Nuevas críticas a posición de Defensoría del Pueblo sobre medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar coronavirus.

Brújula Digital|21|03|20|

Como  una nueva muestra de actitud estrictamente política por parte de quienes se encuentran como responsables de la Defensoría del Pueblo, calificaron políticos y analistas jurídicos, el último pronunciamiento de esa entidad estatal  en el que “alertó que los anuncios gubernamentales de ‘ciberpatrullaje’ en redes sociales, podrían derivar en persecuciones penales contrarias a la libertad de expresión, consagrada en las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos”.

La posición de la Defensoría del Pueblo, difundida a través de una nota de prensa institucional, respondió así al anuncio del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien señaló, “la Policía realizará ‘ciberpatrullaje’ en las redes sociales y se ejecutarán procesos judiciales contra quienes desinformen respecto a la pandemia del coronavirus”.

La entidad defensorial, que tiene como máxima representante interina a Nadia Cruz,  justificó su posición al recordar las palabras del relator especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza, que afirmó, “los relatores especiales para la Libertad de Expresión de todos los sistemas (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Comisión Africana), firmaron una declaración en la que afirman que las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, agrega en su nota de prensa que, “los estándares internacionales sobre derechos humanos asignan a la sociedad civil la responsabilidad de determinar qué discurso es verdadero y cuál es falso”.

Decreto de Emergencia sanitaria nacional

En la misma nota de prensa, la Defensoría del Pueblo “advierte” que el Decreto Supremo 4196, de declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena por la propagación del nuevo coronavirus, “incurre en ambigüedades y no especifica los tipos penales para sancionar a las personas que incumplan sus preceptos”.

“La Defensoría del Pueblo, adoptando los criterios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alerta que ese tipo de medidas y de declaraciones podrían derivar en acciones represivas y de amedrentamiento, contrarias a los derechos humanos, con la excusa de proteger la salud”, señala la nota.

Críticas y cuestionamientos

Sobre la posición de la Defensoría, políticos y analistas jurídicos, afirmaron que “demuestra una vez más una actitud estrictamente política de oposición a todas las acciones que determina el actual gobierno”.

Agregaron que en la nota de prensa difundida por esa entidad, “en ningún momento se expresa preocupación sobre la situación de la población ante la presencia del coronavirus y el riesgo de expansión de la epidemia y sus efectos  en la salud de los bolivianos. La Defensoría del Pueblo se olvidó del pueblo” señalaron los consultados, de acuerdo a reportes de medios de comunicación.