Según la investigadora Ofelia Michel, el actual gobierno debe solicitar ante la corte de La Haya que se desechen los argumentos chilenos “porque se refieren a ríos o ‘aguas de curso continuo’, no así a ‘manantiales’".
Brújula Digital |23|1|20|
La investigadora Ofelia Michel ha demandado que el gobierno boliviano designe con urgencia un agente ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para abordar la última fase del proceso por las aguas del Silala.
“(Pido) que se nombre a la brevedad posible al nuevo Agente del tema Silala ante La Haya y que los directivos de DIRESILALA seas independientes de DIREMAR, cuyas designaciones recaigan en personas idóneas, expertas en el tema y que hayan demostrado lucha intransigente en defensa de nuestros recursos”, dice una carta abierta de la investigadora.
Michel ha escrito libros sobre la demanda marítima y la defensa de las aguas del Silala.
El abogado y diplomático Fernando Salazar Paredes fue nominado como agente ante La Haya tras la renuncia de Eduardo Rodríguez Veltzé, pero no asumió el cargo por razones que no se han aclarado.
La canciller Karen Longaric aseguró que se encuentran trabajando en la fase oral en la defensa de la demanda.
“Ahora estamos trabajando en la fase oral y no puedo hacer mayores revelaciones sobre este tema, pero oportunamente vamos a informar a la prensa los pasos siguientes de los alegatos orales”, manifestó Longaric. Los alegatos orales son la parte final del proceso.
La investigadora Michel, en su carta abierta, pide que antes del inicio de esos alegatos “se haga entrega de los estudios científicos realizados por la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí, que ratifican que no existe “río Silala” ni flujo continuo ni acuífero compartido” y que por lo tanto Chile no puede exigir derechos al respecto.
Chile inició un proceso en junio de 2016 porque considera que el Silala es un río de curso sucesivo, y por lo tanto no tiene que pagar derechos a Bolivia por consumir sus aguas, mientras el país señala que es un manantial artificialmente conducido hasta el vecino país.
“Aún estamos en el momento procesal oportuno para solicitar primero, al amparo de los principios de Dirección, Verdad Material y Objetividad, y en cumplimiento del artículo 48 del Estatuto de la CIJ una inspección o vistas en el lugar de los hechos a objeto de que ese alto Tribunal de Justicia cobre elementos de convicción sobre las nacientes de las aguas, desvíos, perforaciones horizontales y otros que afectan a los manantiales del Silala y a otras fuentes de agua y al sistema ecológico de la zona”, expresa Michel.
Según la investigadora, el actual gobierno debe solicitar ante la corte de La Haya que se desechen los argumentos chilenos “porque se refieren a ríos o ‘aguas de curso continuo’, no así a ‘manantiales’. Es decir, el concepto de río o aguas de curso sucesivo no es aplicable debido a que no existe un flujo que genere una corriente de agua, así mismo el de curso contiguo tampoco es aplicable debido a la inexistencia de cursos compartidos”.
En ese sentido, Michel solicita que el gobierno de la presidenta Jeanine Añez pida a la CIJ que Chile pague la deuda histórica “que deberá ser cuantificada a partir de la conclusión del objeto de la concesión” dado a ese país. Bolivia hasta los años 40, entregó esas aguas mediante un pago, pero luego Chile dejó hacerlo.
Las aguas del Silala, que nacen en el departamento de Potosí, son usadas por la minería chilena del norte de ese país.