El voto es solo el inicio. Lo que sigue es el respeto a la ley, la vigilancia ciudadana y la construcción de instituciones que garanticen justicia, equidad y transparencia.
Brújula Digital|21|07|25|
Jorge Dulon
En Bolivia, la democracia es frágil no solo por las tensiones políticas nacionales, sino por lo que ocurre a diario en los municipios, donde la institucionalidad parece más una aspiración que una realidad. Lo que debería ser la base del funcionamiento del Estado –el respeto al voto, al Estado de Derecho y a la legalidad– suele quedar relegado frente a pactos de poder, redes clientelares y una ciudadanía ausente del control.
En municipios como Colcapirhua (2021), San Ignacio de Velasco (2022) o Cobija (2023) se ha registrado una práctica preocupante: autoridades electas por voto popular han sido destituidas mediante maniobras políticas disfrazadas de legalidad. En varios casos, en el pasado, concejos municipales removieron a alcaldes sin una sentencia ejecutoriada ni un proceso disciplinario claro, reemplazándolos por suplentes con apoyo político coyuntural. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que revela una peligrosa debilidad institucional.
Guillermo O’Donnell advertía sobre las “democracias delegativas”, donde se elige, pero no se gobierna dentro de las reglas. En Bolivia, ese concepto parece hecho a medida: se vota, pero luego se permite –o se tolera– que estructuras paralelas al sistema institucional tomen decisiones que deberían estar regidas por normas claras.
La ley se interpreta según la conveniencia del momento, minando así el Estado de Derecho. O como sucedió en 2008, cuando el Presidente Evo Morales dijo: “Si los abogados me dicen es ilegal, yo le meto nomás y les digo métanle nomás y después lo legalizan”.
La corrupción es un síntoma más de esta debilidad. Casos recientes como el de Viacha (2022), donde se denunció la compra irregular de luminarias LED. El de Warnes (2023), con obras adjudicadas a empresas vinculadas a funcionarios, o el de Cobija (2023), con millonarios contratos observados por la Contraloría, ilustran cómo la ausencia de controles eficaces y de participación ciudadana permite que el poder se ejerza sin rendición de cuentas.
Douglass North ya advertía que, sin instituciones inclusivas y estables, las reglas del juego tienden a ser capturadas por élites extractivas que actúan en beneficio propio.
Lo más grave no es solo la corrupción, sino la naturalización de la ilegalidad. Se impone una lógica en la que el poder se ejerce sin controles, porque los ciudadanos no exigen su cumplimiento y porque las instituciones no tienen ni autonomía ni fuerza para sancionar.
Como señalan Acemoglu y Robinson en ¿Por qué fracasan los países?, el desarrollo solo es posible cuando las instituciones políticas y económicas son inclusivas, es decir, cuando garantizan participación y aplican las reglas de manera generalizada.
En Bolivia aún estamos lejos de ese modelo. La debilidad de los órganos judiciales, el uso instrumental de la norma y la baja participación ciudadana en mecanismos como el control social o las audiencias públicas, contribuyen a un ecosistema donde la democracia se vuelve puramente formal. Votar sin garantizar el cumplimiento de las normas es apenas un ritual vacío.
El desafío es enorme, pero también urgente. Se necesita fortalecer la educación cívica y legal de la ciudadanía, profesionalizar los sistemas de control y fiscalización, y proteger la independencia de las autoridades judiciales y administrativas. La democracia no se defiende solo con discursos, sino con reglas claras, instituciones fuertes y ciudadanos activos.
Bolivia no podrá avanzar si no se toma en serio la institucionalidad democrática. El voto es solo el inicio. Lo que sigue es el respeto a la ley, la vigilancia ciudadana y la construcción de instituciones que garanticen justicia, equidad y transparencia.
Jorge Dulon es administrador público, cientista político y concejal del municipio de La Paz.
