Este sábado, la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar resaltó la noticia en su cuenta de X. “La justicia tarda pero llega y nadie es impunemente poderoso. Un día no muy lejano todos los masistas asesinos y ladrones que le hicieron tanto daño a nuestro país rendirán cuentas”.
Fotografías de archivo del Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz. Fotos: ABI
Brújula Digital|05|10|24|
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este viernes que el 26 de julio presentó el caso del Hotel Las Américas ante la Corte de este organismo (Corte IDH).
En un boletín difundido este viernes, la CIDH da una serie de elementos para comprender los hechos del 16 de abril de 2009 en el operativo policial al mencionado hotel.
El caso es el 13.546 y se refiere a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del operativo que ocasionó la muerte de Michael Dwyer, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y la detención de Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
El 26 de julio, la CIDH informó a la Cancillería boliviana que no aceptó el plazo que solicitó el Gobierno para una prórroga en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el caso 13.546 y que ese día lo remitió a la Corte IDH.
En Comunidad Ciudadana resaltan la noticia
Este sábado, la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar resaltó la noticia en su cuenta de X.
“La justicia tarda pero llega y nadie es impunemente poderoso. Un día no muy lejano todos los masistas asesinos y ladrones que le hicieron tanto daño a nuestro país rendirán cuentas”.
Datos difundidos por la CIDH
- El 14 de abril de 2009, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz por delitos contra la seguridad interna del Estado.
- El 16 de abril, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) ingresó a las instalaciones del Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones disparando sus armas de fuego.
-Como consecuencia de dicho operativo Michael Dwyer y otras dos personas murieron y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
-Días después, se realizó la detención de Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Las cuatro personas detenidas alegaron tortura.
Conclusiones de la CIDH
El boletín de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla también las conclusiones del organismo en torno al caso y que están en su Informe de Fondo 394/21. Estas son:
-La CIDH destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte. Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal.
-La Comisión también subrayó que sus detenciones fueron ilegales y arbitrarias, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.
-Adicionalmente, señaló que en el proceso penal por terrorismo contra las víctimas se violaron sus garantías judiciales.
-Las víctimas fueron trasladadas a un juez en La Paz sin justificación legal y permanecieron en detención preventiva durante períodos excesivos. Tadic y Tóásó estuvieron detenidos casi seis años, mientras que Guedes y Mendoza por más de 10 años.
Recomendaciones al Estado
En su informe, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado:
-Reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial.
-Implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas.
-Realizar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, de forma cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura.
-Adoptar medidas para prevenir futuros incidentes similares, a través de la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos dirigidos a la policía, el Ministerio Público y la Judicatura.
BD/JA