México demandará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional por presunto asedio policial

Brújula Digital|26|12|19|

México anunció el jueves que demandará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional por presunto hostigamiento a su Embajada en la ciudad de La Paz por efectivos policiales y militares desde hace cinco días. “El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas”, sostuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrad en conferencia de prensa en ciudad de México.

El asedio se dio después de cinco días consecutivos donde se incrementó el patrullaje y vigilancia, incluyendo con drones, después de que el gobierno boliviano emitió orden de aprehensión contra cuatro de las nueve exautoridades, refugiadas en esa legación, del gobierno de Evo Morales, que huyó del país después del fraude electoral.

México reveló el miércoles que son nueve las personas asiladas en la residencia mexicana: los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz; también Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro, Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, exdirector de Agetic.

“A cuatro personas de nueve, se les gira orden de aprehensión, luego de 11 días de que se alojaron en la embajada. Fue el 15 de noviembre cuando nosotros los asilamos, pero fue hasta el 26 de noviembre que se notifica su búsqueda”, dijo Ebrard.

Recordó que “el 23 de diciembre, aparecieron afuera de las instalaciones 90 elementos policíacos y militares no solicitados, cuando el número habitual no rebasa los seis. Exigimos respeto a la integridad de la representación de México, que se considera parte de nuestro territorio. El derecho de asilo viene en contra de todas las convenciones internacionales”.

Ebrard explicó que desde el primer día del supuesto asedio policial se informó a los organismos de la Organización de las Naciones Unidas notificando el hecho para que se respete la Convención de Viena con “respeto al derecho de asilo y a las decisiones soberanas de cada país”.

“Lo más sencillo sería retirarlos (a los elementos diplomáticos en Bolivia), pero hay 100.000 mexicanos que viven en ese país y no es viable, se haría solo como último recurso pero el Presidente de la República me ha pedido que actuemos para resolverlo. 29 países se han comunicado para expresarnos su solidaridad y hoy mismo (jueves) acudiremos ante la Corte Penal Internacional para exigir este respeto a nuestra sede”, remarcó el canciller.

El martes, el comandante de la Policía de La Paz, William Cordero, exigió a las autoridades mexicanas entregar  a los exministros asilados del gobierno de Evo Morales, que huyó del país después del fraude electoral donde resultó ganador y después de que el Ejército y la Policía le retirara su apoyo.

Morales posteriormente recibió el asilo por parte de México, junto a su exvicepresidente Álvaro García Linera, entre otros. Después de un par de semanas, Morales y García Linera decidieron viajar a Argentina, previa parada en Cuba, donde el 10 de diciembre asumió la Presidencia, Alberto Fernández, uno de sus principales aliados políticos.

“No estamos hostigando a nadie”, aseveró Cordero este martes, quien aseguró que la presencia de sus elementos en el exterior de la embajada mexicana en la capital de Bolivia se debe a que sobre los ex funcionarios pesan distintas órdenes de aprehensión por sedición y terrorismo, de los cuales los diplomáticos mexicanos tienen conocimiento.

México “lesiona” la soberanía

La canciller Karen Longaric sostuvo que en los últimos días la embajada y la Cancillería de México publicaron comunicados “exagerados” porque “tergiversan” y “distorsionan” lo que ocurre en la legación diplomática. Con estos hechos, dijo a Página Siete, “la verdad es que más bien lesiona la soberanía de Bolivia, lesiona el principio de autodeterminación de los pueblos y lesiona, además, el derecho de las autoridades bolivianas de instaurar acciones judiciales contra quienes han cometido algún delito” en el país.

Las exautoridades están implicadas supuestamente en actos de sedición y terrorismo, hechos que son investigados por el Ministerio Público desde antes y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia el 10 de noviembre por fraude electoral.

Longaric consideró que hay una “tensión generada por la Cancillería y la Embajada de México que me parece que se está exagerando”. Recordó que el Gobierno respeta las normas que rigen las relaciones diplomáticas, entre ellas la Convención de Viena, además de varias entrevistas sostenidas con la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado.

En ese sentido, continuó, Bolivia hizo conocer a México el mandamiento de aprehensión contra cuatro exautoridades que están allí asiladas desde noviembre. Explicó que en esas reuniones le recordó que de acuerdo con las normas que rigen para el asilo y que tienen que ver con la cooperación judicial internacional, la embajada debería entregar al Gobierno boliviano a las personas requeridas, contra las que hay solicitudes por delitos cometidos antes del asilo otorgado.

“La Embajada de México y el Gobierno de México lejos de cumplir y atender esa solicitud, enviaron a la Cancillería (de Bolivia) una carta bastante desaprensiva en la que rechazaban la entrega de esas personas, además haciendo comentarios acerca del proceso que se había seguido a esas personas, inmiscuyéndose en asuntos internos de Bolivia”, protestó.

Pese a ello, continuó, “dejamos pasar, pensando que la Cancillería mexicana iba a reflexionar sobre el asunto e iban a entregar a esas personas, como correspondía”. Sin embargo, continuó, “hemos actuado de buena fe esperando que nos atiendan en algún momento”, pero, “más bien hubo una reacción de ellos como que quisieran generar una confrontación entre ambos países; nosotros seguiremos actuando en el marco del derecho internacional y en un marco del respeto y en apego a la verdad, no tergiversando los hechos”.

Ya en noviembre, Longaric había aclarado que el gobierno boliviano no entregará salvoconductos para los ex funcionarios que se encuentran asilados y advirtió que si México se niega a entregar a estas personas, generaría un conflicto entre ambos países, pues estas personas se quedarían en la Embajada de La Paz por meses.