Constitucionalista advierte riesgos en la implementación de la ley que suspende a magistrados

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El constitucionalista Williams Bascopé advirtió posibles problemas legales en la aplicación de la ley que cesa a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), promulgada este martes por el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Andrónico Rodríguez. Según el experto, el proceso podría derivar en interpretaciones contradictorias y conflictos entre poderes del Estado.  

Bascopé afirmó que el procedimiento legislativo habitual establece que las leyes deben ser enviadas al Ejecutivo para su revisión antes de su promulgación. "La sanción o promulgación de cualquier ley debe pasar al Ejecutivo para que esta instancia pueda observarla. Si no hay observaciones, la promulga. Si las hay, estas deben hacerse dentro de los 10 días posteriores a su sanción en la Asamblea Legislativa, y con esas observaciones vuelve a la Asamblea", explicó el analista.  

Sin embargo, en este caso, según dijoi Bascopé a Unitel, "parece que falta un trámite más para ser sancionada o promulgada como ley". También recordó que ya se planteó recursos de nulidad contra las decisiones de la ALP, lo que anticipa una posible "pelea de interpretaciones jurídicas e inconstitucionales".  

En ausencia del presidente Luis Arce, quien participa en la cumbre del G-20 en Brasil, y del vicepresidente David Choquehuanca, quien ejerce la presidencia interina del país, Rodríguez asumió la promulgación de la ley argumentando el cumplimiento del mandato constitucional. La norma declara cesantes a los magistrados del TCP cuyo mandato, según el texto, concluyó el 2 de enero de 2024.  

Puesta en vigencia de la ley

El constitucionalista destacó que el efecto jurídico de la norma comenzará solo tras su publicación en la Gaceta Oficial. "Dudo que se vaya a promulgar definitivamente; la controversia será si se publica, si se promulgó adecuadamente, si se sancionó correctamente o si el presidente en ejercicio (David Choquehuanca) hará alguna observación", precisó.  

Según Bascopé, si la ley entra en vigor, tendría como principal objetivo "cortar de llano la autoprórroga que ejerce el TCP". Sin embargo, advirtió que esto podría agudizar los conflictos entre poderes del Estado, calificando la situación como "una pulseta institucional".  

El acto de promulgación fue respaldado por la resolución 015/23-24 de la ALP, que conminó a Choquehuanca a promulgar la ley ante la ausencia de observaciones del Ejecutivo en el plazo establecido. Según el procedimiento legislativo, cuando el Ejecutivo no se pronuncia sobre una ley en los plazos previstos, esta puede ser promulgada por el presidente de la Asamblea.  

Rodríguez justificó su decisión destacando la vigencia de los artículos 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado. "Esta promulgación responde al mandato popular y al cumplimiento de la Constitución", afirmó el presidente interino de la ALP.  

BD/RED