La Defensoría del Pueblo lamentó que el Ministerio de la Presidencia “se negó a la recepción de la convocatoria”. El gobierno central, señaló que está dispuesto a coordinar con la Defensoría, como establece el fallo, pero siempre velando por el bienestar de la población en general.
Brújula Digital |13|04|20|
Con el objetivo de coordinar y trabajar en el cumplimiento del fallo judicial que dispone el traslado de bolivianos varados en el país a sus respectivos lugares de origen, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, convocó este lunes a cinco ministerios a una reunión para iniciar el trabajo de coordinación.
De acuerdo a un comunicado de la Defensoría del Pueblo, la convocatoria fue realizada a los ministerios de la Presidencia, Defensa, Obras Públicas, Salud y Gobierno, a la cita que tendría que realizarse en horas de la tarde, pero hasta la publicación de la nota no se tuvo resultados de la reunión.
“Se convocó a una reunión para hoy, a las 14:00, con notas formales y e-mail a los ministerios de la Presidencia, Defensa, Obras Públicas, Salud y Gobierno y del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, para coordinar el retorno de bolivianos varados a sus lugares de origen”, señala el comunicado de la Defensoría.
La Defensoría lamentó que el Ministerio de la Presidencia “se negara a la recepción de la convocatoria”.
El fin de semana, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, dispuso que “por razones de urgencia y pertinencia”, las personas que se encuentran varadas en distintos puntos del país, por la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus, puedan retornar a sus hogares.
El fallo constitucional ordena que “de forma inmediata el nivel central del Estado, representado por el Órgano Ejecutivo, coordine proveyendo el despacho y la recepción de las personas que se encuentran en tránsito por las distintas razones que sean, a su lugar de origen”.
Asimismo, el fallo señala que la Defensoría del Pueblo “coopere con el Ejecutivo para la materialización del primer punto de esta Resolución” y que el Gobierno garantice “el traslado que corresponde en función a los protocolos de salud que sean necesarios, evaluando la pertinencia y urgencia de cada caso”.
Por su parte, el gobierno central, señaló que está dispuesto a coordinar con la Defensoría, como establece el fallo, pero siempre velando por el bienestar de la población en general.
"Generar una movilización de 470 personas en el país es poner en riesgo a la población y eso va a ser responsabilidad de la Defensoría del Pueblo que pretende jugar con la salud de 11 millones de bolivianos. Las medidas que hemos tomado como Gobierno nacional han sido consultadas con los organismos internacionales en materia de salud pública", sostuvo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, al referirse a la situación.