|ANÁLISIS|Políticos con escrúpulos Vs. políticos sin escrúpulos|Eduardo Salamanca|

Brújula Digital|22|02|25|

Eduardo Salamanca

En la historia de la política, los conceptos de “izquierda” y “derecha” han sido una referencia clave para dividir a los actores políticos según sus ideas, visiones y propuestas sobre el Estado, la economía, la justicia social y la distribución del poder y la riqueza. La génesis de estas categorías remonta a la Revolución Francesa de 1789, cuando los miembros de la Asamblea Nacional se dividieron en dos grupos según su postura frente a los cambios radicales impulsados por la revolución. 

Los que se sentaban a la izquierda del presidente de la Asamblea eran los que defendían la transformación profunda del sistema, en su mayoría los jacobinos y revolucionarios que buscaban una república más igualitaria y democrática, mientras que los de la derecha, quienes se oponían a esos cambios, defendían el orden monárquico y la jerarquía social establecida. Desde ese entonces, las categorías de izquierda y derecha fueron adoptadas en gran parte del mundo como una forma de clasificar a los actores políticos de acuerdo a sus visiones ideológicas.

Sin embargo, este esquema de división ya no es suficiente para comprender el panorama político de muchos países, y Bolivia no es la excepción. Hoy en día, la confrontación política en nuestro país no puede explicarse únicamente a partir de los términos “izquierda” y “derecha” que, ya no reflejan la verdadera naturaleza de la lucha política actual. En Bolivia, ya no se trata de elegir a un Presidente de izquierda o uno de derecha, sino elegir entre un Presidente con escrúpulos y otro sin escrúpulos.

El MAS y su figura principal, Evo Morales, se autodenominan como un partido de izquierda, adoptando un discurso de lucha contra las injusticias sociales, los abusos de poder de las élites y la defensa de los pueblos indígenas. Sin embargo, la administración del MAS ha estado marcada por escándalos de corrupción que contradicen profundamente el supuesto compromiso del gobierno con los valores de justicia y equidad.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del Fondo Indígena, que estalló en 2015 y reveló la desviación de aproximadamente 6,8 millones de dólares destinados a financiar proyectos para comunidades indígenas. La corrupción y el desvío de fondos de estos programas perjudicaron a los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana. Este escándalo expuso la falta de escrúpulos de los actores políticos al frente del gobierno, quienes no dudaron en aprovecharse de los recursos destinados a los más necesitados.

Otro de los temas que subraya la ausencia de principios éticos es el denominado caso CAMC,  (China National Machinery Corporation), relacionado con contratos millonarios otorgados a esta empresa para la construcción de obras públicas. En particular, se denunció que el gobierno de Morales adjudicó contratos multimillonarios en el sector energético e infraestructural sin seguir el debido proceso de licitación y, lo que es más grave, en el marco de un sistema de sobornos. En 2015, CAMC recibió contratos del gobierno por más de 570 millones de dólares. Este caso no solo expuso la corrupción en la adjudicación de obras públicas, sino que además mostró cómo el gobierno manejó los recursos del Estado para beneficiar a actores privados, sin importar la transparencia o la justicia e involucró a Morales Ayma en “amoríos” con Gabriela Zapata, lo que incorporó a las denuncias, un evidente tráfico de influencias.

De igual manera, el caso Chaparina, ocurrido en 2011, reflejó un abuso de poder que dejó en evidencia la brutalidad del gobierno de Morales hacia los pueblos indígenas que se oponían a la construcción de una carretera a través del TIPNIS. La represión violenta de la marcha indígena por parte del gobierno, que utilizó recursos del Estado para enfrentar la protesta, puso en evidencia la falta de respeto por los derechos humanos y la voluntad de utilizar el poder para acallar a quienes se oponían a sus intereses.

No podemos pasar por alto el escándalo relacionado con la compra de helicópteros en 2018. La adquisición de ocho helicópteros a la empresa italiana Leonardo fue gravemente cuestionada debido a los sobreprecios y la falta de transparencia en el proceso de adquisición. La operación, cuyo costo fue significativamente superior al valor de mercado de los helicópteros, expuso una vez más la actitud deshonesta y carente de escrúpulos de quienes dirigían el país.

En cuanto a la Casa Grande del Pueblo, un lujoso complejo gubernamental construido en La Paz, se invirtieron aproximadamente 34 millones de dólares en un proyecto cuya necesidad y justificación nunca quedaron claras. Este edificio se convirtió en otro ejemplo del derroche de los recursos públicos bajo un gobierno que se presentaba como defensor de los intereses del pueblo, pero que en realidad no dudó en gastar grandes sumas de dinero en proyectos faraónicos que beneficiaban principalmente a la élite política del MAS.

Existen incontables denuncias de corrupción; empero y por último, es fundamental aludir a la situación del sistema judicial boliviano que, bajo el dominio del MAS, ha sido una de las más preocupantes. La desinstitucionalización y la politización del poder judicial han dado lugar a un contexto en el que los opositores políticos son condenados de manera descarada y los casos de corrupción dentro del mismo gobierno quedan impunes. En particular, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha demostrado una parcialidad alarmante, siendo utilizado como un instrumento para consolidar el poder del Ejecutivo y para perseguir a aquellos que se oponen a las políticas del gobierno; e igualmente, es denunciado a diario por la emisión de sentencias, fallos y resoluciones “a la carta”, con grave corrupción de por medio.

El conjunto de estos casos demuestra de manera contundente que el verdadero y vigente dilema en Bolivia no es simplemente una confrontación entre izquierda y derecha, sino una lucha mucho más profunda, que es la lucha entre los políticos que aún mantienen un mínimo de escrúpulos éticos y aquellos que han renunciado a cualquier tipo de principio moral para mantenerse en el poder. 

Hoy en Bolivia, la disyuntiva que debemos enfrentar no es entre un gobierno de izquierda o uno de derecha, sino entre un Presidente que respeta los valores de la justicia, la transparencia y la ética pública, y un Presidente que ha demostrado, a través de sus acciones y omisiones, que no tiene ningún reparo en utilizar el poder para enriquecerse y perpetuarse en el poder, sin importar el daño que cause al pueblo boliviano.

Por lo tanto, el desafío para Bolivia en el futuro inmediato es claro: optar entre políticos con escrúpulos, que trabajen por el bienestar del país y respeten los principios democráticos, y aquellos que solo buscan su beneficio personal a costa de la descomposición moral y política de la nación. La verdadera confrontación ya no es entre ideologías, sino entre la integridad y la corrupción. Solo una práctica ética y moral en la política boliviana podrá garantizar un futuro con justicia social, democracia y libertad. 

En la próxima elección, está en juego el futuro de nuestra patria; es decir, el de nuestros hijos y nietos.

Eduardo Salamanca es abogado.