Tribunal Constitucional suspende tratamiento del proyecto de ley de garantías en el Legislativo

Brújula Digital|13|02|20|

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el miércoles la consulta previa de constitucionalidad presentada por la presidenta Jeanine Áñez y de manera automática suspendió el tratamiento del proyecto de Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa.

“El tratamiento queda paralizado hasta que el Tribunal Constitucional, a través de su Sala Plena pueda resolver en el fondo y pronunciarse sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de este proyecto de ley”, informó el presidente del TCP, Paul Franco, según reporte de Erbol.

También explicó que se admitió una solicitud de control previo de constitucionalidad a la norma y un recurso de nulidad presentado por el senador Óscar Ortiz contra una resolución de la Cámara Alta respecto a este proyecto de ley.

El proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea por la bancada del MAS, bajo el argumento de precautelar a dirigentes y políticos de una presunta persecución política. La norma generó polémica debido a que el Gobierno y sus aliados consideran que dará impunidad a exautoridades de Evo Morales y responsables de hechos de violencia durante la convulsión social de noviembre.

El auto constitucional que admite la consulta es el 0027/2020, que señala que se suspende el procedimiento de aprobación de ese proyecto de ley ante la ALP. El documento lleva la firma de los magistrados Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo y Petronilo Flores y, a partir de la fecha, el TCP tendría un plazo de 40 días para emitir una sentencia, explicó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.

La presidente Áñez presentó el recurso de consulta previa de constitucionalidad del proyecto de ley el 17 de enero de 2020, para que el TCP haga una revisión exhaustiva de ese proyecto de ley de garantías aprobado por el Legislativo, además de solicitar una medida cautelar para detener el procedimiento en la Asamblea.

La mandataria adelantó que no promulgaría el mencionado proyecto de ley porque vulneraría la Constitución y además porque intenta hacer una dualidad en compensaciones económica, propugnar inmunidad para algunas personas y permitir la injerencia del Ejecutivo sobre otros órganos e instituciones del Estado.