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Política | 30/04/2025   04:30

|OPINIÓN|Incremento salarial: una medida irresponsable con fines electorales|José Luis Bedregal|

La combinación de gasto público desmedido, caída de reservas internacionales, pérdida de competitividad productiva y una creciente informalidad, han puesto a nuestro país en una situación extremadamente vulnerable.

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Brújula Digital|30|04|25|

José Luis Bedregal

El reciente anuncio del gobierno de Luis Arce Catacora sobre un nuevo incremento salarial, en medio de una economía que da claras señales de agotamiento, es una muestra más del cortoplacismo y de la profunda desconexión de este régimen con la realidad del país. Esta decisión, disfrazada de justicia social, no responde a criterios técnicos ni a un análisis riguroso del estado actual de nuestra economía, sino más bien a una lógica netamente electoral, que busca apuntalar la imagen presidencial de cara a una eventual candidatura en 2025.

Mientras el gobierno insiste en mostrar una economía “estable”, lo cierto es que Bolivia arrastra un déficit fiscal crónico desde hace más de una década. La combinación de gasto público desmedido, caída de reservas internacionales, pérdida de competitividad productiva y una creciente informalidad, han puesto a nuestro país en una situación extremadamente vulnerable. En este contexto, imponer un incremento salarial forzoso es un acto de irresponsabilidad mayúscula.

El impacto en el sector productivo será devastador. Las grandes empresas, con acceso a crédito y respaldo financiero, podrán absorber –con dificultad– este nuevo golpe. Pero el verdadero drama lo vivirán las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el corazón del aparato productivo nacional y la principal fuente de empleo formal. Estas unidades productivas, muchas de ellas familiares, operan ya al límite, asfixiadas por los costos, la burocracia, la presión fiscal y la caída del consumo interno. Para ellas, este incremento no solo es impagable, sino que representa una amenaza directa a su supervivencia.

En lugar de dinamizar la economía, como ingenuamente argumentan algunos portavoces del oficialismo, esta medida terminará expulsando a miles de trabajadores del sector formal al informal. ¿Cuál es el incentivo para contratar legalmente cuando cada vez es más caro, más riesgoso y más complejo hacerlo? El resultado será una mayor precarización del empleo, una reducción de la base tributaria, y por ende, una mayor presión sobre un Estado que ya gasta mucho más de lo que recauda.

El gobierno de Arce, atrapado entre su incapacidad de reactivar el aparato productivo y su desesperación por mantenerse en el poder, opta por la vía fácil: ofrecer aumentos insostenibles para ganar aplausos en el corto plazo, sin medir las consecuencias de mediano y largo plazo. Esta es una típica receta populista, que sacrifica estabilidad por clientelismo, y que compromete seriamente la posibilidad de una recuperación real de la economía boliviana.

Es evidente que este anuncio salarial, no tiene otro objetivo que el de congraciarse con ciertos sectores estratégicos de cara a una candidatura presidencial en 2025. En lugar de asumir con seriedad los retos estructurales de la economía boliviana –productividad, diversificación, inversión, formalización–, el gobierno prefiere comprar adhesiones momentáneas con políticas demagógicas. Pero lo hace hipotecando el futuro del país.

Bolivia necesita políticas responsables, basadas en la realidad, el diálogo y el interés común. El incremento salarial, en este contexto, no es una conquista social: es un acto de imprudencia política que refleja la incapacidad del MAS para conducir al país con visión de Estado. Lo que está en juego no es solo la sostenibilidad del sector productivo, sino el destino mismo del empleo, de la inversión y de la dignidad económica de millones de bolivianos.

José Luis Bedregal es dirigente de SOL.Bo, aliado de UN.





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