Sala Constitucional de Pando paraliza las elecciones judiciales y genera controversia

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La Sala Constitucional de Pando decidió este martes declarar desierta la convocatoria para las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el ámbito nacional, en respuesta a una acción presentada por María Esther Caero, una postulante que fue excluida del proceso. La decisión, que afecta el desarrollo de los comicios judiciales previstos para el 1 de diciembre generó preocupación en diversos sectores.

"Se ha dispuesto declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente para el departamento de Pando, sino a nivel nacional," explicó José Luis Sotelo, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. Añadió que una vez la resolución sea notificada, se podrían solicitar complementaciones o enmiendas, y que será remitida al Tribunal Constitucional para su revisión.

Caero argumentó que la Asamblea Legislativa Plurinacional incluyó como candidata aprobada por Pando a una abogada que reside en Cochabamba, lo cual violaría los requisitos de la convocatoria.

Merky Martínez, abogado de Caero, agregó que había candidatos que estaban reprobados en el tema de meritocracia y evaluación de conocimientos; “pero aun así fueron incorporados en las listas. También había candidatos que no pertenecían al departamento”.

Este no es el primer incidente de este tipo en Pando. Anteriormente, la misma Sala Constitucional dictaminó la anulación de la preselección de candidatos judiciales bajo el argumento de que el reglamento no beneficiaba adecuadamente a los candidatos indígenas y mujeres.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió sobre los riesgos financieros que podría acarrear la suspensión del proceso electoral. Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del TSE, informó que una eventual paralización causaría un perjuicio económico de 55 millones de bolivianos, que se invirtieron en la organización de los comicios. “Una paralización del proceso afectaría a las finanzas y podría deteriorar la confianza en la institucionalidad democrática del país”, señaló.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también expresó su preocupación. "Suspender unas elecciones sería un mensaje negativo a la población, en el sentido de que la institucionalidad democrática en nuestro país se está deteriorando," advirtió Callisaya, pidiendo mesura a las salas constitucionales.

A la par de lo que ocurre en Pando, otra Sala Constitucional en Beni está evaluando un recurso similar que podría obstaculizar aún más el desarrollo de las elecciones judiciales.

BD/LE