Caso gases lacrimógenos: exministros Murillo y López condenados a 8 años de cárcel

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El Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz sentenció este viernes a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, y de Defensa, Luis Fernando López Julio, a una pena de ocho años de reclusión en la cárcel de San Pedro por el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos en 2019. Ambos fueron hallados culpables por delitos relacionados a corrupción durante el gobierno de Jeanine Añez.

Murillo fue declarado culpable del delito de negociaciones incompatibles, mientras que López fue sentenciado por contratos lesivos al Estado. En el mismo juicio, la autoridad judicial sentenció a otras cuatro personas involucradas.

Ruth Roxana Palomeque Ríos recibió una condena de cinco años de prisión por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Sergio Ángel Zamora Bascopé fue sentenciado a tres años por incumplimiento de deberes, y Brayan Samuel Berkman a siete años por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Por otro lado, Dennis Alejandro Vera Rada fue absuelto de los cargos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El proceso judicial se inició en junio de 2020, tras conocerse la compra irregular de gases lacrimógenos con un sobreprecio estimado en 2,3 millones de dólares. Durante la crisis política y social de noviembre de 2019, Murillo y López, junto con otras personas, negociaron directamente con la Policía de Ecuador para la adquisición de material antimotines, incluyendo gases lacrimógenos, que ingresaron de manera irregular a Bolivia. Según la denuncia, este armamento fue utilizado en las represiones durante los conflictos sociales de ese periodo.

El juicio, que se extendió hasta este viernes, incluyó la presentación de testigos de cargo y pruebas, lo que llevó al Tribunal a deliberar y emitir la Resolución Sentencia N°20/2024. Durante la audiencia final, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló a través de sus redes sociales: “Sepa todo el país que quien incurra en delitos debe responder ante la justicia, sea quien sea”.

El Ministerio de Justicia, a través de su Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, reafirmó su compromiso con una política de "Cero tolerancia a la Corrupción", destacando que esta sentencia envía un mensaje contundente contra los actos ilícitos cometidos durante el gobierno transitorio de Añez. La entidad destacó también que, pese a la declaración de rebeldía de los exministros, la justicia boliviana continuará avanzando en la lucha contra la corrupción.

El caso de los gases lacrimógenos ha sido uno de los más emblemáticos de corrupción relacionados con la adquisición de material bélico durante la crisis política de 2019. Los materiales adquiridos, que incluían 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance, y 560 de corto alcance, fueron utilizados en la represión de manifestaciones durante los disturbios sociales.

BD/RED