Brújula Digital|09|03|25|
Eduardo Salamanca Chulver
Resulta ineludible una reflexión profunda sobre la explotación del litio, ampliando la discusión sobre el futuro de los recursos naturales, en particular el Salar de Uyuni, que representa no solo un tesoro geológico y turístico, sino un eje clave para el desarrollo económico y social de Potosí y de Bolivia. El debate debe trascender los intereses inmediatos y abordar una visión estratégica.
El Salar de Uyuni alberga la mayor reserva de litio del mundo que, debido a su demanda global creciente, se ha convertido en un objeto de interés internacional. Sin embargo, la explotación de este recurso no debe considerar solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el bienestar de los potosinos y de los bolivianos; sin limitarse a los acuerdos en proceso, suscritos con la firma china Hong Kong CBC Investment Limited y la compañía rusa Uranium One Group, sino abrirse a un análisis más amplio, que incluya todas las dimensiones de la explotación del litio y otros recursos evaporíticos del Salar.
Expertos y autoridades han expresado sus preocupaciones sobre los contratos mencionados, señalando falta de transparencia, condiciones desventajosas para el país y vulneración de la normativa nacional. Se afirma también que el contrato con la empresa china vulnera la Constitución, sobre la consulta previa, la transferencia de tecnología y el control estatal; asimismo, comprometería a Bolivia a pagar más de 2.000 millones de dólares; con regalías mínimas para Potosí.
Este escenario plantea la urgente necesidad de un viraje en las políticas relacionadas con la explotación del litio. Si bien el gobierno insiste en que el tiempo apremia y que el litio es clave para el futuro energético de Bolivia, esta premura motivada por intereses político-electorales, no debe justificar decisiones apresuradas que atenten contra los intereses nacionales y regionales.
Es risible que el proceso de socialización se lleve a cabo "después de la aprobación del contrato", lo que contraviene la normativa vigente que exige consultas previas, estudios ambientales e informes técnicos. En este contexto, el Comité Cívico Potosinista, debe ser el protagonista de este debate. Es crucial una consulta previa y la participación activa de todos los sectores sociales, académicos y cívicos para asegurar que las decisiones reflejen los intereses de la población y no de actores externos o del gobierno. No basta con una socialización superficial ("Vamos a socializar el contrato hasta el último rincón de Potosí y, claro que sí, de Bolivia también"); se necesita un diálogo abierto, informado y plural que contemple las perspectivas de todos los involucrados.
El presidente Luis Arce ha advertido que “el tiempo del litio se nos puede escapar de las manos”. Esta visión apresurada de la explotación del litio, ignora que es responsabilidad del gobierno asegurar que cualquier proyecto de explotación de recursos naturales respete los intereses nacionales y regionales, garantizando una distribución justa de las ganancias, el respeto por los derechos de las comunidades locales, el cumplimiento de los estándares ambientales y el sometimiento a la CPE y leyes bolivianas.
Es fundamental que Bolivia avance hacia la industrialización del litio, generando valor agregado y no se limite a ser un proveedor de materia prima. La fabricación de baterías de litio y vehículos eléctricos en el país, con transferencia tecnológica y participación activa de las comunidades, debe ser el objetivo central de la explotación del litio.
El periodista Andrés Gómez, relata: “Montó una bicicleta y manejó. No era una ‘bici’ cualquiera, tenía una batería de ión litio. No era un ciclista cualquiera, era el Presidente. (17|02|14) quedó registrado para la historia: Bolivia entraba a la era de la industrialización del litio. Luego nos enteramos que fue una mentira. Esa planta, ubicada en Palca, Potosí, no produjo ni una batería.”. Gómez, citando a la periodista Madeleyne Aguilar, agrega que “Entre 2012 a 2021, el Estado boliviano asignó un presupuesto de 1.231 millones de dólares para la industria del litio en Bolivia.”.
Esto a más de evidenciar un acto grotesco, nada menos que de un presidente, es el claro ejemplo de la mala gestión y la falta de visión estratégica; por lo que se debe realizar una auditoría forense integral a todos los proyectos relacionados con la explotación del litio y los recursos del Salar de Uyuni, con el fin de identificar responsabilidades y garantizar que no se repitan los mismos errores.
Me atrevo a proponer pasos previos fundamentales para garantizar una explotación justa, sostenible y estratégica del Salar de Uyuni:
Industrialización y valor agregado: La explotación del litio debe conducir a la creación de industrias, con énfasis en la fabricación de baterías de litio y vehículos eléctricos. Bolivia no puede seguir siendo solo un proveedor de materia prima.
Consultas previas y participación ciudadana: Toda política, proyecto o contrato relacionados con la explotación del litio deben ser consultados previamente, siendo el Comité Cívico Potosinista el ente principal para representar a Potosí, de manera informada y consensuada con las organizaciones regionales e instituciones académicas, científicas y expertos.
Aprobación de una Ley de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni: Esta debe ser una prioridad para el próximo gobierno, con el fin de establecer un marco regulador claro y transparente, considerando una participación y equitativa para el departamento y provincias donde se encuentran estos recursos, mediante regalías justas.
Auditoría integral de los proyectos de litio: El próximo gobierno debe realizar una auditoría forense a los proyectos relacionados con el litio, en los gobiernos de Morales y Arce, para esclarecer el uso de más de MIL millones de dólares de recursos públicos.
Exigir a los candidatos presidenciales un pronunciamiento claro: Deben comprometerse explícitamente sobre su visión y propuestas para la explotación del litio y los recursos del Salar de Uyuni.
La explotación del litio y los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni debe ser un proceso estratégico que asegure el beneficio de todos los bolivianos, especialmente de los potosinos, que han sido históricamente marginados de los frutos de la explotación de sus recursos. Este es, un acto de responsabilidad y compromiso con las generaciones venideras.
Eduardo Salamanca Chulver es abogado.