|ENSAYO|Los dominadores en caída|Diego Ayo|

Brújula Digital|28|09|24|

Diego Ayo

¿Por qué Arce se desmorona? La razón es contundente: los actores dominantes del momento masista con Evo Morales a la cabeza ya no responden al presidente de turno. Arce, por tanto, no es el presidente de aquella estructura de poder hegemónica de 2009 a 2019. Es preciso tener un enfoque comparativo que permita comprender este momento histórico. Con ese propósito, conviene hacer un mapeo de los actores dominantes en tres épocas distintas: la época neoliberal, la época del populismo/masista y la actual. Es imprescindible hacer este retrato en tres tiempos para evitar caer en el análisis de los excesos mediáticos de un presidente angustiado. Aquello nos sumerge en las aguas de un espectáculo político lastimero. Aquel en el que este dueto de oscuros personajes que han manejado el Gobierno a su regalada gana desde enero de 2006 tiene los papeles estelares. Vayamos, pues, “más allá” y sumerjámonos de esa triada de momentos históricos. 

El poder en Bolivia de 1990 a 2006/9

Un primer momento, el “momento neoliberal” definía la siguiente estructuración del poder de 1990 a 2006/9.

Observamos al gobierno en el podio superior inmediatamente secundado por la cooperación internacional que apoyó al país con un promedio del 10% de los ingresos entre donaciones y créditos hasta el inicio de la bonanza económica en 2004.

En un segundo nivel tenemos a los campesinos, las transnacionales, los empresarios y los indígenas de tierras bajas. Es evidente que el apoyo a esta gama de actores internacionales, empresariales y sociales-indígenas fue decisiva.

Lo recuerda la Participación Popular, la Ley INRA, la Ley del Medio Ambiente entrelazadas con la Capitalización. Me permito confesar que el sello distintivo de época lo marcó esta última reforma económica, notablemente cuestionada. Sin embargo, el “acompañamiento” de este tropel de normas no fue mera anécdota: fue real.

En el lugar menos favorable se encuentra el sector cocalero que tuvo que lidiar con una política de erradicación de cocales que jamás impidió (quizás lo azuzó) el empoderamiento de una fracción de la burguesía ligada a la actividad de la cocaína. 

De 2006/9 en adelante el escenario político-económico fue radicalmente distinto inaugurándose un segundo momento de desarrollo histórico: el momento del “proceso de cambio”.

El poder en Bolivia de 2006/9 a 2020

El auge económico marcó cambios trascendentales: de una burguesía agroindustrial se pasó al apogeo de una “burguesía burocrática”, a decir del politólogo Claus Offe, ampliamente aupada por la ampliación del sector público de menos de 200.000 empleados a más de 500.000, la “nacionalización” de las empresas que llegó a controlar más recursos económicos que los 348 municipios y nueve gobernaciones existentes, la desaparición de la supervisión estatal (las superintendencias) y su reapropiación estatal, la supeditación gubernamental a los actores de control público como la Defensoría, la Procuraduría o la Fiscalía además del abordaje apabullador sobre el Poder Judicial. A este fenómeno podemos bautizar como el apogeo de esta burguesía al mando del Estado.

En un siguiente nivel se encuentran los campesinos/cocaleros, los empresarios (agroindustriales) y las empresas transnacionales. Este fue, valga enfatizarlo, el (nuevo) bloque en el poder dominante.

Observamos la presencia del Pacto de Unidad compuesto de los sectores campesinos con los interculturales, las bartolinas, Conamaq (paralelo), Cidob (paralelo) y los cocaleros. Me limito en este trabajo a ofrecer un breve recuento de este último actor entendido como el principal. Reitero: los cocaleros.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó que el cultivo de la hoja de coca en Bolivia creció de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 en 2020, es decir un incremento de 3.900, que representa un 15% en un año. Este crecimiento de cultivos de coca se da por segundo año consecutivo, el reporte de la Unodc de 2019 da cuenta de un incremento del 10% con relación a 2018: de 23.100 hectáreas a 25.500. La cifra de 29.400 hectáreas de coca cultivada el año pasado que da la Unodc incluso puede ser mayor porque no está incluida la que producen las zonas de cultivo ancestral.

Entonces, estaríamos hablando de cerca de 35 mil hectáreas de coca cultivadas. ¿Qué supone ello en términos de producción de cocaína? Carlos Borth afirma que la Ley 906 de la Coca amplió la producción de cocaína en 452% aquel año. Es un dato impresionante que deja en claro el inmenso poder económico de la actividad coca/cocaína y el evidente empoderamiento de una fracción burguesa de la cocaína.

Los empresarios no fueron ganadores en su generalidad, aunque es incuestionable que las élites agropecuarias del oriente acabaron por entrelazarse al auge económico y, en ese sentido, al Gobierno. Vale la pena conocer el párrafo de Miguel Urioste, eximio conocedor del tema agrario.

“El último Censo Agropecuario (2013) (INE 2015) confirma que más del 50% de las unidades productivas agropecuarias (UPA) –aproximadamente, medio millón, que involucran a casi un tercio de la población boliviana– se encuentran estancadas en economías de subsistencia, ligadas a la agricultura de baja productividad y con escasa disponibilidad de tierra productiva. En este segmento de la Agricultura Familiar Campesina se concentran también los niveles más altos de pobreza del país. Pese al mayor número de UPA de carácter familiar (el 98% del total), estas solamente generan el 40% del volumen y valor de la producción agropecuaria nacional. Al contrario, el sector agroindustrial, que constituye únicamente el 2% de las UPA –establecidas, en su gran mayoría, en los llanos del Oriente–, genera el 60% del volumen y valor de la producción agropecuaria nacional y controla el 50% del total de las tierras cultivadas. (Vale decir) la descampesinización se acelera junto con el crecimiento de la metropolización urbana y del modelo agroempresarial de los llanos del Oriente. En estas condiciones, no es negocio ser campesino”.

¿Y las empresas transnacionales? Se ligaron al sector hidrocarburífero y minero y alcanzaron una exportación en materias primas que rozó el cielo con un contundente 90%. Fueron “maltratadas” gracias a los excesos de la nacionalización, pero no se fueron. Tan sólo aminoraron su presencia invirtiendo lo mínimo necesario. La exportación de las commodities (esto es, productos cuyos precios se definen en los mercados internacionales y sobre los cuales el país no tiene control), como se dijo, fue el eje dominante: “El protagonismo durante el boom lo tuvieron las exportaciones de commodities. Estos productos pasaron de representar en torno al 70% del valor exportado a finales de los 90, a niveles permanentemente superiores a 80% desde 2005; el valor fue de 90% entre 2012 y 2014”.

A su vez, la cooperación internacional disminuyó su presencia invirtiendo no más del 2% del PIB en comparación al promedio del 10% que predominó a lo largo del periodo neoliberal. Y, como el actor menos favorecido, quedó el sector de indígenas de tierras bajas y/o rurales expulsados al último rincón del desarrollo. De una posición expectante de 1990 a 2006/9 brincaron a su antípoda: su marginación y cooptación plenos.

El poder en Bolivia de 2020 a 2024

¿Qué es lo que tenemos hoy? Podemos afirmar que hay un tercer momento histórico en el que hoy estamos sumidos. ¿Cómo podemos caracterizar este momento? De desmoronamiento y consecuente transición. En verdad, es más el quiebre del modelo actual que un nuevo modelo. Es fundamental poner esta tesis sobre el tapete. No podemos confundir el desgaste de la estructura de poder con un potencial momento de inauguración de una nueva época. Veamos este último gráfico.

¿Tenemos aún una burguesía burocrática? Sí, en términos cuantitativos hay más funcionarios públicos y empresas públicas que nunca. Sin embargo, esos 570.000 funcionarios han sido nuevas clases medias apalancadas gracias al salario estatal. No hay un servicio civil que dé cuenta de la pertinencia de este agigantamiento. No es propiamente una administración pública sino un conjunto desparramado de dependencias estatales que usan los recursos públicos a su regalada gana.

El gasto en salarios fue de 22.000 millones de bolivianos en 2004 y hoy es de 144.000 millones. No parecía relevante este aumento mientras los recursos del gas estuvieron al tope. De una exportación que sobrepasaba los 60 millones hoy sólo exportamos 27 y los recursos por este concepto han disminuido de más de 5.000 millones de dólares a sólo 2.000 millones. ¿Se puede mantener esa burguesía estatal en el marco de una economía que desfallece? No. En suma, las empresas transnacionales ya no se sienten avasalladas. No, hoy es peor: ya ni siquiera tienen interés en invertir en Bolivia.

¿Los agroindustriales? Importa mencionar que el Gobierno “socialista” benefició a los agroindustriales. Del 100% de tierra distribuida de 2022 a 2023, el 80% fue a parar a empresarios de propiedad mediana y grande. Jamás se tocaron los subsidios a la agricultura mecanizada ni se cuestionó el predominio de grandes propiedades de tierra. ¿No bastaría ese toque gubernamental para tenerlos de aliados? No, y la razón pasa por una simple constatación: Santa Cruz ya es sólo su burguesía agroindustrial. Ese “nuevo” Santa Cruz se desmarcó en 2019 del esquema de poder regional dominante. Sabemos que su acercamiento en 2009/10 al Estado enterró la demanda autonómica y el Gobierno acabó concentrando el 92% de los recursos estatales. Un monto abrumadoramente prominente si tenemos en cuenta que en 2004 la correlación gobierno central/gobiernos subnacionales fue de 51/49.

Finalmente, el punto más serio: los campesinos y cocaleros. Me limito a analizar a los cocaleros partiendo de la tesis de que el Pacto de Unidad es un espacio en disputa. Veamos: el Gobierno quiso negociar con alguna fracción burguesa de la cocaína y sentar hegemonía en el Chapare. Incluso, llegó a aplacar a los cocaleros de los Yungas, que mostraban una belicosidad verdaderamente llamativa. Su lema parecía ser “todo para ustedes, nada para Yungas”. Al parecer, esa labor gubernamental de coqueteo con los cocaleros ligados al narcotráfico –aquellos del Chapare– no fue suficiente. La presencia de Morales parece haber impedido un relacionamiento más “cariñoso” del Gobierno de Arce con el narcotráfico. Sabemos que no es poco. Este negocio movió en 2020 al menos 2.800 millones de dólares de acuerdo a la investigación de Carlos Arze del Cedla. ¿Iba a perder Morales ese patrimonio casi personal? No.

Por ende, vivimos un verdadero cambio, típico en coyunturas de ruptura de un modelo, aquel nacido en 2006, y de aproximación a una evidente transformación: la estructura de poder solidificada durante el masismo evista no existe o lo hace solo tenuemente: la burguesía burocrática se ha vuelto groseramente onerosa y desfallece, el capital extranjero no invierte en el país, la burguesía agroindustrial se alía (no tengo dudas que a regañadientes) con un Santa Cruz violentado y postergado, y, para finalizar, la fracción burguesa de la cocaína no obedece a Arce, mostrando su consistente alianza con el candidato ilegal Evo Morales. Menciono levemente la casi nula participación de la cooperación internacional de no más del 2 por ciento y la persistente política de etnocidio indígena con al menos dos docenas de pueblos indígenas en peligro de desaparecer como el corolario de este momento de desplome.

¿Qué es lo que tenemos? El inicio de un vacío de poder. Sin embargo, sabemos que los vacíos se copan rápidamente. ¿Quién, pues, copa hoy ese espacio? La burguesía del oro, fracciones menores de la coca/cocaína, una pléyade de actores internacionales liderados por Cuba, mafias campesinas ligadas al contrabando (los movimientos sociales vienen siendo suplidos por actores ilegales de corte violento), (algunos) gobiernos municipales y gobernaciones “neutrales” por propia decisión acoplados al régimen de turno, capitales chinos con presencia coestatal, entre otros que conviene detallar en otra reflexión.

Vemos la herencia del masismo evista: un neomasismo residual, ilegal y violento ligado a gobiernos autoritarios a quienes apoya y de quienes recibe “insumos” de subsistencia. Lo suficiente e imprescindible para sobrevivir. Tengamos en cuenta que Venezuela sobrevive hoy con un presupuesto cuatro veces menor a aquel de 2015. Subsiste el país ilegal. Aquel donde impera la mafia enquistada en el gobierno. Quisiera equivocarme, pero el quiebre de la estructura de poder vigente tal vez nos empuje hacia aquel modelo. ¿Será?

Diego Ayo es PhD en ciencias políticas.