Oposición denuncia estrategia del Gobierno contra las judiciales para prorrogar a magistrados

Brújula Digital |15|10|24|

Opositores lanzaron duras críticas a la declaratoria de desiertas de las convocatorias para las elecciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Consideran que se trata de una maniobra gubernamental para frenar la renovación del sistema judicial boliviano y prorrogar a los actuales magistrados indefinidamente, lo que afecta la democracia y el proceso electoral.

El abogado Vladimir Peña calificó la situación como una "noticia nefasta para el país, la democracia y el proceso electoral, y la justicia que necesita un cambio". Según Peña, existe una "estrategia gubernamental para impedir que se cambien los altos cargos de la justicia y prorrogar a los actuales magistrados".

Añadió que “hay una mano del Gobierno nacional que no quiere que haya una renovación de la justicia", advirtiendo que los fallos emitidos por las salas constitucionales "sientan un precedente nefasto" que debe ser detenido.

"El Órgano Electoral debe hacer valer su condición de órgano del Estado, no puede ser que una sala esté impidiendo el desarrollo del proceso electoral en curso", concluyó Peña e instó al Tribunal Constitucional Plurinacional a revocar los fallos para dar certidumbre al pueblo boliviano.

El diputado y jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, acusó al gobierno de Luis Arce de "arremeter nuevamente contra las elecciones judiciales". Según Alarcón, el gobierno está utilizando las salas constitucionales para garantizar que los magistrados "autoprórrogados" continúen en sus cargos, mientras "cercenan las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)".

Además, advirtió que si el Tribunal Supremo Electoral no defiende su investidura ante este "fallo prevaricador y emitido sin competencia", se pondrán en riesgo no solo las elecciones judiciales, sino también las presidenciales de 2025. "Este trabajo sucio lo harán los autoprorrogados que quieren hacer caer la elección judicial con sus secuaces, los vocales de salas constitucionales, poniendo bajo sus pies al Tribunal Supremo Electoral", sentenció Alarcón.

La legisladora de oposición Luisa Nayar emitió un duro mensaje en redes sociales, acusando directamente al gobierno del MAS de no querer llevar a cabo las elecciones judiciales.

“El gobierno del MAS no quiere las elecciones judiciales. Quiere mantener la tiranía judicial de los autoprorrogados y, si puede, mediante ellos, también prorrogarse en el poder", afirmó Nayar. Además, señaló al presidente Luis Arce y al exministro de Justicia, Iván Lima, como los arquitectos de un plan orquestado "hace mucho tiempo" para burlarse del pueblo boliviano y perpetuar su control del poder. "La indignación ha llegado al límite y no se podrán salir con la suya. Es hora de frenar esta locura", concluyó Nayar.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó su preocupación por la "profundización de la fragilidad institucional democrática" en el país. Para Callisaya, la prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales podría llevar a "salidas no democráticas" y "no se debe limitar el derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades". En este sentido, pidió a las autoridades actuar con celeridad para enviar un mensaje correcto a la población.

BD/LE