“Ya que la tuvo en su poder por más de cinco días, lo que resulta más alarmante es que esta orden de aprehensión fue recogida personalmente por la exfiscal departamental, quien la guardó en un sobre cerrado durante ese tiempo”, dijo Alejandra Rocha.
La directora de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, Alejandra Rocha. Foto:captura de pantalla Fiscalía
Brújula Digital | 04|10|24
La directora de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, Alejandra Rocha, declaró este viernes que la exfiscal de Tarija Sandra Gutiérrez se “guardó” durante cinco días la orden de aprehensión por el delito de trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales.
Según Rocha, Gutiérrez tuvo en su poder la orden desde el 29 de septiembre, pero no la ejecutó a tiempo.
“Ya que la tuvo en su poder por más de cinco días, lo que resulta más alarmante es que esta orden de aprehensión fue recogida personalmente por la exfiscal departamental, quien la guardó en un sobre cerrado durante ese tiempo. Este comportamiento sumamente irregular genera serias dudas sobre las intenciones detrás de la reserva de esa orden”, indicó Rocha.
Consecuencias de la nulidad de la orden de aprehensión
Este miércoles 2 de octubre, la orden de aprehensión quedó sin efecto luego de que la jueza Lilian Moreno, de Santa Cruz, aceptó un recurso de acción de libertad a favor del exmandatario.
Rocha agregó que Gutiérrez habría incurrido en otra irregularidad al emitir una orden de aprehensión por un delito diferente al que el Ministerio Público investigaba a Morales.
“La orden de aprehensión fue emitida por un delito distinto al que inicialmente el Ministerio Público estaba investigando, lo que generó efectos procesales y permitió que, en una audiencia de acción de libertad, se concediera la tutela declarando la nulidad de la orden emitida por el Ministerio Público. Este es un hecho grave que no debió haber ocurrido. El inicio de las investigaciones únicamente consignaba el delito de trata de personas; sin embargo, la orden de aprehensión librada correspondía al delito de estupro”, declaró Rocha.
Morales, según la resolución de aprehensión, está acusado de trata de personas con agravante en un caso que involucra a una joven que, en 2015, a sus 15 años, habría quedado embarazada tras mantener relaciones con él. En 2016, la adolescente dio a luz a una niña cuyo padre es el expresidente, según consta en el certificado de nacimiento emitido en Yacuiba.
Este viernes, el expresidente aseguró que el caso fue desechado en 2020, durante el Gobierno de Jeanine Añez.
La denuncia de Gutiérrez y las acusaciones de negligencia
El miércoles, Gutiérrez denunció que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ordenó dejar de investigar el caso y que luego la destituyó y cambió a la comisión de fiscales asignados.
Agregó que Lanchipa nombró a Rocha para que se hiciera cargo del caso y que la directora de la Fiscalía Especializada asumió la función con órdenes expresas de “no hacer nada sobre el caso” y de trabarlo.
Rocha aseguró que no se aceptará ninguna acusación ni insinuación, y mencionó que el Ministerio Público actúa bajo las leyes del país, rechazando las afirmaciones de Gutiérrez.
“Rechazamos cualquier
insinuación de impunidad o parcialización en este proceso y reiteramos que las
actuaciones del Ministerio Público se enmarcan en la Constitución Política del
Estado, en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código de
Procedimiento Penal. Finalmente, rechazamos las declaraciones vertidas por la
exfiscal de Tarija, quien intentó eludir su responsabilidad en la negligente
tramitación del caso”, afirmó la fiscal.
Este jueves, Lanchipa rechazó las acusaciones de Gutiérrez y afirmó que ella fue destituida del cargo por haber obrado con negligencia. La exfiscal aseguró tener un audio que prueba que el fiscal general del Estado le ordenó dejar el caso.
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