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Política | 24/05/2024   12:54

Oposición rechaza indemnización a Evo; ve que él debe pagar a Bolivia por el 21F y las elecciones de 2019 anuladas

Morales exige Bs 1,9 millones de resarcimiento por su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones de 2020. Opositores consideran que hay un trasfondo político, ya que el expresidente buscaría una salida a su inhabilitación y dejar atrás el fraude electoral.

El expresidente Evo Morales. Foto: Bolivia.com
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Brújula Digital|24|05|24|

La oposición criticó y rechazó la exigencia del expresidente Evo Morales de ser resarcido con más de Bs 1,9 millones por haber sido inhabilitado como candidato a senador en 2020. Por el contrario, consideró que debe ser el exmandatario quien debe pagar a Bolivia por incumplir el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) y por las elecciones de 2019, anuladas por denuncias de fraude.

En las últimas horas se conoció que el exprocurador Wilfredo Chávez, abogado de Morales, presentó a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una solicitud para que dé curso a la sentencia constitucional plurinacional 0087/2021-S4 del Tribunal Constitucional, referida a un amparo fallado a favor del exmandatario.

En ese trámite, se consideró que Morales debe recibir un resarcimiento de más de Bs 1,9 millones por haber sido inhabilitado como candidato a senador por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que determinó que el expresidente no cumplía con el requisito de residir en el país al menos dos años anteriores a la elección.

El monto es el que hubiera recibido Morales por sueldos, aguinaldos y vacaciones, entre otros tópicos, si es que se presentaba en las elecciones, ganaba y asumía el cargo.

Al respecto, los diputados opositores Carlos Alarcón, Enrique Urquidi (Comunidad Ciudadana) y María René Álvarez (Creemos), además de la senadora Centa Rek (Creemos), rechazaron ese pago y expusieron sus consideraciones a Brújula Digital en dos planos, el electoral y el político y legal.

En el plano electoral, Alarcón sostuvo que no corresponde ningún resarcimiento al expresidente. Más bien consideró que debe pagar al país por los gastos que se hicieron para el 21F, cuyo resultado del No a la reelección indefinida fue desconocido por Morales, y por los recursos destinados para las elecciones generales de 2019 que fueron anuladas por denuncias de fraude protagonizadas por el expresidente.

 “Es un absurdo ese pedido. En realidad, él tiene que indemnizar a Bolivia por los daños y perjuicios por su fraude electoral de 2019, que han generado ingentes daños, para que haya una nueva elección que no hubiera habido” si es que no cometía fraude, sostuvo Alarcón.

En criterio del legislador, se debe hacer la suma del dinero erogado por el Estado boliviano para el 21F y para las elecciones generales. Ese monto, debe ser devuelto por el exmandatario, apuntó.

Por su lado, Álvarez coincidió con Alarcón en sentido de que el expresidente debe devolver al Estado los recursos destinados por el Estado para la actividad electoral.

“Son 149 millones de dólares que tiene que devolver Evo Morales a todos los bolivianos, en todo caso. Él que debería devolver este gasto insulso que hubo y que evidentemente, más allá del ámbito democrático, fue atropellado por él mismo en su calidad de expresidente, es un daño económico al Estado que debería resarcir es él”, declaró.

Similar criterio tiene el diputado Urquidi, quien calificó a Morales como un “sinvergüenza” que luego del fraude escapó del país.

“El señor Morales es quien tiene que indemnizar reparar el daño a los bolivianos hecho por su fraude. Esto es una sinvergüenzura inaceptable”.

En la misma línea de los asambleístas de oposición, Rufo Calle, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afirmó que Morales no tiene nada de líder de los humildes y rechazó el pedido de resarcimiento planteado.

En ese sentido, Calle indicó que debe ser Morales el que devuelva los millones de bolivianos destinados a la consulta de febrero de 2016.

Político

En el plano político, Álvarez consideró que la defensa de Morales, con esta demanda de resarcimiento, busca hallar una salida legal a la inhabilitación del expresidente como candidato para las próximas elecciones generales, disposición que emerge de un fallo dictado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En criterio de la senadora Rek, Morales trata de omitir el hecho de que él estaba proscrito de participar como candidato porque “definitivamente había cometido un fraude electoral que estaba probado, razón por las que se realizaban nuevas elecciones”.

Recordó que el expresidente había abandonado el país luego de ser acusado de fraude electoral, lo que hizo que incumpla un requisito para ser habilitado como candidato al legislativo.

“Es una forma de borrar todo lo que pasó, de buscar decir que no hubo fraude. Estamos en tiempos políticos donde se buscan, a través de mecanismos políticos y pseudojurídicos, convalidaciones y borrar la historia”, declaró Rek.

Para la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, la exigencia de Morales demuestra su doble discurso, ya que en “un tuit de marzo de 2022 mencionaba no era por el tema económico (que candidateaba) y ahora tiene otra actitud”.

BD/JJC/ JA





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