“Ley de Garantías” legaliza la impunidad, advierte Facultad de Derecho de la UMSA

Brújula Digital|11|12|19

El proyecto de Ley de Garantías “legaliza un sistema de impunidad, falta de tutela judicial efectiva y transgrede la división de funciones de los órganos del Estado”, señala el informe dictamen emitido por la facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz sobre dicha norma legal.

La posición fue expresada como respuesta a una solicitud enviada por la diputada Jhovana Jordán, secretaria del Comité del Control Constitucional de la Cámara de Diputados, para que esa instancia académica realice el análisis y emita un dictamen técnico-constitucional, sobre el contenido del proyecto de ley.

El trabajo solicitado, de acuerdo a la nota de remisión de respuesta a la solicitud de la parlamentaria, fue ejecutado por una Comisión de Docentes de la carrera de derecho, señala el decano de esa facultad, Javier  Tapia, quien en su nota agrega que, “el proyecto de ley es ajeno a la técnica jurídica, porque la Constitución no necesita un instrumento normativo de inferior jerarquía que legitime, cualifique, interprete o reafirme, lo que desnuda la fragilidad en la concepción del proyecto de ley”. 

El informe detalla los aspectos técnico jurídicos sobre cada uno de los 13 artículos del proyecto y detalla  en su conclusión al referirse al resarcimiento a  fallecidos y atención de heridos, que el artículo 2 del proyecto, repite el contenido del artículo 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) al “repetir que la norma se aplicará en todo el territorio nacional.

Sobre los artículos 3 y 4 agrega que “el proyecto establece disposición y erogaciones del Tesoro General de la Nación lo que contradice y vulnera el  artículo 321 de la Carta Magna  que señala, “todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado, deberá establecer la fuente de recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá consulta previa a este”.

El Informe dictamen advierte que el proyecto (de Ley de Garantías) “transgrede la división de funciones de los órganos del poder y legaliza la usurpación de funciones del Órgano Ejecutivo, Judicial y del Ministerio Público, porque desnaturaliza sus competencias respecto a la persecución penal y cede funciones que son propias del Estado a los organismos internacionales, sin existir tratado ni referéndum de por medio”.

Agrega que el proyecto de ley, crea privilegios, fueros, inmunidades y amnistías no establecidos en la Constitución Política del Estado, afectando la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia” y recomienda acudir a las vías del control de constitucionalidad y resolución de conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

La nota remitida por la Facultad de Derecho de las UMSA en fecha 10 de diciembre de 2019 a la diputada Jhovana Jordán, incluye en adjunto (11 fojas) el  Informe – Dictamen correspondiente, el mismo que está suscrito por los docentes: titulares: María Cecilia Rocabado, Boris Wilson Arias, Gustavo Camacho Pérez, Jorge Mostajo Barrios, Víctor Hugo Chávez Serrano, Israel Centellas y Osvaldo Zegarra.