Los candidatos deben romper con la continuidad de negociar solamente con los sectores más poderosos y volcar la atención a las propuestas de las que conocen las realidades.
Brújula Digital|02|07|25|
Claudia Arroyo y Matilde Rada
A la fecha, las organizaciones políticas de las 10 candidaturas presidenciales han presentado sus programas de gobierno, que han sido aceptados en el Tribunal Supremo Electoral. Al hacer una revisión de todos ellos, se puede observar que la alimentación es un tema presente pero sólo tangencialmente y nunca como una cuestión central. Es decir, mientras la población sufre cada día el aumento de precios, la escasez de alimentos y la inseguridad alimentaria, los actuales candidatos ofrecen soluciones paliativas con una mirada de corto plazo.
Es importante comprender la alimentación desde un enfoque sistémico y no como un fenómeno aislado de lo político, lo económico y lo ambiental. ¿De qué nos alimentaríamos si no hubiera bosques, fuentes de agua, semillas nativas o conocimientos de pueblos indígenas? ¿De qué nos alimentaremos si los candidatos no toman la alimentación como algo primordial de la política?
Proponemos ampliar la mirada a la alimentación, preguntarnos qué políticas están detrás de lo que comemos y quiénes son las autoridades competentes de asegurar nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, que actualmente está siendo vulnerado. En este contexto electoral, es fundamental preguntarnos por qué modelo de desarrollo vamos a votar y qué implica para nuestra alimentación, nuestra economía, nuestra salud y el medioambiente.
Lo que comemos debe estar en el centro de la agenda electoral, porque tener la posibilidad de elegir qué comer es una de las decisiones más importantes que asumimos cada día. Sin embargo, esas decisiones están sujetas a la calidad y oferta de alimentos que producimos, lo que está íntimamente ligado al medioambiente. Sin embargo, los incendios forestales, la deforestación, la contaminación de las aguas con mercurio, la vulneración de los derechos de pueblos indígenas, el peligro de extinción de incontables especies, está siendo totalmente amenazado por una visión netamente extractivista de los recursos naturales.
Desde el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz, un espacio de diálogo sobre políticas alimentarias, observamos que la inseguridad alimentaria actual se debe a que aún la percibimos como un asunto aislado y no político. Si bien los partidos y las alianzas políticas tocan el tema en todos los programas de gobierno, lo hacen con una mirada muy puntual, sin darse cuenta de que sus propuestas pueden caer en contradicciones.
Es así que la propuesta de los diferentes partidos políticos sobre la problemática medioambiental está centrada principalmente en fortalecer y abrir las exportaciones, promover acciones sancionatorias a quienes sean responsables de las quemas de bosques, brindar incentivos y apoyo principalmente a la agroindustria y, en menor proporción, a las familias productoras. Es decir, hay una preferencia de todos los candidatos por un sistema alimentario extractivista, en desmedro de uno sostenible y agroecológico.
Si observamos los programas de los cuatro candidatos con más intención de voto hasta la fecha, y los analizamos con una mirada de seguridad alimentaria y de sostenibilidad sistémica, se puede evidenciar contradicciones en las propuestas, que se detallan brevemente a continuación.
Alianza Unidad propone un modelo agroecológico y un uso sostenible de la tierra, pero también continúa impulsando la exportación de soya y de carne, lo que significa que se continuará desmontando bosques para alcanzar grandes volúmenes de producción.
Mientras tanto, Alianza Libre declara que tendrá una política estricta contra los incendios, pero apuesta por la producción de bioetanol y biodiesel, que implica elevar la deforestación y ha probado tener consecuencias desastrosas en otros países.
Alianza Popular sugiere fijar precios de productos clave de la canasta básica alimentaria, y, sin embargo, se abre a la expansión de la agroindustria.
Finalmente, Autonomía Para Bolivia APB-Súmate, si bien menciona la creación de programas de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, prioriza la exportación de girasol, soya y carne. Es, nuevamente, una propuesta que puede ir en contra de la preservación de bosques y ecosistemas.
Bajo ese marco es fundamental entender que la alimentación depende de los ecosistemas, agua, suelos, bosques. Como también de todos los sectores que conforman a los sistemas alimentarios: producción, transporte, comercialización y el consumo. Reflexionar sobre cada uno de estos elementos es importante para que se puedan tener propuestas y acciones coherentes en el próximo gobierno.
A partir de las propuestas, y en caso de que los partidos y alianzas consideren realmente acciones que impulsen prácticas agroecológicas que velen por nuestro derecho a la alimentación, ¿podemos creerles? ¿O se trata de otra “propuesta electoral” que, una vez en el gobierno, se oculta debajo la alfombra?
Hay cuestiones básicas que las múltiples crisis nos obligan a replantearnos. Sabemos que la urgencia en este momento es la crisis económica y que salir de la misma debe ser de inmediato. Para ello, el desafío es pensar muy bien en cómo hacerlo sin que ello signifique tomar medidas en desmedro de la población.
En esta coyuntura se presenta como una oportunidad desmontar bosques e introducir semillas transgénicas a favor de la agroindustria para favorecer la exportación. Sin embargo, esa decisión puede traducirse, a mediano plazo, en la vulneración de una de las necesidades más básicas, que es el derecho a alimentarnos sanamente y de forma sostenible, sin comprometer la salud de la gente ni los sistemas de vida que sustentan y sostienen la alimentación.
Los candidatos deben romper con la continuidad de negociar solamente con los sectores más poderosos, como la agroindustria y la minería cooperativista, y volcar la atención a las propuestas de las personas y sectores que conocen las realidades y construyen alternativas todos los días.
Es esencial que la población adopte un rol significativo para la exigibilidad y control social, ejerciendo su pleno derecho a la participación en los procesos de toma de decisión en el diseño y elaboración de políticas públicas. El sistema democrático no debe limitarse solamente al voto, sino a la participación plural en todos los procesos de decisión.
Claudia Arroyo y Matilde Rada son integrantes del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz.
Este artículo se realizó en el marco de la campaña digital Menú Electoral 2025 del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz, una plataforma de diálogo y análisis conformada por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, sector empresarial, sector académico, emprendedores alimentarios, profesionales y personas independientes comprometidas con el impulso de políticas públicas alimentarias.
