El balotaje del 19 de octubre no es solo una elección presidencial; es un referéndum sobre la capacidad del país para romper el ciclo de crisis o condenarse a perpetuar su declive.
Brújula Digital|23|08|25|
Carla Paz
Las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 han marcado un hito en la historia política de Bolivia: por primera vez, el país se encamina a una segunda vuelta presidencial, programada para el 19 de octubre, en la que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se enfrentará a Jorge Tuto Quiroga.
Paz, senador por Tarija e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, sorprendió al obtener alrededor del 32% de los votos, superando a figuras consideradas favoritas, como Samuel Doria Medina. Sin embargo, detrás de esta aparente ventana renovadora se esconde una realidad inquietante: un eventual gobierno encabezado por Paz y su vicepresidente Edman Lara podría no representar un quiebre sustancial con respecto a las prácticas del Movimiento al Socialismo (MAS), perpetuando así la inestabilidad política, social y económica que ha aquejado a Bolivia durante las últimas décadas.
En primer lugar, el binomio Paz–Lara exhibe una continuidad ideológica con el masismo que desmiente cualquier narrativa de cambio radical. Y llama la atención que concentró el voto en las mismas regiones identificadas tradicionalmente con el MAS. Rodrigo Paz, economista nacido en España en 1967, durante el exilio de sus padres, ha desarrollado su carrera política en un espectro centroizquierdista.
Fue alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, periodo en el que impulsó políticas sociales y de infraestructura, pero también cosechó críticas por gastos excesivos y falta de transparencia. Su plataforma actual, centrada en un “capitalismo para todos”, con énfasis en la descentralización y el apoyo a sectores populares, entona un discurso que remite de manera cercana al modelo redistributivo del MAS, aunque con un barniz más moderado. Resulta aún más revelador el rol de Edman Lara, exoficial de policía que captó el voto de las bases tradicionales del MAS.
Analistas como Andrés Gómez subrayan que Lara, con su discurso enfocado hacia gremiales y transportistas, consiguió el respaldo de grupos que históricamente han apoyado a Evo Morales. Esta afinidad queda confirmada en redes sociales, donde Lara ha retuiteado y expresado admiración por Evo y por el MAS en años anteriores, posicionándose como un “servidor” del movimiento.
Aunque Lara niega cualquier acercamiento reciente y califica esas acusaciones como “guerra sucia”, Morales atribuyó la victoria parcial del PDC precisamente a la influencia de Lara, señalando un “voto castigo” contra el gobierno actual, pero no un rechazo al masismo. Esta conexión apunta a que un eventual gobierno de Paz representaría una izquierda matizada, que mantendría prácticas clientelistas y populistas sin romper con el legado político de Morales y Arce.
En segundo lugar, la fragilidad política inherente a esta dupla augura una continuidad en la inestabilidad, haciendo improbable cualquier cambio sustancial. El PDC no cuenta con una mayoría sólida en la Asamblea Legislativa Plurinacional recientemente renovada, lo que obligaría a Paz a negociar con las diversas facciones del MAS o con bloques opositores fragmentados. El notable porcentaje de voto nulo, impulsado por Morales y alcanzando un 19,4%, refleja un descontento latente que podría traducirse en protestas si las demandas de movimientos sociales –como las organizaciones de cocaleros o campesinos– no son atendidas.
La historia reciente de Bolivia muestra cómo gobiernos transitorios han colapsado bajo estas presiones, como fue el caso de la administración de Jeanine Áñez (2019-2020). Por ende, un mandato de Paz, dependiente de componendas inestables y sin mayoría clara, podría durar apenas entre 18 y 24 meses antes de enfrentar una crisis que prolongue el ciclo de polarización y las divisiones internas exacerbadas por el MAS durante dos décadas.
En tercer lugar, la crisis económica y social del país podría agravarse bajo este escenario, atrapando a Bolivia en una espiral de crisis sin soluciones viables a corto plazo. El país cerró 2024 con un crecimiento del PIB de apenas 0,73%, y las proyecciones para 2025 apuntan a un estancamiento similar, agudizado por la alta dependencia con relación a los hidrocarburos y la escasez de divisas.
La inflación acumulada para este año roza el 17%, más del doble de las previsiones oficiales del 7,5%, con picos mensuales que erosionan el poder adquisitivo y provocan escasez de alimentos y combustibles. Las propuestas económicas de Paz, como créditos baratos y eliminación de barreras aduaneras, carecen de un financiamiento claro y dependen de un consenso legislativo que parece improbable, considerando también su oposición a préstamos internacionales.
En el ámbito social, esta vulnerabilidad podría reavivar convulsiones similares a las experimentadas en 2019, cuando se documentaron abusos a los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo masacres en Sacaba y Senkata.
Un gobierno débil podría recurrir a la represión para contener las protestas, perpetuando así detenciones arbitrarias y el hacinamiento carcelario –con prisiones que operan al 200% de su capacidad– sin implementar reformas estructurales necesarias.
En suma, el ascenso de Paz y Lara no pinta un escenario de transformación profunda, sino la reedición maquillada del masismo clásico: ideológicamente afín, políticamente frágil y económicamente riesgoso.
Bolivia, con su profunda polarización y crisis multifacética, seguirá siendo un terreno incierto donde las expectativas de cambio se diluyen en más de lo mismo. El balotaje del 19 de octubre no es solo una elección presidencial; es un referéndum sobre la capacidad del país para romper el ciclo de crisis o condenarse a perpetuar su declive.
Carla Paz Vargas es periodista.
