Hasta el 22 de enero el TCP se pronunciará sobre proyecto de ley de ampliación de mandato

Brújula Digital|26|12|19

Para dar una respuesta antes del 22 de enero, fecha en la que debe terminar la gestión de las actuales autoridades nacionales electas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acotará plazos y emitirá su criterio respecto al proyecto de Ley que plantea la extensión del mandato del Órgano Ejecutivo, del Legislativo y las autoridades departamentales y municipales, informó el actual presidente de esa instancia, Paul Franco.

“El Tribunal Constitucional está asumiendo este gran reto, esa responsabilidad institucional que le viene caracterizando para acortar todos estos plazos y, en breve, antes del 22 de enero tener una respuesta que pueda dar certeza, seguridad jurídica al país y de esta forma podamos llevar adelante este proceso de pacificación”, afirmó el magistrado, según reporte de ERBOL.

Franco, indicó que el pasado martes, el TCP recibió la solicitud de consulta de constitucionalidad de parte de la senadora Eva Copa, actual presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), quien remitió el  proyecto de ley plantea la extensión del mandato del Órgano Ejecutivo, Legislativo, además de autoridades departamentales y municipales; hasta la posesión de aquellas personas que resulten electas en las nuevas elecciones generales y los posteriores comicios para autoridades subnacionales.

El actual presidente del TCP, explicó que recibido el proyecto de ley, el documento pasó a la Comisión de Admisión de la máxima instancia judicial, etapa en la que se revisa que la consulta sobre la propuesta de Ley cumpla todas las formalidades establecidas; establecido el cumplimiento de todas las formalidades, la solicitud pasa al Tribunal para su análisis y evaluación, tras lo cual el pleno del Tribunal emite una conclusión que podrá señalar o la constitucionalidad de la norma, su inconstitucionalidad o su constitucionalidad o inconstitucionalidad o en parte.

El proyecto de Ley de ampliación de mandato, surgió como una respuesta a la anulación de las elecciones del pasado 20 de octubre, como efecto de las denuncias de “irregularidades dolosas” contenidas en el informe de auditoría de los comicios elaborado por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la realización de nuevas elecciones en 2020.

El 21 de enero próximo, de acuerdo al mandato de los comicios de 2015, concluye el periodo de funciones de los actuales miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el periodo de mandato de la actual presidenta Jeanine Añez, lo que determinaría que de no extenderse el periodo de mandato de la actual mandataría podría registrarse un “vacío de poder” con graves consecuencias para el país.

Al respecto, el analista político Franklin Pareja en entrevista con Radio Compañera, afirmó que la ampliación de mandato de Jeanine Añez se enmarca plenamente en lo que manda la Carta Magna, pero cuestionó la ampliación de mandato de los miembros de la ALP, al considerar que quienes los eligieron les otorgaron un mandato definido hasta el 21 de enero de 2020, por lo que no corresponde que se amplíe su mandato, ya que en ningún momento se presentará un “vacío de poder”.