|ANÁLISIS|Barbarie política|Hernán Terrazas|

Brújula Digital|20|11|24|

Hernán Terrazas E.

En Bolivia un gobierno es autoritario o no, según el cristal con el que se lo mira. Con lo de abusivo pasa lo mismo. Basta ver lo que sucede con la detención así fuera momentánea, de varios dirigentes del MAS del ala evista, entre ellos el diputado Héctor Arce. La oposición no lo celebra, pero tampoco dice nada al respecto, con lo que desgraciadamente avala el desprecio del gobierno por la justicia en otros casos, como los de la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y una larga lista de exautoridades cuyo único delito fue ser parte de un “golpe” fantasioso.

Si hubiera consistencia, al igual que se reclamó por la fabricación de una “masacre” y la detención del exprefecto Leopoldo Fernández, en Pando, también debe cuestionarse lo sucedido en los últimos días, incluso con personajes como el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien seguramente debe rendir cuentas ante la justicia por casos recientes y por otros en los que estuvo involucrado y que no fueron aclarados ni sancionados en su momento, pero que merecen un debido proceso.

La medida de lo justo no tiene que ver con el termómetro de la condena o el rechazo social, porque si fuera así todo quedaría en un ilegal ajuste de cuentas, un linchamiento, como el aplicado por el MAS contra varios de los opositores en los últimos 19 años.

Lo que está claro es que, cuando el gobierno se siente asediado por adversarios o agobiado por una crisis que lo sobrepasa, apela al arma de la persecución. En eso, Luis Arce actúa exactamente igual a como lo hacía Evo Morales. Lo de ambos es la persecución política, la instrumentalización de la justicia con fines de revancha. 

En eso no hay diferencia entre la lógica aplicada contra Fernández, Bakovic, Chonta Pinto, Jeanine Añez y Camacho, entre otros, con la que hoy prevalece en contra de Humberto Claros, Ramiro Chucho y Héctor Arce. En todos estos casos, lo abusivo se impone a lo justo y debe ser condenado por igual, si nos atenemos a que lo principal es reivindicar principios que ignoraron los gobiernos del MAS, de Morales a Luis Arce.

El problema o, más bien, la consecuencia de la polarización es que, entre las víctimas del atrincheramiento de los extremos sociales, figuran la justicia, la presunción de inocencia, los derechos humanos y las libertades democráticas. 

La disputa por el poder se convierte así en una batalla por quién o quiénes serán los que tomen venganza y no, como debería ser, por quién o quiénes serán los que terminen con la “barbarie” política y restablezcan el estado de derecho.

Hernán Terrazas es periodista