Gobierno emite Decreto para levantar confidencialidad de contratos para la Procuraduría

Brújula Digital|27|02|20|

El Procurador General del Estado, José María Cabrera, informó que el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4156 que permite levantar la confidencialidad de los contratos que establecía la Procuraduría General del Estado (PGE) con asesores externos, razón por la que se procedió a la desclasificación de los archivos secretos en los que se encuentran los contratos directos que hizo el gobierno del expresidente Evo Morales para la defensa legal del Estado, bajo el amparo del Decreto Supremo 2698 que ya fue anulado.

"Se dispuso la apertura y desclasificación de este archivo secreto que se encontraba en una cámara metálica ubicada en el subsuelo del edificio de la Procuraduría", indicó Cabrera.

El Decreto 2698 eximía a la Procuraduría General del Estado de publicar en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) los contratos que realizaba, para asesoría en los juicios internacionales.

El Procurador indicó que el 14 de febrero, el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez aprobó un proyecto de decreto supremo para anular la norma 2698 y que ahora corresponde la desclasificación del archivo secreto que contienen los contratos en cuestión.

De acuerdo al artículo 1 del Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, "se autoriza a la Procuraduría General del Estado la Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados; sean nacionales o extranjeros y otros Servicios Especializados, para la defensa legal del Estado".

Asimismo, el artículo 5 señalaba que las contrataciones gozan de "confidencialidad" y que estas están eximidas del registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

El procurador José María Cabrera explicó que con el Decreto 2698, el Gobierno de Evo Morales negaba la información a los legisladores, como el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, quien solicitó por mucho tiempo conocer la cuantía económica y la modalidad de contratación de los bufetes internacionales para la defensa legal del Estado en los arbitrajes por la estatización de empresas.

“Ahora vamos a poder contestar mañana (viernes) a la petición de informe escrito a la presidenta del Senado, Eva Copa, para responder a la solicitud que ha hecho el senador Ortiz", agregó el Procurador General del Estado.

Agregó que la información que se obtenga de esta desclasificación, también será remitida a los diputados, a fiscales de materia y a la Contraloría General del Estado, para que se hagan las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el senador Oscar Ortiz destacó el decreto que permite desclasificar este tipo de documentos clasificados. "Aquí claramente se ve el abuso de poder, la discrecionalidad y la arbitrariedad ¿Qué tenían estos contratos para que no pudieran ser conocidos por el pueblo boliviano? ¿Por qué estos contratos eran tratados como un secreto militar?", apuntó el legislador.

Ortiz cuestionó que los contratos no hayan sido registrados en el Sicoes y que ni siquiera hayan sido protocolizados en una notaría, sino derivados a una cámara secreta en la Procuraduría.

"Lo único que esto puede explicar es la intención de ocultar lo que estamos viendo, que había, como en muchas otras áreas del ex gobierno de Evo Morales, un trato de favorecimiento", complemento el senador de UD.

Asimismo, pidió al Procurador una minuciosa revisión de los contratos para determinar las responsabilidades legales de quienes firmaron el Decreto 2698.

Se conoce preliminarmente que fueron dos empresas las que se beneficiaron con la mayor parte de los contratos externos, a las cuáles el Estado boliviano les pagó 50 millones de bolivianos, aproximadamente.