|ANÁLISIS|El crimen organizado ¿moldeará las elecciones en Bolivia?|Roberto Rosso|

Brújula Digital|14|02|25|

Roberto Rosso

El crimen organizado desafía el desarrollo y la gobernabilidad democrática en Hispanoamérica y el Caribe. Este fenómeno se ha generalizado y ha adquirido nuevas y más violentas formas de operación en todo el hemisferio. Los desafíos que plantea el crimen organizado son diversos y de difícil resolución.

La gobernabilidad democrática depende de una combinación virtuosa de dos elementos, a saber: el “buen gobierno”, que se expresa mediante la eficiente y eficaz atención de las demandas de la ciudadanía, y la legitimidad del mandato, cuya calidad no solo deviene de la existencia de procesos electorales libres y limpios (precondición necesaria, pero no suficiente, para garantizarla). Una de las principales características del crimen organizado es su naturaleza transnacional.

El crimen organizado produce distintos tipos de daños: Sobre los individuos, como el resultante del tráfico de seres humanos; en las comunidades, donde el elemento de intimidación es particularmente significativo y la violencia se incrementa de la mano de mafias y “señores de la guerra” locales e “intocables”.

Después de 49 días de ausencia, la Policía volvió al Trópico finalmente esta semana. El viceministro de Régimen Interior y Policía indicó que el crimen organizado y el narcotráfico se concentran en esta región de Cochabamba.

Dijo también que, en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, durante la gestión pasada se cometieron delitos como tráfico de armas, secuestro, contrabando, lavado de dinero y extorsión. Y lo más reciente, intentaron quemar a militares.

Las elecciones generales de Bolivia están previstas para realizarse el 17 de agosto de 2025. El país votará en lo que se espera sea la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una posible segunda vuelta el 19 de octubre de 2025.

Pero seamos realistas. A fin de cuentas, la administración del presidente Arce está más preocupada por vender una estrategia de seguridad que por implementarla. El acusado de narcotráfico Sebastián Marset escapó, entre muchos otros casos. Se abrirán debates en los próximos meses, pero no hay propuestas claras al respecto, solo riñas entre los bandos políticos y un chispazo de un millón de emprendimientos.

Surge, entonces, la pregunta de rigor: ¿Bolivia continuará en el espectro del populismo de izquierda, la corrupción, el narcotráfico y el probable crimen transnacional?

Lanzamos a los futuros candidatos algunas preguntas en materia de seguridad:

Crisis penitenciaria: ¿Qué harán con la vulneración de los derechos humanos en las cárceles de Bolivia, las condiciones infrahumanas en la mayoría de los recintos carcelarios, el hacinamiento, el abuso de la detención preventiva y la retardación de justicia?

Minería ilegal: Los principales actores de la minería en Bolivia son las cooperativas mineras. Su poder económico y político, junto con la escasa regulación de la industria, les ha permitido expandir sus operaciones a las regiones más remotas de la Amazonía boliviana, incluyendo áreas protegidas. Sus actividades suelen estar asociadas con actores ilegales que operan sin licencia ambiental o en alianza con empresas dudosas de China y Colombia. ¿Qué solución proponen ante la arremetida del sector cooperativista minero?

Corrupción: La percepción sobre cuán corrupta es la administración pública de un Estado influye de manera significativa en la confianza que le otorgan los organismos internacionales, los inversores, los países que ejecutan programas de cooperación internacional y, también, quienes invierten en bonos soberanos. En los últimos 10 años, Bolivia ha bajado su puntaje en cinco unidades, situándola entre los seis países más corruptos de Hispanoamérica y el Caribe. ¿Pueden mencionar dos mecanismos para combatir la corrupción?

La espiral de violencia sobre la economía criminal es un recordatorio de que quien gane las elecciones enfrentará un panorama desafiante, en el cual incluso las medidas punitivas más fuertes tendrían un impacto limitado y podrían ser perjudiciales para el Estado de derecho y la seguridad jurídica en Bolivia.