Respeto a consulta previa, entre principales recomendaciones de DDHH del Examen Periódico Universal

Brújula Digital |16|3|20|

Organismos de derechos humanos de Bolivia identificaron las cuatro más importantes recomendaciones en ese campo realizadas durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza Naciones Unidas, que tienen que ver con pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y medioambiente.

Un total de 92 países le hicieron a Bolivia 238 recomendaciones, frente a 147 del segundo ciclo y a 78 del primero, lo que demuestra un interés por los problemas de derechos humanos que suceden en el país. En este caso, las observaciones se refieren al gobierno anterior.

El EPU es un mecanismo que brinda la oportunidad para que los países analicen los temas de derechos humanos de cada uno, con el aporte de la sociedad civil, y hagan recomendaciones y seguimientos.

La Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (ADHMA) expresó mediante un comunicado que en este periodo un gran número de Estados elevó preocupaciones respecto a pueblos indígenas de Bolivia (total 24 recomendaciones), medio ambiente (cuatro recomendaciones) y defensores de derechos humanos (10).

“En nombre de nuestra Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente - ADHMA, que articula a 50 organizaciones defensoras de derechos humanos del país, que a lo largo de dos años hemos trabajado en cada uno de los procesos de este mecanismo, saludamos que se hayan adoptado fundamentales recomendaciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, a gozar de un medio ambiente saludable y a la consulta previa, libre e informada en actividades extractivas y de construcción de grandes infraestructuras”, dijo un comunicado de ADHMA.

Participó en nombre del Estado boliviano el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas.

Entre las recomendaciones están las siguientes: “(Se sugiere) modificar los requisitos legales, en particular la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597, que restringen los derechos de la sociedad civil a la reunión y asociación pacíficas (recomendación de Suecia)”. Ambas normas, relacionadas al trabajo de las ONG, son consideradas restrictivas por los organismos de derechos humanos.

Ante esa recomendación, el Estado Boliviano toma nota de la misma y realizará los esfuerzos necesarios a efectos de modificar o implementar las normativas correspondientes.

Otra de las recomendaciones es “garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas respecto de proyectos que puedan afectarlos, en consonancia con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (número 169) de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (recomendación de Alemania)”.

Ante esta sugerencia, el viceministro Vargas dijo que realizará los esfuerzos necesarios a efectos de modificar o implementar las normativas correspondientes.

Dinamarca, por su parte, pidió que se ajuste “el marco jurídico del sector de minería e hidrocarburos de conformidad con lo previsto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (número 169), de la OIT, entre otras vías reformando la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535) y el Decreto Supremo 2298, para garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado”.

De un modo similar, Namibia recomendó “modificar las leyes nacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas para consagrar el derecho de estos al consentimiento libre, previo e informado, puesto que las simples consultas no son suficientes”

Bélgica, por su parte, pidió “Adoptar políticas gubernamentales que creen un entorno seguro y respetuoso para la labor de los defensores de los derechos humanos, especialmente las defensoras mujeres y los defensores del medio ambiente”.

La ADHMA insistió en la necesidad de que el gobierno implemente las recomendaciones anotadas e invitó a los candidatos presidenciales “a que se comprometan públicamente y obliguen a realizar los mayores esfuerzos para reestablecer los derechos humanos sistemáticamente conculcados por las actitudes, normas y medidas ejecutivas señaladas”.

El EPU permite franqueza en el discurso global de los derechos humanos y los países bajo revisión deben responder a las recomendaciones de sus países pares de manera pública, no reservada. Debido a ello, es más fácil hacer seguimientos posteriores sobre sus compromisos y promesas.