La Sala Constitucional Segunda admite amparo contra el proceso de selección de candidatos a Fiscal General

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La Sala Constitucional Segunda de La Paz aceptó una acción de amparo constitucional presentada por Porfirio Machado Gisbert en contra del proceso de elección del Fiscal General del Estado. Esta decisión se basa en la supuesta vulneración de derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) durante el proceso de preselección, en el cual Machado postuló sin éxito para el cargo.

La resolución judicial establece que “en atención a la demanda de acción de amparo constitucional y al memorial que antecede, se admite la presente acción de amparo constitucional interpuesta por Porfirio Machado Gisbert”. Entre los demandados se encuentran el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Luis Adolfo Flores; al secretario de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura, Santiago Ticona; así como a Froilán Mamani y otros miembros de la comisión.

La audiencia para abordar este amparo se llevará a cabo de manera virtual a través de Zoom el próximo viernes 25 de octubre a las 14:00, tres días después de que venza la gestión del actual Fiscal General Juan Lanchipa. “La audiencia virtual pública se llevará adelante a las 14:00 del 25 de octubre”, reza la determinación de la Sala Constitucional.

Esta determinación surge después de que se finalizó la etapa de examen oral y evaluación de propuestas de gestión de los postulantes a la Fiscalía General. La Comisión Mixta de Justicia Plural se reunirá nuevamente en los próximos días para remitir su informe de selección a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que será responsable de la designación del nuevo Fiscal General.

Porfirio Machado Gisbert, el abogado accionante, señaló en su memorial que “sus derechos y garantías habrían sido vulnerados” por los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, durante el proceso de preselección a fiscal. La situación jurídica actual sugiere que un fallo de la Sala Constitucional podría frenar el proceso de selección del nuevo Fiscal General.

BD/RED