmaron un decreto supremo en el que autorizaban a las FFAA a actuar para contener las protestas sociales de 2003.
Brújula Digital|02|09|25|
Raúl Peñaranda U.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, convocó a los bolivianos que dejaron el país a causa de la persecución judicial a retornar, asegurando que la justicia “ha recobrado su independencia” y que ya no será utilizada como instrumento político.
La declaración generó expectativas entre cerca de mil exiliados, aunque también persisten dudas sobre las garantías efectivas para su regreso.
Entre los alrededor de mil exiliados, cifra que mencionan activistas de derechos humanos, están los integrantes del último gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusados de “genocidio” debido a que firmaron un decreto supremo en el que autorizaban a las FFAA a actuar para contener las protestas sociales de 2003.
En esas protestas murieron unas 60 personas, pero la defensa de los exministros asegura que ellos autorizaron que las FFAA actuaran, no que se mate a personas. Esos exministros residen sobre todo en España y Perú. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que reside en Washington, también está en la lista de los acusados.
El gobierno de Evo Morales promovió también forzadas acusaciones contra exministros con acusaciones sin fundamento sobre pago de bonos financiados por el BM, por ejemplo, o sobre la capitalización de empresas estatales.
En los casos de persecución política del gobierno saliente de Luis Arce se encuentran personas como el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, además de otras decenas de acusados, entre otros varios funcionarios del BCB que trabajaron durante el gobierno transitorio.
Los acusados de este último caso son el exministro de Economía, José Luis Parada, el expresidente del BCB, Guillermo Aponte, los exdirectores del ente emisor Armando Pinel, Walter Morales, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza, además del exgerente de operaciones Walter Guzmán. También fueron incluidos exfuncionarios del Ministerio de Economía, Carlos Schlink y Cristhian Morales. Varios de ellos están en el exilio.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Saucedo afirmó la semana pasada: “Con plena convicción, podemos afirmar que la justicia ha recobrado su independencia. Nunca seremos instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda. En el año del Bicentenario, hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas que están fuera del país para que retornen a celebrar con sus familias y su pueblo”. Según la autoridad, en Bolivia se ha restablecido el debido proceso.
La convocatoria coincidió con la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exdirigente cívico Marco Pumari, tras años de detenciones irregulares, originadas en la persecución política motivada por el MAS. Se espera ahora la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, acusada penalmente pese a que la Constitución ordena juicio de responsabilidades en el Legislativo.
La Justicia, que está aceleradamente acomodándose a la nueva correlación de fuerzas políticas, ha dado muestras de intentar sintonizar con los ganadores de las elecciones, es decir la oposición al MAS. Aparte de Camacho y Pumari, han sido liberados en días pasados militares acusados de los casos de Sacaba y Senkata y activistas políticos.
Si bien el mensaje del presidente del TSJ fue recibido como un gesto alentador, varios de los afectados mantienen cautela frente a la posibilidad de un retorno sin ulteriores acusaciones judiciales.
BD/RPU
