Es fundamental que los actores políticos y empresariales trabajen juntos para fortalecer el marco legal y judicial, y garantizar la estabilidad institucional y la protección de los derechos de propiedad.
Brújula Digital|15|07|25|
Rolando Kempff
La seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. En Bolivia promover la seguridad jurídica es crucial para atraer inversiones, fomentar la confianza empresarial y garantizar la estabilidad institucional.
Este tema también ha sido exigido por las diferentes organizaciones empresariales del país. A fines del mes pasado, Óscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, pidió que el próximo gobierno ponga en vigencia reglas claras y de consenso con el sector privado, y así convertir a Bolivia en un lugar atractivo para la inversión.
Así mismo, Justiniano remarcó que los ganadores de las elecciones de agosto próximo deben convertir al Estado en un facilitador del trabajo de los empresarios bolivianos (grandes, medianos y pequeños).
Nuestra Constitución Política del Estado (CPE) considera que la seguridad jurídica es un derecho fundamental y un principio que guía la administración de justicia.
Dos artículos de esta CPE se refieren de manera específica a la seguridad jurídica. Para el Art. 306 “la economía plural está constituida por las diferentes formas de organización económica comunitaria, estatal, privada, y social cooperativa”; y el Art. 308 remarca con claridad que “el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada”.
Cuando un país ofrece la necesaria seguridad jurídica está asegurando que las leyes se aplicarán de manera justa, predecible y sin arbitrariedad, protegiendo a las personas y sus bienes. Este entorno se hace indispensable para permitir el desarrollo económico, social y político, fomentando la confianza en las instituciones, favorables para las inversiones y el respeto a los derechos.
Cuando un país ofrece la seguridad jurídica que demandan los inversionistas, éstos encontrarán estabilidad normativa, generando la confianza que busca el inversor.
La seguridad jurídica también significa acceso a la justicia, que se respeten los derechos individuales y que las leyes sean comprensibles para lograr un Estado de derecho fortalecido, que viva en democracia, con un proceso de desarrollo en ascenso y una confianza plena en todas las instituciones estatales.
Además, es necesario comprender que la seguridad jurídica es el soporte indispensable del desarrollo económico de un país, al dar las garantías para que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, tengan un entorno legal predecible y estable para tomar decisiones de inversión a largo plazo.
La seguridad jurídica es un factor clave para atraer inversiones extranjeras y nacionales. Los inversores buscan entornos legales y judiciales estables y predecibles para proteger sus inversiones y garantizar la rentabilidad de sus negocios.
Además, la seguridad jurídica fomenta la confianza empresarial y la innovación. Cuando las empresas saben que sus derechos y propiedades están protegidos, se sienten más seguras para invertir e innovar.
A mediados del año pasado, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasil, fue claro a afirmar que “Bolivia será lo que quiere ser. Lo que debemos es asegurar, primero, la estabilidad política, luego, la estabilidad fiscal, económica, jurídica y social. Si aseguramos estos criterios, no hay motivos para que Bolivia no tenga una economía fuerte”.
Emma Fischer abogada chilena, analista legal de la firma internacional Loopa Finance, que estuvo en Santa Cruz a mediados de este año afirmó que “el clima de desconfianza jurídica desincentiva la inversión externa”.
Debemos remarcar que la seguridad jurídica es uno de los pilares básicos en los que se sustenta la democracia, que permite asegurar que las relaciones entre la población y sus autoridades se basen en normas claras.
Promover la seguridad jurídica en Bolivia es un imperativo para el desarrollo económico y social del país. Es fundamental que los actores políticos y empresariales trabajen juntos para fortalecer el marco legal y judicial, y garantizar la estabilidad institucional y la protección de los derechos de propiedad. Solo así podremos atraer inversiones, fomentar la innovación y garantizar un futuro próspero para Bolivia.
Rolando Kempff es economista de la UMSA, PhD en relaciones internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
